La Conferencia Episcopal solo colaborará en un fondo de compensación a las víctimas si se incluye a todas, no solo las del ámbito eclesial
Los obispos consideran «valiosas» las recomendaciones del Defensor de Pueblo, pero no aceptan las acusaciones de encubrimiento para tapar los casos de abusos sexuales por parte del clero. Días después de que la institución dirigida por Ángel Gabilondo constatara que la jerarquía católica siguió una estrategia de «ocultamiento» del problema, el secretario general de la Conferencia Episcopal y portavoz del organismo, César García Magán, destacó: «No hay ningún obispo encausado, ni civil, ni penalmente ni por la vía canónica».
La Iglesia colaborará con el fondo de compensación a las víctimas por el que aboga Gabilondo solo si se resarce a todas en su conjunto, no únicamente a las dañadas por el clero. En caso contrario, arbitrarán sus propios mecanismos para indemnizar a los damnificados en su ámbito. «Si se constituye un fondo estaríamos dispuestos a colaborar en ese fondo si hay una integración también de los otros aspectos, de los otros ámbitos donde hay abusos. Pero si eso no fuera así, la Iglesia, como de hecho ya está haciendo, tendría su propio proceso de reparación integral para las propias víctimas», dijo García. Si solo se reparara a los agredidos por clérigos, «se crearían víctimas de primera y de segunda clase».
En una rueda de prensa celebrada para explicar las conclusiones de la asamblea plenaria extraordinaria de la Conferencia Episcopal, que se reunió para estudiar el informe del Defensor del Pueblo, el presidente de la jerarquía eclesiástica, Juan José Omella, volvió a rechazar las extrapolaciones hechas por la prensa a partir de la encuesta de GAD3 para el comisionado de las Cortes Generales.
Margen de error
El trabajo demoscópico señala que un 1,13% de la población adulta española sufrió abusos sexuales cuando era menor en el entorno eclesiástico, y un 0,6% los padeció de manos de sacerdotes y religiosos. Estos números arrojarían una cifra de 445.000 víctimas en el entorno religioso. A su vez, 236.000 personas habría sido objeto de vejaciones perpetradas por clérigos. «La sociedad entera sabe sumar», dijo Omella. «Hay una opacidad para llegar a una conclusión que no es lógica. Hay una intencionalidad para sacar una cifra que es mentira y no corresponde con la realidad. ¿Quién ha sacado esos datos?», se preguntó el cardenal. El portavoz de los obispos fue más allá y alegó que la encuesta incluye un margen de error del +/-1%, lo que impide hacer extrapolaciones. García Magán aseveró que siguiendo esos mismos cálculos, 4,5 millones de españoles habrían sido víctimas de agresiones sexuales, pues la encuesta sostiene que un 11,7% de los interrogados sufrieron abusos en su infancia. «No podemos quedarnos encerrados en los números, sería una falta de respeto. Aunque fuera una víctima, tendría el mismo derecho. Extender una sombra de sospecha ante tantos sacerdotes y religiosos es falso y es injusto».
Si solo se reparara a los agredidos por clérigos, «se crearían víctimas de primera y de segunda clase».
Omella abundó sobre su escepticismo a la hora de realizar tales proyecciones. «Nos duelen los abusos, pero a la vez creemos que esa extrapolación no corresponde a la realidad. Si nos atenemos a las cuentas matemáticas estaríamos todos en esa dinámica de los abusos, ustedes y yo. Me parece que eso no está bien hecho», aseveró el arzobispo de Barcelona, quien sentenció: «Somos de letras y no de matemáticas».
En un reconocimiento de errores, el cardenal Omella admitió que el traslado de sacerdotes acusados de abusos fue una equivocación: «Todos aprendemos tarde. Durante siglos hemos vivido con la esclavitud, y al final la Iglesia se dio cuenta de que es un grave error vivir despreciando a los seres humanos. La esclavitud se abolió». «¿Cuánto tiempo hemos sido conscientes de esos abusos, tanto en la familia como en la Iglesia? Quitábamos a la persona de su lugar hasta que nos dimos cuenta de que eso no se podía hacer. Nos ayudamos unos a otros: unos que denuncian, otros que informan, otros que actúan», expresó el cardenal, quien se felicitó de que los abusos hayan caído drásticamente en los últimos tiempos.
Con relación al informe del bufete Cremades & Calvo Sotelo, encargado por la propia Iglesia para evaluar la pederastia clerical, la Conferencia Episcopal se limita a aplazar el asunto a la asamblea plenaria que tendrá lugar en noviembre. García Magán confirmó que en la reunión de los obispos estuvo Javier Cremades y expertos de su equipo, y precisó que el bufete «no ha entregado oficialmente el informe», aunque sí ha «ido informando confidencialmente de la evolución de los trabajos». Esta iniciativa causa una honda división entre los prelados, algunos de cuyos miembros temen que la investigación deteriore aún más la imagen de la Iglesia.
