La Iglesia católica es un actor social de primer orden con raíces milenarias en España. Y quiere y pide que se le reconozca no sólo en el ámbito de la caridad, que ejerce ejemplarmente con los más pobres, sino también en el educativo, con una clase donde la Religión sea una asignatura fundamental. Para que esa credibilidad social no se rompa, los obispos prometen, por su parte, que, a pesar de los recientes casos de pederastia, harán todo lo posible para que «la Iglesia sea una casa segura para los menores».
Para luchar contra la pederastia en su seno (con casos tan recientes como el de los Romanones en Granada o el del fraile lego franciscano en Lugo), la Iglesia española se dotó, desde el 2010, de un Protocolo, en el que se especifica lo que los prelados tienen que hacer. Y ese protocolo es el que, según el secretario general, José María Gil Tamayo, están siguiendo a rajatabla.
Las claves del protocolo y de la actuación episcopal ante los casos de pederastia del clero son las siguientes: «tolerancia cero, cercanía a las víctimas, denuncia a las autoridades eclesiásticas y civiles, pero también defensa de la presunción de inocencia» de los eclesiásticos implicados, mientras no se dicte sentencia contra ellos.
La institución eclesiástica sabe que, en este tema, se juega su credibilidad social y por eso promete y asegura que «la Iglesia será una casa segura para los niños» y que «las familias españolas pueden estar muy tranquilas», confiando a sus hijos en manos de sacerdotes y catequistas.
Y si la ley civil prescribe, como al parecer se está estudiando, que los sacerdotes y catequistas se sometan al control estatal, como todos los que interactúen con menores, lo hará. «Observaremos la ley. Nunca tendremos la tentación de burlarla, pero también pedimos que el Estado no se inmiscuya en la legalidad eclesiástica», explicó el portavoz episcopal.
Porque, como añadió, «la Iglesia católica no es un chiringuito que se acaba de poner en una esquina. Lleva dos mil años en nuestro país, pendiente siempre de servir al bien común de la sociedad y al Estado, desde las claves de la mutua independencia y sana colaboración. Y así pensamos seguir».
Eso sí, José María Gil no quiso valorar si el arzobispo de Granada, Javier Martínez, se ajustó al protocolo de la Iglesia en el caso Romanones, pero negó que tanto en ese caso, como en el más reciente de Lugo, los prelados respectivos estén dando «respuestas tibias».
Clase de Religión, derecho de los padres
Los obispos están muy dolidos con la LOMCE. A su juicio, no cumple lo que postula la Constitución ni los Acuerdos Iglesia-Estado y, por lo tanto, no respeta el derecho de los padres a elegir la formación moral y religiosa que quieren para sus hijos en las escuelas públicas. Entre otras cosas, porque ha perdido el carácter de «asignatura fundamental» y, además, se ve muy perjudicada por la drástica reducción de horarios de la asignatura. Tanto es así que, en algunas Comunidades autónomas, la asignatura se ha reducido a tres cuartos de hora. Además, en Bachillerato no se cumple con la exigencia de que sea de oferta obligatoria y de elección libre.
Gil Tamayo considera que los obispos no están pidiendo privilegio alguno en este caso, sino simplemente que se cumplan los Acuerdos Iglesia-Estado, que «tienen rango de ley orgánica». Y que se cumplan no sólo con los católicos, sino también con la demás religiones, que tienen acuerdos firmados con el Estado: Protestantes, judíos y musulmanes. «Un niño musulmán tiene el mismo derecho que un católico a estudiar el hecho religioso musulmán en la escuela», dijo el secretario.
La Iglesia católica, en cambio, se muestra satisfecha por al reciente curriculum de la clase de Religión. Primero, porque fue redactado por la comisión episcopal de enseñanza. Segundo, porque recibió la aprobación del Gobierno. En este sentido, el Estado garantiza que en la clase de esta asignatura no se enseñen contenidos fundamentalistas o contrarios al ordenamiento civil. «Entrar en lo demás, sería intromisión del Estado en el ámbito de la libertad religiosa».
Por eso, Gil Tamayo negó que el nuevo curriculum convierta a la asignatura en catequesis, por el simple hecho de que postule que se enseñe a rezar a los niños en clase. «Lo que se enseña en la clase de religión lo decide la Iglesia católica, siempre que no caiga en el adoctrinamiento fundamentalista o en una clase de teoría política». De ahí que, a su juicio, «no se pueda seguir poniendo bajo sospecha el hecho religioso, porque si no conocemos este hecho, no nos entenderíamos como pueblo».
Trasvase de curas y ático de Rouco Varela
En clave más interna, el portavoz explicó que la Conferencia Episcopal está estudiando un proyecto de «distribución del clero». Una especie de ‘trasvase’ de curas de las diócesis más boyantes a las más escasas en curas.
En estos momentos, hay en España 19.000 sacerdotes, con una elevada media de edad de 64,6 años. Un clero mayor y, además, mal repartido, porque se producen evidentes «asimetrías entre las diversas diócesis». Por ejemplo, Alcalá, Toledo y Getafe son las tres diócesis con un clero más joven: su media es de 52 y 53 años. En cambio, las diócesis con el clero más envejecido son San Sebastián, Solsona, Gerona y Lugo, donde los curas presentan una media de edad de 74 años.
Para Gil Tamayo, son «números que cantan y lloran». Y para enjugar estas lágrimas, los obispos quieren redistribuir mejor su clero en clave misionera. «Esa dimensión es posible y necesaria llevarla a cabo en España».
Y por lo que se refiere al ático de 370 metros cuadrados del cardenal Rouco Varela, cuya remodelación costó más de medio millón de euros a las arcas del arzobispado, el secretario general de los obispos explicó que «una diócesis tiene obligación de sustentar a sus obispos eméritos y ofrecerles un luchar adecuado y digno». Y, además, mostró su «gratitud hacia alguien al que no se le puede juzgar sólo por estas cuestiones; para juzgar su pontificado es necesaria una mayor distancia y, entonces, se reconocerá su figura».
