Varapalo del Supremo a la Conferencia Episcopal
El Tribunal Supremo ha dado un varapalo a la Conferencia Episcopal, a la que obliga a pagar las indemnizaciones que debe a los profesores de religión que han ganado en los tribunales litigios por motivos de despidos improcedentes. Los docentes de religión católica son designados y despedidos por la Iglesia española, aunque cobran sus salarios de las arcas públicas. Numerosos profesores de esta asignatura voluntaria se han visto obligados a recurrir a la Justicia al sufrir despidos después de participar en una huelga o de hacer declaraciones a la prensa molestas para los obispos.
La Iglesia católica tendrá que indemnizar a los docentes de religión que han sufrido despidos improcedentes por mostrar algún tipo de actitud conflictiva para la Conferencia Episcopal. Así lo han dictado dos sentencias del Tribunal Supremo, que servirán para unificar la doctrina y la jurisprudencia, según recoge el diario El País. Según estas sentencias, a partir de ahora “la responsabilidad frente al trabajador [despedido sin motivos] corresponde también a la autoridad eclesiástica”, y no sólo a la administración regional, encargada última de ejecutar los despidos.
Pleitos año tras año
Y es que el conflicto entre la Conferencia Episcopal y los docentes que elige y despide a su gusto para impartir la asignatura voluntaria de religión en colegios e institutos había crecido en la medida en que numerosos profesores han sido despedidos, por ejemplo, después de acudir a una huelga. Los docentes, en muchos casos, se han viso en la situación de tener que llevar sus despidos ante los tribunales año tras año, ganando siempre los pleitos, y recibiendo indemnizaciones por estos despidos nulos y por daños morales que ni la administración ni la Iglesia parecían dispuestos a pagar.
Sentencias del Tribunal Superior Canario
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ya había dictado sentencias en este sentido, y había afirmado que “la conducta del Obispado, que no renueva los contratos a algunos de sus profesores por ejercitar un derecho fundamental merece un reproche jurídico absoluto, pues atenta directamente contra derechos y libertades que forman parte del núcleo básico y duro de los derechos fundamentales”.
Los acuerdos con la Santa Sede y la Constitución
Ante esta resolución, la Conferencia Episcopal aseguraba que su trato a los docentes estaba amparado por los convenios firmados entre España y la Santa Sede en 1979. No obstante, el alto tribunal advirtió de que “ninguna confesión, grupo, persona física o jurídica, Administración Pública o corporación puede pretender colocarse por encima de los derechos constitucionales, pretextando normas o tratados que al ser normativa de derecho español están sometidos al imperio de la Constitución y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”.
No son actos aislados
Además, el TSJC advertía de que este tipo de despidos no son “actos aislados”, sino que provienen de “un comportamiento reflexivo, consciente y voluntario, digido a la eliminación de los trabajadores conflictivos”, por lo que el “responsable de la indemnización ha de ser exclusivamente el Obispado”.
300.000 euros
Se calcula que el total de las indemnizaciones a las que la Conferencia Episcopal tendrá que hacer frente rondan los 300.000 euros, a las que habría que sumar el pago de salarios atrasados. Por poner un ejemplo, el profesor Martín Domingo Suárez cobrará 90.000 euros, después de su quinto despido nulo consecutivo.
"Fracaso de una política represiva"
Para los sindicatos de profesores de religión, esta sentencia evidencia “el fracaso de una política represiva, que no para de vulnerar la dignidad personal y profesional” de los docentes. “La jerarquía ha pagado ya o tiene que pagar, del bolsillo de los católicos, 310.000 euros por su actitud de desacato continuado a la justicia. Estas sentencias hace pura y simplemente justicia”, señaló Luis Guridi, vicepresidente de la Federación Estatal de Profesores de Religión (FEPER).
