El portavoz de la Conferencia Episcopal, Gil Tamayo, asegura que un futuro registro oficial «no puede convertirse en un listado de bienes objeto de subasta»
La CEE mantiene que su inmatriculaciones se han hecho «con respaldo de la legalidad»
Los obispos no quieren saber nada del listado de bienes inmatriculados a nombre de la Iglesia entre los años 1998 a 2013. Es más, denuncian el «clima de desamortización encubierta» que se encierra detrás de este tipo de medidas, que consideran «una manipulación de un bien de dominio público».
Así de rotundo se ha manifestado el portavoz de la Conferencia Episcopal de España (CEE), José María Gil Tamayo, durante una rueda de prensa. Preguntado sobre el compromiso del Gobierno de elaborar, en el plazo de seis meses, un listado de bienes inmatriculados por la Iglesia, el sacerdote admitió que fue «una sorpresa», y subrayó cómo, días antes, habían preguntado sobre el particular al Ministerio de Justicia, «y no había noticias».
Tras recalcar que «nosotros lo hemos hecho [el registro de propiedades] con absoluto respaldo a la legalidad vigente», Gil Tamayo pidió «no entrar en un clima de desamortización encubierta o de manipulación de un bien de dominio público». Porque, en opinión de Gil Tamayo, «un bien público es un monte», y no una catedral, una iglesia o una casa parroquial, «que son de una comunidad que probablemente es la institución más antigua de este país». «Lo que se hizo con las inmatriculaciones sólo fue darle forma, la propiedad ya existía».
Fue más allá el portavoz episcopal, advirtiendo que la regularización «no puede convertirse en un listado de bienes objeto de subasta». «Tenemos que ser serios y llamar a las cosas por su nombre. La propiedad de esos bienes es de una colectividad, siempre la Iglesia tendrá una referencia en lo tocante a bienes de culto».
Sentencia de la Corte europea
Respecto a la reciente sentencia de la Corte Europea sobre algunas exenciones «ilegales» a la Iglesia en España, Gil Tamayo subrayó el fallo «no es una desautorización o un cuestionamiento de las exenciones fiscales de la Iglesia o comunidad religiosa», sino una resolución concreta ante un tema muy particular, el ICIO, que es en puridad, el único impuesto del que la Iglesia está exento en virtud de los Acuerdos Iglesia-Estado (el IBI, según el Episcopado, viene recogido en la Ley de Mecenazgo de 2002).
«No elevemos este tema a categoría general, no saquemos conclusiones generalizadas de una sentencia que no da para más», advirtió, pese a reconocer que aún tenían que terminar de estudiar la sentencia. Preguntado por el futuro de los Acuerdos Iglesia-Estado, Gil Tamayo declaró que «no están obsoletos, y prueba de ello es que están funcionando». «Las cosas que funcionan, hay que ayudar a que sigan funcionando», declaró.
Otro de los temas calientes de la rueda de prensa giró al futuro de 13TV, que se ha abordado en la Comisión Permanente. En este punto, si bien el portavoz episcopal aseguró que «la Conferencia Episcopal quiere seguir adelante, con convicción en este proyecto», admitió las «dificultades económicas fundamentales» por las que pasa la cadena episcopal, propiedad en un 81% de los obispos.
Ajustes en 13TV
«Tenemos la obligación de solucionar estas dificultades, pero con las reglas del juego del resto», advirtió Gil Tamayo, quien habló de «aliviar la carga» al ser preguntado por las informaciones que hablaban de un despido masivo de personal. «No podemos arrastrar como una carga lo que no haría ninguna institución que quiera sobrevivir», añadió, aunque, matizó, «lo haremos con la Doctrina Social de la Iglesia, pero también con la legalidad vigente».
Fuentes consultadas por este diario aseguran que habrá despidos, pero no tantos como se señalaban en algunos informes (se hablaba de un 80% de la plantilla), y que la mayoría serán no renovaciones. «Los obispos no han considerado abandonar el proyecto de 13TV, porque no está muerto, está vivo, con dificultades, pero con una palabra que decir en la sociedad española», concluyó.
En otro orden de cosas, los obispos hablaron del pacto educativo, señalando la «emergencia educativa» en España, y abogando por «una desideologización». «Hay que dejar de hacer de la educación un campo de pruebas, una sucesión de leyes educativas. Tenemos que hacer una educación integral, pensando en el futuro», añadió el portavoz, quien admitió que la Conferencia Episcopal no ha vuelto a reunirse con el Ministerio.
