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Negar las cifras del Defensor del Pueblo sobre pederastia es una forma de demorar la solución de un grave problema
La reacción de los obispos españoles ante el demoledor informe presentado el pasado viernes por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, sobre los abusos sexuales en la Iglesia católica española ha sido decepcionante. Si bien, por un lado, la asamblea de la Conferencia Episcopal Española (CEE) asume el reconocimiento del daño cometido, acepta la petición de perdón a las víctimas y expresa su disposición a implementar las recomendaciones que el informe propone, por otro continúa negando la magnitud del problema. Así, rechaza —en boca de su presidente, Juan José Omella— la cifra de 440.000 víctimas que se deduce del informe y trata de diluir su responsabilidad concreta argumentando que esta lacra “va más allá de la Iglesia”. Además, condiciona su participación en el fondo de compensación a que dicho resarcimiento se extienda a otros ámbitos de la sociedad.
