Comentarios del Observatorio
Escandaloso. Esta información revela una actuación de la jerarquía católica que raya la obstrucción a la justicia. La autoridad judicial debe responder con contundencia ante estos hechos y la Justicia debe depurar las responsabilidades que se deriven del caso.
Los obispos españoles están tan acostumbrados a sus privilegios que operan con total impunidad, pero eso debe terminar. El Estado de Derecho debe imponerse, los privilegios deben cesar y la impunidad desaparecer. Este Observatorio del Laicismo estará muy atento a la evolución del caso y espera que su resolución concluya con un paso hacia la laicidad del Estado, con una separación del mismo y la Iglesia, siendo esta última juzgada como cualquier otra organización privada, sin prebendas.
La Conferencia Episcopal centraliza las respuestas a las peticiones del órgano judicial para conocer todos los casos de pederastia clerical en España, y recuerda que las diócesis no pueden enviar datos relativos a abusos en congregaciones, movimientos o colegios religiosos
La Fiscalía reclama a la Iglesia información sobre la pederastia clerical, y la Conferencia Episcopal tira balones fuera, evitando enviar cualquier información relativa a casos prescritos o juzgados en el pasado. Esto se desprende de la comunicación que la Secretaría General de la CEE ha enviado a las diócesis frente a la petición formulada en noviembre por la Fiscalía General del Estado para que les remitieran “información sobre las denuncias o testimonios recabados desde la oficina de asistencia a las víctimas relativos a la comisión de delitos contra la libertad sexual contra menores de edad en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa”, según informa El País.
La carta del nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán, aconseja a las diócesis “que no haya ningún caso que se comunique a la Fiscalía General del Estrado que no esté previamente comunicado a la fiscalía provincial”, y que la respuesta venga coordinada por la procuradora que representa a la Conferencia Episcopal. Para facilitar la respuesta unánime, la misiva adjunta incluso dos modelos a completar, a los que ha tenido acceso elDiario.es y reproduce en esta información.
Así, cada diócesis responde individualmente a los requerimientos de la Fiscalía, pero exactamente lo mismo que las demás. “Venimos a poner en conocimiento de la Fiscalía que, salvo inadvertencia, las ‘denuncias o testimonios recabados desde la oficina de asistencia a las víctimas relativos a la comisión de delitos contra la libertad sexual contra menores de edad”’ ya han sido puestos oportunamente en conocimiento de la Fiscalía competente [de *], con fecha de [xx de xxx de xxxx]“.
En otro borrador, destinado a aquellas diócesis que no tengan procesos canónicos abiertos, se señala: “Venimos a poner en conocimiento de la Fiscalía que, salvo inadvertencia, no existen ‘denuncias o testimonios recabados desde la oficina de asistencia a las víctimas relativos a la comisión de delitos contra la libertad sexual contra menores de edad’”. En ningún caso se habla de casos de abusos con víctimas que ahora sean mayores de edad y que estén prescritos, algo que también habría solicitado la Fiscalía para poder tener un escenario real de la situación de los abusos en la Iglesia, más allá de lo meramente jurídico. Los obispos, en cambio, consideran que no están obligados a informar sobre estos casos al órgano judicial.
El modelo de respuesta también deja claro que, aunque la CEE esté coordinando internamente la información relativa a la pederastia y también las respuestas de la Iglesia española frente a la solicitud de la Fiscalía, los obispos se niegan a ejercer institucionalmente esa colaboración que habían anunciado con la Justicia. El escrito, que comenzará a enviarse desde cada diócesis a la Fiscalía en los próximos días, señala: “En relación con su petición relativa a otras instituciones religiosas distintas de esta [Archidiócesis/Diócesis] tenemos que informarles de que los distintos institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, con los colegios y otras instituciones que de ellos dependan, son entidades autónomas, con personalidad jurídica propia y distinta de la de este [arzobispado/obispado], siendo por ello que, para poder recabar los datos a los que se refieren, deberían solicitarlos desde la Fiscalía a cada una de esas entidades”. Es decir, que se pregunte individualmente a cada institución aunque vaya a obtenerse una respuesta calcada a las demás.
