Según ha informado este jueves 23 de febrero el secretario general y portavoz de la CEE, José María Gil Tamayo, durante la rueda de prensa posterior a la 240 reunión de la Comisión Permanente de los obispos, la mesa estará integrada, por parte de la Conferencia Episcopal, por el presidente de la CEE, Ricardo Blázquez; Gil Tamayo; el presidente y el director del secretariado de la Comisión Episcopal de Enseñanza.
Por parte de la comunidad educativa y las asociaciones de familia, estarán representadas la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), la Fundación Escola Cristiana de Cataluña, la docencia universitaria, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), la Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos (COFAPA) y el Foro de la Familia.
El objetivo de esta mesa es «aunar criterios, repartir papeles y ver los elementos básicos a defender» en el Pacto Educativo con un objetivo común: una educación integral en la que no solo se forme al alumno en competencias concretas sino también como persona, teniendo en cuenta «la dimensión trascendente» e incluyendo el hecho religioso en diálogo con el resto de disciplinas y en igualdad de condiciones.
Gil Tamayo ha asegurado que no ven el pacto con miedo y esperan que no se obvie la enseñanza religiosa en el mismo. «Si quedar aparte del pacto educativo significa que quedan obviados porque son irrelevantes, no lo aceptamos; si quedar aparte significa que no es negociable y que ya está consolidado y que de una vez tiene su encaje en el sistema educativo sin estar a merced alternancias políticas ni pesos ideológicos, estamos de acuerdo», ha matizado.
La Iglesia, según ha precisado tiene su peso en el sistema educativo actual. En concreto, ha enumerado los más de 2.600 centros católicos con 123.000 trabajadores y en torno a 1,5 millones de alumnos que hay en España. En ellos se observa, según ha añadido, la conjunción de «igualdad y libertad» que se plasma en el artículo 27 de la Constitución Española y que, a su juicio, deben ser «la regla básica que ha de iluminar todo el pacto».
Además, el portavoz de los obispos ha explicado que este empeño por alcanzar un pacto educativo se debe a las «deficiencias manifestadas a lo largo de los años en el sistema educativo» español y a la «reiterada sucesión de leyes apenas puestas en práctica o nonnatas» que han dejado al sistema educativo en una «continua provisionalidad». A esto se suma, a su parecer, el afloramiento de instancias ideológicas.
Además, con respecto a la asignatura de Religión, los obispos españoles han constatado «disparidad y anarquía» en horarios y en el tratamiento de los profesores. «Pedimos que de una vez esta situación de inseguridad de los profesores y del estatus de la asignatura no esté a merced de alternancias políticas, del lugar donde se viva o de la consideración de quienes dirigen un centro educativo o lleven la inspección técnica de las consejerías», ha reclamado.
También ha pedido que el camino de los tribunales no sea el único que se deje a la enseñanza católica para poder vivir con «normalidad» la presencia de la religión en el ámbito escolar pues, según ha recordado, hay una larga lista de pronunciamientos judiciales que conforman un cuerpo jurídico suficiente que ampara la presencia del hecho religioso en las aulas.
