Los obispos se preparan para combatir la ley que despenalizará la eutanasia en España. El nuevo Gobierno ha anunciado que esa será su primera iniciativa legislativa, para muy pronto, y el portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, avisó este mediodía de las líneas rojas que plantea su organización. Dijo: “Causar la muerte me parece un atajo que deshumaniza. La realidad del sufrimiento pide cuidados paliativos, amor, una genuina compasión. Me sorprende mucho que en la exposición de motivos de esta ley se hable de ‘demanda social’, cuando en la ley educativa se quita esa idea de la demanda social. He aquí que la demanda social solo es útil para tener una coartada moral supuestamente democrática para legislar en contra de la vida”.
La jerarquía católica publicó en noviembre pasado un extenso documento sobre la cuestión, con el título Sembradores de esperanza. Acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida. El portavoz Argüello, que es además obispo auxiliar de Valladolid, lo puso ayer sobre la mesa, en la idea de que el debate social sobre la eutanasia y el suicidio asistido está planteado, no como una cuestión médica, sino con una profunda raíz ideológica y antropológica.
En opinión de los obispos, las campañas encaminadas a suscitar opiniones favorables a la eutanasia y el suicidio asistido suelen promover casos límite para interpelar la sensibilidad colectiva, con eufemismos ideológicos y semánticos que evitarán expresiones como “provocar la muerte del enfermo” o “quitarle la vida”, y ensalzando otras como “muerte digna, autonomía, o liberación”. “Se procura presentar a los defensores de la vida como retrógrados, intransigentes, contrarios a la libertad individual y al progreso. De este modo se evita un diálogo sosegado y constructivo, que busque sobre todo el bien del enfermo”, subraya el documento.
También lamentan los obispos la estrategia de “transmitir la idea de que la eutanasia es una cuestión religiosa”, lo que debilitaría sus argumentos en una sociedad crecientemente secularizada e influida por el desprestigio de una confesión sumida ahora en graves escándalos.
La comisión permanente de la Conferencia Episcopal culminó este mediodía su última sesión, en un mandato que se cierra el próximo marzo con la renovación de todos los cargos en asamblea plenaria, principalmente la presidencia, donde el cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, ausente ayer, cumple mandato cumplida con creces la edad de jubilación. La dirección episcopal concretó el orden del día de una plenaria en la que se verá, por fin, el grado de penetración en España de las reformas que propone el papa Francisco, contestadas sin miramientos por muchos obispos.
Luis Argüello también opinó esta mañana sobre el polémico pin parental que propone el partido VOX. Lo hizo desde tres perspectivas: en primer lugar, la importancia del derecho de los padres a la educación de sus hijos; en segundo término, el derecho de la sociedad a organizar el sistema educativo, y finalmente, qué hacer cuando hay un conflicto entre ambos derechos. El portavoz episcopal no se posicionó ni a favor ni en contra de la propuesta de VOX, pero saludó la posibilidad de la objeción de conciencia en aquellos derechos “en los que se discuten cuestiones antropológicas” (identidad, género, etc…). “Si el conflicto es irresoluble, los padres tienen derecho a la objeción de conciencia”, sentenció.
