Los obispos no se pronuncian abiertamente sobre su apoyo o rechazo al texto que se someterá a referéndum el 18 de febrero, pero llaman la atención sobre una serie de puntos para que sean tomados en consideración por los católicos andaluces a la hora de votar.
Destacan que «la regulación de los derechos y los deberes sigue siendo preocupante». En este sentido, advierten de que algunos artículos «pueden dar protección jurídica a graves ataques a la vida humana». Aunque no especifican más, parece claro que se refieren al derecho a la «muerte digna», recogido en el texto.
También censuran que el Estatuto «hace concesiones a la «ideología de género» vigente, que propone una pretendida valoración neutra de la sexualidad de espaldas a los fundamentos antropológicos de la diferenciación de los sexos y de su complementariedad».
Expresan además su malestar por que el texto «equipara los efectos jurídicos del matrimonio y de la familia fundada en el matrimonio, a otro tipo de uniones». Esta previsión legal, según los obispos andaluces, «debilita y desestabiliza» al matrimonio y a la familia.
En cuanto a la educación, destacan de que no hay garantía «que evite dar cobertura a políticas laicistas que no reconocen el valor social y la dimensión pública de la religión». También aluden críticamente a la ausencia de referencia alguna en el Preámbulo «a la cultura cristiana de la sociedad andaluza y española».
Reciben «con satisfacción» tanto el consenso con el que se aprobó en las Cortes como la atención que se otorga a los derechos sociales, particularmente a los discapacitados y dependientes, a los jóvenes, a los ancianos y a las minorías.
