La Conferencia Episcopal critica que la Lomloe, a la que tachan de «confesional» por su «manera de entender lo público», pone «obstáculos y trabas» a los centros privados sostenidos con fondos públicos y explica que tiene «la mano tendida» al Gobierno, pero que defenderán sus derechos si han de hacerlo
Los obispos consideran que la ley Celaá de Educación, que se aprobó ayer en el Congreso, «introduce limitaciones a derechos y libertades» de los alumnos, los padres y los centros concertados. En una nota de prensa, aprobada por la Asamblea Plenaria, la Conferencia Episcopal Española (CEE) lamenta que «se haya procedido a la tramitación de esta ley a pesar de las difíciles circunstancias causadas por la pandemia y con unos ritmos extremadamente acelerados».
Tanto es así, que en rueda de prensa, el portavoz de la CEE, Luis Argüello, advirtió de la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional si no se respeta, como en su opinión no se hace, la libertad de enseñanza, el derecho de los padres y la dignidad de la clase de Religión.
«Seguimos tendiendo la mano, pero si hemos de defender nuestros derechos, lo haremos», añadió Argüello, quien sí descartó que los obispos capitanearan las protestas contra la Lomloe. «Somos conscientes de que vivimos en una sociedad diversa. La propia Lomloe es confesional en la manera de entender la educación, en la manera de entender lo público, identificado en lo estatal. Cada uno estamos en la plaza pública desde nuestras convicciones y planteamientos ideológicos», subrayó el obispo auxiliar de Valladolid, quien lamentó que Educación no les haya siquiera dado respuesta a sus propuestas.
«Desgraciadamente, esta propuesta no ha sido ni siquiera estudiada conjuntamente, pero no queremos perder la esperanza. Una ley educativa tiene decretos que lo desarrollan, y en nuestro sistema autonómico también», señaló.
«No sería aceptable que el Estado pretendiera apropiarse de este protagonismo de la familia y de la sociedad –a cuyo servicio está llamado–», consideran los obispos, «identificando el carácter público de la enseñanza con su dimensión organizativa de carácter estatal». No solo lo que es de titularidad estatal es público, constata la nota, que aboga por «un Pacto Educativo Global», que no convierta la Religión «en criterio de exclusión».
Al tiempo, reclama la CEE que la nueva ley «ofrezca una mayor protección del derecho a la educación y la libertad de enseñanza», especialmente «al ejercicio de la responsabilidad de los padres en la educación de los hijos». Así la Conferencia apoya «los esfuerzos de las familias, plataformas y agentes sociales que en estos días se han movilizado en la defensa de estos derechos», en alusión a la plataforma Más plurales, que aglutina a varias patronales de la concertada, sindicatos del sector y asociaciones de familias católicas.
Para los obispos, la nueva ley «debería recoger la ‘demanda social’ [término que aparecía en la ley Wert a la hora de programar las plazas educativas] en todas las etapas del proceso educativo: libertad de creación de centros escolares, libertad de elección de centro y propuesta educativa, trato en igualdad de condiciones a los diversos tipos de centro, para lo cual es necesaria la gratuidad de la enseñanza sin discriminaciones».
En su opinión, eso no se da: «Lamentamos profundamente todos los obstáculos y trabas que se quieren imponer a la acción de las instituciones católicas concertadas. No es el momento de enfrentar entidades e instituciones educativas, sino de trabajar conjuntamente, en el espacio público, para ofrecer una educación adecuada a todos los niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país».
Finalmente, los obispos recuerdan que «no puede excluirse del ámbito escolar la educación de la dimensión moral y religiosa de la persona», por lo que propusieron al Ministerio de Educación que «la enseñanza religiosa escolar quede integrada en un área de conocimiento común para todos los alumnos, en un modo que no genere para nadie agravios comparativos», que «no debe ser considerada ajena al proceso educativo, sino que ha de ser comparable a otras asignaturas fundamentales». Tuvieron poco éxito con su propuesta, aunque el Gobierno sí ha introducido en la ley una asignatura llamada Cultura de las religiones, de la que poco se sabe a falta del desarrollo reglamentario excepto que tendrá carácter aconfesional y será de oferta optativa.
«Lamentablemente la propuesta hecha por la CEE no ha recibido respuesta por parte del Ministerio. De hecho, el texto legislativo aprobado suprime el valor académico de la evaluación de la asignatura de Religión, y deja a los alumnos que no cursen esta asignatura sin una formación con contenido escolar», critican los obispos en alusión a que la materia no tendrá asignatura alternativa, lo que sus defensores entienden como una degradación de la misma.
«No es aceptable la descalificación de esta asignatura o del trabajo de sus profesores como adoctrinamiento. Al contrario, respeta el conjunto de exigencias propias de su presencia en el ámbito escolar, relativas a la metodología o al estatuto del profesorado», sostienen los obispos, que abogan por «seguir defendiendo la inclusión escolar y educativa de la enseñanza religiosa escolar como integrante del ámbito de una necesaria educación moral».
