Profesores de religión llevan centenares de casos a los tribunales – El Gobiernoconsidera «contundente» el derecho al complemento por antigüedad

Los tribunales de lo social van a tener trabajo extra en los próximos meses si los obispos mantienen el criterio de que sus docentes de religión y moral en la escuela pública no tienen derecho a cobrar trienios o antigüedad alguna. Sólo en Madrid se están tramitando ya 200 demandas, algunas próximas a sentencia en la Magistratura de Trabajo. Y de momento ya han logrado que el Gobierno les dé la razón.

Los profesores de religión -unos 15.000 sólo en la escuela pública- son seleccionados por los obispos para cada curso escolar, pero contratados y pagados por el Estado con los mismos derechos que el resto de los profesores interinos. La Ley Orgánica de Educación les concede, además, el amparo expreso del Estatuto de los Trabajadores. Los prelados sostienen, en cambio, que pueden despedir a esos docentes como si fueran catequistas, es decir, sin explicación alguna, o por causas como casarse por lo civil, participar en huelgas legales o vivir maritalmente sin estar casados por la Iglesia.

El Gobierno ha terciado en la disputa. "Son varios y contundentes, por no decir definitivos, los argumentos que deben llevar a las administraciones educativas, y han llevado a la Administración General del Estado, a la decisión de reconocer el complemento de antigüedad o trienios a este personal". Lo afirma el Ministerio de Educación y Ciencia en una llamada Nota remitida ya a varios gobiernos autónomos.

Los tribunales de justicia han terciado cientos de veces en esta disputa, con sentencias contradictorias, avaladas algunas por el Tribunal Constitucional en el sentido de reconocer a los obispos, en algunos casos, su derecho a despedir a docentes cuya vida personal contradiga las lecciones de moral católica que deben impartir a sus alumnos.

El nuevo campo de batalla judicial lo es por dinero, pero también por principios. Los prelados se resisten a pagar complementos por antigüedad a unos docentes cuyos contratos deben ser renovados para cada curso escolar en cada diócesis. Ésa es, al menos, su idea, pese a que la mayoría de los profesores de religión lleva años, incluso décadas, ejerciendo esa función a satisfacción de sus empleadores y con contratos indefinidos de facto.

Varios gobiernos regionales, como contratantes y pagadores, aceptan el criterio de los obispos sin rechistar o de buena gana, porque se ahorran millones de euros cada año y, sobre todo, porque no quieren conflicto con la diócesis que les facilita ese personal docente.

Es lo que trata de resolver ahora el Gobierno, mediante una nota interna del Ministerio de Educación, del 14 de febrero pasado. Al margen de lo que vayan decidiendo los magistrados de Trabajo en los próximos meses -sólo en Madrid deberán solventar 206 pleitos planteados desde diciembre pasado-, Educación adelanta que "el criterio a seguir" es el de reconocer el derecho de los docentes a cobrar trienios porque el punto 2 de la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica de Educación (LOE, de 2006) establece que "estos trabajadores percibirán las retribuciones que correspondan en el respectivo nivel educativo a los profesores interinos".

Añade el informe ministerial: "Parece razonable que los profesores de religión que deben percibir las retribuciones que corresponden a los profesores interinos, perciban ese complemento al igual que los funcionarios interinos cuyas retribuciones son su modelo".

Educación anuncia, además, a los gobiernos regionales "la decisión de reconocer [dicha antigüedad] de oficio, en base a la información de que dispone al efecto". Hace ese reconocimiento "contando desde el 1 de enero de 1999, momento a partir del cual el Ministerio pasó a formalizar contratos laborales a este personal". Anuncia también a los consejeros de Educación que ya "está elaborando una aplicación informática que cuenta y acumula todos los periodos de contratación efectuados desde esa fecha, lo que dará lugar al reconocimiento de los servicios prestados y a la acreditación y pago de la antigüedad que proceda".

Nadie ha calculado todavía de cuánto dinero se está hablando, pero "desde luego son muchos millones", dice un dirigente sindical, seguro de que el criterio del Gobierno será ratificado en próximas sentencias judiciales.

El ministerio también advierte a las administraciones autonómicas de que cada profesor de religión, "una vez reciba el reconocimiento de los servicios prestados y los trienios que se le acrediten", podrá solicitar ese reconocimiento "previa aportación de la documentación que lo justifique", pero también "su modificación" si cree inexacto el cálculo.

Los argumentos del Gobierno en favor del derecho de los docentes de religión católica a cobrar por antigüedad dejarían poco margen a la discusión. Éstas son dos de sus conclusiones: "En el ámbito de la Administración General del Estado no existe actualmente -tras el reconocimiento de trienios a los funcionarios interinos- ningún colectivo de trabajadores a los que no se les reconozca un complemento retributivo por razón de antigüedad o trienios, o un concepto sustitutivo análogo, incluyendo el personal laboral en el extranjero al que también se le reconocen trienios".

Segunda conclusión del Ministerio de Educación: "Así las cosas, no se nos ocurre ninguna razón de peso para excluir de tal reconocimiento a los profesores de religión, si es que no cupiera considerar ya incluido este colectivo entre el personal a que se hace referencia en la tercera razón antes enumerada".

La exigencia de "principios de igualdad y mérito"

"Amiguismo, enchufismo, nepotismo, servilismo…". Con estos calificativos juzga la actitud de los prelados el secretario general de la Unión Sindical Independiente de Trabajadores-Empleados Públicos (USITe.p.), Alfredo Sepúlveda. Su sindicato tacha de "pretensión completamente inasumible" el empeño de los obispos "de vincular al profesor a un puesto concreto de trabajo" porque rompe de raíz "los mínimos indispensables de movilidad de los empleados públicos y somete al profesorado a la misma sumisión que padecía [antes de la LOE]".

Los obispos celebraron con júbilo el acuerdo alcanzado en diciembre de 1998 por la Conferencia Episcopal con el Ministerio de Educación, liderado entonces por Mariano Rajoy. Entre otras ventajas, consiguieron que sus docentes de moral católica tuvieran los mismos salarios que el resto de los profesores interinos. Se reservaban, además, el derecho a seguir seleccionando a esos docentes para cada curso, como si fuesen catequistas.

No pensaron entonces que el acuerdo iba a ocasionarles tantos disgustos. Cada año, los obispos prescinden de profesores sin explicación alguna o por razones rechazadas casi siempre por los tribunales, y la riada de sentencias e indemnizaciones que paga la Administración obligó al Gobierno socialista a legislar sobre la materia hace dos años.

Nuevo conflicto

Acaba de surgir un nuevo motivo de conflicto. Se libra en torno a la formación profesional de esos empleados. Hasta ahora, su puesto de trabajo estaba vinculado a la propuesta previa del obispo, que podía decidir hasta el destino. Es decir, los prelados no sólo los seleccionaban para que el Estado contratase y pagase, sino que imponían el lugar y las circunstancias de su trabajo.

El Gobierno ha decretado, en cambio, que esos docentes accederán "al destino de conformidad con criterios objetivos de valoración por parte de la Administración". Y fija, entre otros, "la experiencia docente", preferentemente "en centros públicos y en el mismo nivel educativo de la plaza a la que se opta", y las "titulaciones académicas, de modo preferente las más afines, por su contenido, a la enseñanza de religión". "Se respetará, en todo caso, los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad", añade el Ejecutivo.