El registro, voluntario y confidencial, incluiría todas las especialidades
En la misma reunión de la comisión deontológica del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos que el pasado 21 de octubre aprobó un informe que censura la selección de embriones con fines terapéuticos, se debatió la creación de un registro colegial de facultativos objetores de conciencia. La idea, según fuentes del consejo, es extender a toda Andalucía un censo similar al que existe en el colegio de Málaga desde marzo del año pasado: una lista de inscripción voluntaria y confidencial en la que el facultativo puede dejar constancia de su condición de objetor.
El presidente de los médicos colegiados andaluces defendió esta semana la idea como un instrumento para compatibilizar las creencias morales de los profesionales con el derecho de los pacientes a acceder a la cartera de servicios que ofrece la administración. La Organización Médica Colegial, que reúne a todos los colegios de médicos del país, también ha dado ya el visto bueno a la idea, al margen de que el Ministerio de Sanidad haya abierto la puerta en la tramitación de la ley del aborto a que los médicos puedan dejar constancia por adelantado de su objeción a esta práctica.
La reforma de la ley del aborto ha centrado este año el debate sobre la objeción de conciencia de los sanitarios españoles. Sin embargo, en Andalucía, los colegios de médicos tienen otro frente abierto en el que no quieren dar su brazo a torcer: el proyecto de ley de muerte digna que está ya tramitándose en el Parlamento y al que los médicos colegiados andaluces han prestado un apoyo condicionado a que se reconozca la objeción.
De momento, sólo el PP les ampara. El PSOE se muestra contrario e IU ha llegado a amenazar con retirar su apoyo a la ley si se acepta la objeción. La Consejería de Salud tiene en su mano dos bazas fundamentales para resistirse a la petición de los médicos. "Esta es una ley de buenas prácticas en la que entendemos que no hay nada que pueda crear conflictos de conciencia", explican fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero. La Constitución juega también a favor de la Administración: sólo contempla la objeción en el caso del servicio militar obligatorio, ya extinguido.
Una sentencia del Tribunal Constitucional reconoció en 1985 el derecho a objetar al aborto, pero los expertos advierten de que eso no significa que cualquier caso sea equiparable a la interrupción del embarazo a la hora de recurrir a la objeción, especialmente cuando choca con una ley, como sería el caso de la muerte digna. El Constitucional negó, por ejemplo, el derecho a objetar a de los Testigos de Jehová, que la solicitaron para renunciar a las transfusiones.
La intención de los médicos andaluces es que se regule la objeción "para todas las especialidades y supuestos". "Sería muy difícil cerrar un listado, la medicina avanza rápido y es imposible saber cómo vamos a estar trabajando dentro de unos años", explicó esta semana el presidente de los colegios andaluces. Salud advierte de que la Junta no tiene competencias para regular este derecho, ni para un sólo supuesto (como a ley de muerte digna) ni para todos. La Consejería y el PSOE, que quieren que la norma sobre la muerte digna se apruebe con consenso, tienen por delante uno de esos trabajos reservados para mañosos de la política: convencer a los defensores de la objeción de que la nueva ley es apta para todas las creencias o convencer a los detractores de que el texto puede recoger este derecho sin desvirtuar su espíritu.
