La asociación Recuperando ha solicitado desde 2018 tres reuniones con los ministros de Justicia y Vicepresidencia, pero ha recibido la callada por respuesta mientras pacta una solución con los obispos. Todo indica que el listado de bienes inscritos será entregado al Congreso en las próximas semanas.
Todo apunta a que el inventario con casi 35.000 bienes inmatriculados por la Iglesia católica podría ser enviado al Congreso de los Diputados en breve. De confirmarse ese extremo, el listado llegará con dos años de retraso y sin que el Gobierno haya aclarado hasta el momento qué solución piensa arbitrar ante la controvertida inscripción de decenas de miles de fincas y edificios por parte de los obispos, incluido el inmenso patrimonio cultural de todo el país.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha abordado la espinosa cuestión de las inmatriculaciones con la Conferencia Episcopal en el más absoluto hermetismo. Y lo poco que ha trascendido hasta ahora resulta intranquilizador para la veintena de colectivos patrimonialistas, integrados en la coordinadora Recuperando, que llevan años reclamando la nulidad de las inscripciones eclesiásticas por presunta inconstitucionalidad del polémico artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que equiparaba a los prelados con fedatarios públicos y a la Iglesia con el Estado.
Recuperando acaba de hacer público su profunda preocupación por lo que considera una negociación «en secreto» entre el Gobierno y la Iglesia que en la práctica podría conducir a la «impunidad» de la mayoría de los bienes inmatriculados por los obispos sin haber aportado título escrito de propiedad. El hecho cierto es que el Ejecutivo solo ha mirado a la Conferencia Episcopal como interlocutora y ha ignorado a los colectivos ciudadanos que sacaron el escándalo a la luz hace ya más de una década.
Fue Recuperando quien presentó ante el Parlamento en febrero de 2017 la solicitud formal para que la cámara reclamara el listado completo de bienes inmatriculados, que ahora está a punto de llegar al Congreso. Desde esa fecha, ha pedido tres reuniones oficiales al Gobierno. En septiembre de 2018 cursó petición por escrito a la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, y dos meses más tarde, en noviembre de ese mismo año, hizo lo propio con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. En enero de 2020, poco después de la investidura del presidente Pedro Sánchez, volvió a pedir una reunión con el nuevo titular de Justicia, Juan Carlos Campo.
Ninguna de las tres peticiones ha fructificado. Mientras tanto, la vicepresidenta Calvo ha avanzado en sus conversaciones con la jerarquía eclesiástica, siempre dentro de la más absoluta reserva. Hace poco más de dos semanas, fuentes de la Conferencia Episcopal filtraron informaciones inquietantes sobre el curso de las negociaciones con el Ejecutivo. «El Gobierno ha reconocido que la Iglesia hizo lo correcto con las inmatriculaciones», aseguraron portavoces eclesiásticos al diario digital especializado Religión Digital. Esos mismas fuentes indicaron que la entrega del listado al Congreso de los Diputados era cuestión de días.
Las señales pintan mal, a juicio de los colectivos patrimonialistas. Las filtraciones de la Iglesia y el mutismo gubernamental presagian que el Ejecutivo podría optar por una salida «en falso» al conflicto de las inmatriculaciones y no se atreverá a hincarle el diente a un asunto de enorme trascendencia patrimonial y de compleja solución jurídica. En ese caso, «el presidente del Gobierno habría incumplido uno de sus compromisos electorales, reafirmado expresamente en el discurso de investidura», indica el comunicado de Recuperando. Pedro Sánchez anunció en el Congreso de los Diputados que promovería las «modificaciones legislativas oportunas» para facilitar la recuperación de los bienes «indebidamente» inmatriculados.
Hasta ahora, el Gobierno no ha movido un pie para dar pasos en esa dirección. Todo lo más a que estaría dispuesta a llegar la Iglesia sería a retirar algunas inscripciones efectuadas «por error» y así lo ha expresado públicamente en alguna ocasión. Recuperando cree que en estos dos años en que el listado ha dormido en el cajón del Ejecutivo, los obispos han podido aprovechar para «limpiar» algunas de las inmatriculaciones más inequívocamente discutibles.
El listado que obra en poder del Gobierno incluye casi 35.000 registros efectuados entre 1998 y 2015, cuando el artículo 206 de la Ley Hipotecaria fue modificado con el Gobierno de José María Aznar. Los colectivos ciudadanos reclaman, sin embargo, que el inventario se amplíe desde 1946, en cuyo año el dictador Francisco Franco igualó a los obispos con los funcionarios públicos y les permitió inscribir bienes sin acreditar su titularidad. En ese supuesto, las inmatriculaciones alcanzarían los 100.000 bienes, según cálculos de Recuperando.
Para la coordinadora patrimonialista, ningún apaño es admisible. Su posición al respecto es clara: todas las inmatriculaciones son nulas de pleno derecho y deben ser retiradas en bloque. Luego, que la Iglesia registre a su nombre los bienes cuya titularidad pueda demostrar por los cauces ordinarios y sin beneficiarse de ningún privilegio jurídico. Otra cuestión sustancial, en su opinión, es que los bienes de dominio público, que integran el «legado cultural inmemorial», no pueden ser privatizados en modo alguno.
En las próximas semanas, Recuperando entregará en el Parlamento y al Gobierno un documento con propuestas de solución concretas al controvertido asunto de las inmatriculaciones de la Iglesia.
