El argumento de la libertad de elección para defender la enseñanza segregada no se sostiene
El debate sobre la enseñanza segregada por sexos está plagado de minas. Hay países, como Alemania, que han iniciado experiencias de colegios solo para chicos o solo para chicas en la supuesta creencia de que el distinto ritmo de maduración y las diferentes habilidades de unos y otras aconsejan una educación por separado para mejorar el rendimiento de todos. Son experiencias que responden a una corriente de opinión que resulta, sin embargo, sospechosa. Primero porque hay abundante literatura sobre la importancia de la integración, lo que forma parte de la educación en su sentido más global. Segundo porque en esos países, como Alemania o Estados Unidos, donde la escuela segregada está muy extendida, nadie osaría hacer las mismas consideraciones respecto a los alumnos negros, blancos o latinos.
La historia de la escuela mixta no es muy larga. No hace mucho más de cien años que las mujeres se empezaron a incorporar de manera masiva a la educación, hasta entonces masculina. ¿No es llamativo que se pretenda volver atrás con argumentos no demostrados por los informes más solventes?
En España, esa historia es aún más corta. El franquismo, con la colaboración de la Iglesia Católica, prorrogó la educación segregada hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. Nuestra joven democracia se sacudió rápidamente ese fardo y ahora son prácticamente en solitario los centros religiosos —casi todos ellos próximos al Opus Dei— los que defienden la educación segregada por sexos. La gran diferencia en este inicio de curso es que ahora cuentan con el apoyo explícito del Gobierno de Mariano Rajoy.
El asunto lo han puesto de actualidad dos sentencias del Tribunal Supremo, que en julio dictaminó que es legal negar la subvención pública a aquellos colegios que separan a alumnos y alumnas. Habría sido una buena coartada para ahorrar en una partida, la educativa, en la que este Gobierno pretende recortar 4.000 millones de euros. Pero no. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha recibido la noticia prometiendo un cambio legal que garantice la subvención a los 70 centros religiosos concertados que segregan a chicos y chicas. Y el argumento del ministro es calcado del que utiliza el Opus: es importante preservar la libertad de elección de los padres.
Me temo que estamos ante una nueva exhibición de perversión de las palabras, una estrategia bien engrasada en este Gobierno, como bien describía un reciente artículo publicado en este periódico y titulado La ocupación del lenguaje. Primero porque el Supremo no prohíbe estos centros; solo les niega la subvención pública. Los padres podrán elegir; pagando, claro. Segundo, porque el argumento de la libertad como principio sagrado puede llevar a una casuística rayana con el despropósito. ¿Por qué no colegios para homosexuales, para gitanos o para inmigrantes? Tercero, porque también resulta sospechoso que este Gobierno se alinee con las tesis de los ultraconservadores religiosos. Ellos nunca se distinguieron por la defensa de las libertades; menos todavía por la no discriminación sexual. De hecho, esta última está en la base de su ideario.
En este asunto hay, además, coincidencias y contradicciones dignas de tener en cuenta. Por ejemplo, el verano ha terminado en Egipto con la vuelta al velo o hiyab en la televisión pública de una locutora. El nuevo Gobierno islamista de Mohamed Morsi, que no ha clamado contra los que increpan a las ciudadanas que pasean sin velo, estaba contra la prohibición de esta prenda en el canal público —lo que quizá sea razonable—, pero ha defendido el regreso al pañuelo argumentando la libertad de elección de las egipcias para cubrirse. Qué coincidencia tan incómoda.
La contradicción está en el propio ministro español. Una de sus primeras iniciativas fue enterrar la asignatura Educación para la Ciudadanía. Dijo Wert que así se evitaría el “adoctrinamiento” de nuestros jóvenes. ¿Cómo habría que calificar el adoctrinamiento —legítimo, por otra parte— de los colegios religiosos? Menos mal que este Ejecutivo que llama reformas a los recortes será capaz de encontrar el término apropiado y de dotar de presupuesto su iniciativa: elaborar una nueva ley educativa que ponga las cosas en su sitio.
