Plataformas ciudadanas y Europa Laica entregan en el Congreso un recurso al Constitucional para que lo firmen 50 diputados
Los católicos han pedido hoy a la Iglesia que devuelva al pueblo los edificios, fincas y templos que los obispos han puesto a su nombre durante más de una década amparados en un artículo de la ley hipotecaria y su reglamento que aún perduran desde el franquismo. Acompañaron a representantes de las dos plataformas ciudadanas, la de Navarra y la de Córdoba, que han llevado esta lucha hasta las instituciones y la organización Europa Laica. Todos han ido esta mañana al Congreso de los Diputados, donde han dejado registrado un documento redactado para que lo puedan usar los diputados: se trata de un recurso ante el Constitucional contra esos artículos franquistas. Necesitan que 50 diputados, sean del grupo que sean, lo firmen y lo entreguen al alto tribunal. Como grupo, solo el PSOE tiene en su mano hacer eso, por su número de escaños, pero no ha dado intenciones claras de hacerlo.
La novedad hoy ha sido la incorporación activa de Redes Cristianas, una organización de católicos de base con conexiones por toda Europa con otras asociaciones semejantes. “Estamos profundamente indignados con las inmatriculaciones [como se conoce al registro por primera vez de un inmueble sin dueño aparente] por parte de la Iglesia. Aunque esto sea legal es una legalidad preconstitucional y antidemocrática”, ha señalado Evaristo Villar, portavoz de la organización. “Las fuerzas políticas deberían tomar cartas en el asunto. Todas”, ha añadido. “Y como cristianos entendemos que es una deslealtad hacia el pueblo español y el Estado que tan bien han tratado a la Iglesia: reciben 11.000 millones en conceptos varios”, señala Villar.
La ley hipotecaria de 1946 y los reglamentos posteriores equiparan a los obispos con funcionarios y les permiten registrar a su nombre cualquier propiedad que, en principio, no tenga un dueño reconocido como tal. Basta que el obispo lo diga. Así ha venido ocurriendo desde hace décadas. En 1998 el Gobierno de José María Aznar amplió ese privilegio hasta los templos de culto, prácticamente lo único en que la Iglesia no podía actuar de ese modo. Y desde entonces, la jerarquía católica ha inmatriculado miles de propiedades de todo tipo, pero también algunos monumentos de prestigio internacional, como la mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla y numerosas iglesias, catedrales y ermitas, entre otros bienes.
Sintiéndose desamparados, los ciudadanos se han ido organizando estos últimos años para que el pueblo recobre lo que, dicen, le pertenece. Pioneros fueron los navarros, que se fueron enterando de estas “tropelías por casualidad” y montaron una plataforma que consiguió cierto apoyo de su parlamento foral. Una petición formal que partió de él consiguió que el Gobierno pusiera cifra a lo inmatriculado en esa región, más de 1.100 inmuebles, incluida la catedral. Pero la cifra en toda España no se conoce. Ningún Gobierno, ni del PSOE ni del PP, la ha facilitado.
“La reforma del Ejecutivo de Rajoy sobre la ley hipotecaria acabará con este privilegio, pero permitirá que los obispos sigan todo un año, hasta que entre en vigor, rematando las inmatriculaciones que haga falta”, se quejan en la plataforma de Navarra. Por eso esta mañana han entregado el recurso ante el Constitucional en el Congreso, para que 50 “diputados libres paren el mayor expolio de bienes conocido por parte de la Iglesia”, dijo ayer un portavoz de la plataforma cordobesa, Antonio Manuel Rodríguez. “La disciplina del partido no forma parte del ordenamiento jurídico español. Queremos señalar directamente a los responsables de este expolio contra el patrimonio, el PP por perpetrarlo y el PSOE por consentirlo. Ya no valen excusas técnicas. Si no presentan el recurso enviarán el mensaje de que la inconstitucionalidad se convalida con el paso del tiempo. El Tribunal Europeo se ha echado las manos a la cabeza cuando le hemos comentado esto. Y hasta allí llegaremos si en España los políticos o los tribunales no nos dan una salida”, ha explicado Rodríguez.
Si el Constitucional admitiera a trámite este recurso y declarara ese artículo de la ley hipotecaria inconstitucional, nada de lo hecho hasta ahora quedaría revocado, “pero los ciudadanos tendrían un fuerte apoyo jurídico para reclamarlo en los tribunales en adelante”, ha explicado la abogada de la plataforma navarra Carmen Urriza.
Su homólogo en Córdoba, Antonio Manuel Rodríguez, ha dejado una petición: “Que se auditen los bienes robados al pueblo y el coste social que eso representa, ese paraíso fiscal, sin tributos y sin declaraciones en el que vive la Iglesia ¿cuánto le cuesta a los ciudadanos?”
“Ahora que hay que tantos desahucios, duele ver que la Iglesia cierra las puertas de sus inmuebles al pueblo y los llena de silencio y sombras. Que lo devuelvan todo y que estos lugares sean plaza pública, lugar de encuentro entre religiones, ideologías, modos de pensar, lugares de paz”, ha zanjado Evaristo Villar.
