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Santiago Cantera, prior de los benedictinos del Valle de los Caídos. EFE/Mariscal/POOL

Los benedictinos preparan una batería de demandas para bloquear su expulsión de Cuelgamuros

La congregación, que apunta a volver a Silos, se plantea presentar demandas por impago de las cuotas a la Fundación del Valle, recursos a la constitucionalidad de la Ley de Memoria Democrática y ataques a la libertad religiosa para frenar su salida hasta un posible cambio de escenario político tras las generales

Los monjes benedictinos del Valle de Cuelgamuros tendrán que salir del Valle. Y tendrán que hacerlo pronto, en virtud de la Ley de Memoria Democrática. Pero no lo pondrán fácil ya que están dispuestos a litigar antes de abandonar el valle.

La comunidad dirigida por Santiago Cantera se inclina por la pelea pese a que en los últimos meses, tal y como ha podido saber elDiario.es, se han intentado arbitrar distintas soluciones, desde la creación de una nueva comunidad en el ‘cementerio de los mártires’ de Paracuellos, hasta la diseminación de los religiosos en varios cenobios de la congregación, pasando por una vuelta al monasterio de Silos (en Burgos, de donde partieron en 1958 para fundar el monasterio en el Valle de los Caídos) que, hoy por hoy, se antoja como la más factible.

Silos es el destino más barajado por los benedictinos, asegura El Periódico. Consideran los monjes, según esta versión, que sería el lugar natural para el regreso de una comunidad que no tendría más de una docena de miembros (la norma que creó la Fundación del Valle, hoy derogada, exigía una presencia mínima de 20 monjes). Otra opción podría ser el monasterio de Leyre en Navarra, también benedictino, aunque esta posibilidad es bien remota. Mucho más lejano sería el traslado a Montserrat (imposible, de hecho, porque se trata de benedictinos de otra rama, no dependiente de la de Solesmes).

“No hay nada decidido”, asegura a El Periódico el abad de Silos, el monje, teólogo e historiador religioso Lorenzo Maté, restándole inminencia al traslado. Lo mismo hace La Moncloa, aunque en este caso sí hay cierta preocupación por los plazos. También está pendiente, apuntan, una negociación con el Arzobispado de Madrid para determinar el futuro de la abadía y de la conservación religiosa del complejo (el templo no se tocará).

Las negociaciones no han comenzado, aunque sí se han dado algunas tomas de contacto. La Comunidad de Sant’Egidio, un movimiento especializado en la resolución de conflictos y la búsqueda de la paz en todo el mundo, podría ser quien asumiera la gestión del recinto religioso. Pero para ello primero hay que ‘sacar’ a los benedictinos de Cuelgamuros. Y no será tarea fácil.

Pero antes de cualquiera de estas soluciones, los benedictinos de Cuelgamuros tienen que abandonar el lugar y venderán cara su derrota, según ha sabido elDiario.es. Los monjes no descartan –están siendo animados a ello por ciertos grupos vinculados a la derecha extrema mediática, política y jurídica– emprender acciones legales contra Patrimonio Nacional y contra la Ley de Memoria Democrática, que declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos lo que, en puridad, habría de suponer la salida de la comunidad.

De hecho, se están preparando un pleito por impago de las cuotas destinadas a la fundación (que llevan varios años congeladas por Patrimonio), y una cuestión de constitucionalidad sobre la norma que cambia de nombre al Valle y reconfigura el espacio para convertirlo en un espacio de memoria.

Dilaciones hasta ¿un nuevo gobierno?

Los monjes, liderados por Santiago Cantera, tampoco descartan una denuncia por vulneración del derecho fundamental a la libertad religiosa, pues no son pocos (incluso, dentro del episcopado) que aseguran que la marcha de los benedictinos es un ataque directo a la fe cristiana, utilizando para ello el bulo del cierre de la abadía y del templo e, incluso, el derribo de la cruz, la más alta del mundo. Nada de esto está contemplado en la ley, pero el andamiaje mediático podría servir para estructurar una demanda que, hay ejemplos previos, podría ser admitida por el sistema judicial.

El objetivo final no sería tanto evitar la expulsión, sino ganar tiempo para bloquearla y confiar que, dentro de un año, las elecciones generales configuren un escenario en el que la derecha (PP y VOX) reviertan, como así han prometido en numerosas ocasiones, la Ley de Memoria Democrática.

El propio prior del Valle, en una entrevista con Mundo Cristiano, reclama que “dejen a los muertos en paz” y ha precisado que no sería fácil expulsar a los monjes benedictinos, pues están en el ahora denominado Valle de Cuelgamuros por un convenio que el Estado “no puede romper unilateralmente”. Para Cantera, al ser la abadía de derecho pontificio –nace en 1958 por un decreto del Papa Pío XII–, un Estado no podría romper el convenio unilateralmente, sino que “haría falta la aprobación escrita y firmada desde la Santa Sede”. Asimismo, denuncia que llevan “cinco años” sin aportarles económicamente lo que les correspondería “de los fondos recaudados por la Fundación para el cumplimiento de los fines fundacionales asignados” y que siguen desempeñando

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