Los obispos Reig Plá y Sanz se abren a acoger a los monjes si son expulsados, para que sigan rezando «por la unidad de España» y los «caídos por la Patria»
Después de Franco, los monjes. El Gobierno quiere expulsar a los benedictinos del Valle de los Caídos mediante un decreto ley en cuanto apruebe la nueva Ley de Memoria, que ya ha registrado en el Congreso. Pero los religiosos capitaneados por el prior falangista Santiago Cantera no lo pondrán fácil. La Abadía afronta los planes del Gobierno revelados este martes por eldiario.es «con tranquilidad» pero con la amenaza de emprender acciones legales contra el Ejecutivo.
Los benedictinos arguyen un posible delito de profanación de recinto sagrado, y una posible vulneración de los Acuerdos Iglesia-Estado. Pero esto no preocupa al Ejecutivo. Al fin y al cabo, ya ganaron la batalla contra Cantera cuando intentó impedir la salida de los restos de Francisco Franco de su tumba junto al altar.
Precisamente, el papel de los religiosos durante el proceso de exhumación del dictador es el que ha sellado su futuro: el desafío y las trabas constantes convencieron al Ejecutivo de que la congregación debe ser desterrada de Cuelgamuros cuanto antes.
La vicepresidencia de Carmen Calvo espera culminar el proceso con éxito tras un diálogo –que aún no se ha puesto en marcha– con el Arzobispado de Madrid, de quien depende eclesialmente el entorno, puesto que el Gobierno no pretende desacralizar la basílica, sino ceder el control a la diócesis, que sería a partir de entonces quien dictaminaría quién se haría cargo del culto y de su uso litúrgico.
Dos posibles destinos
Sea como fuere, la siguiente pregunta está en el aire. Si los frailes salen de Cuelgamuros, ¿dónde irán? Dos lugares emergen por encima del resto: Oviedo y Alcalá de Henares. El arzobispo ovetense, Jesús Sanz, y el polémico obispo Juan Antonio Reig Plá han abierto ya, según varias fuentes, las puertas de sus diócesis a los religiosos del Valle.
Sanz, líder del sector ultraconservador de la Iglesia española y considerado el ‘delfín’ de Rouco Varela, habría ofrecido a los monjes una presencia en su diócesis, en algún lugar cercano a Covadonga, donde poder seguir ejerciendo su misión de orar por la unidad de España, cerca de la tumba de don Pelayo, la misma en la que Santiago Abascal arrancó su última campaña electoral.
Por su parte, Juan Antonio Reig quiere ‘exportar’ el modelo del Valle de los Caídos al Cementerio de Paracuellos del Jarama. Allí, en la llamada ‘catedral de los mártires’, el paraje del Arroyo de San José, donde reposan los cuerpos de miles de personas asesinadas durante la Guerra Civil, el polémico obispo de Alcalá anunció su intención de fundar un monasterio de vida contemplativa para orar por los caídos por Dios y por España, al más puro estilo de los benedictinos en Cuelgamuros.
En la actualidad, el cementerio está custodiado por la Hermandad de Nuestra Señora de los Mártires de Paracuellos, asociación de fieles católicos perteneciente a la diócesis de Alcalá de Henares, que es la máxima responsable de todo lo que sucede en el camposanto. En noviembre pasado, durante su homilía por los ‘mártires de Paracuellos’, el obispo calificó el cementerio como «un laboratorio de la fe en el que, más allá de las luchas ideológicas, queremos recibir, en la carrera de nuestra vida, la antorcha de aquellos campeones del espíritu que, sin temer la muerte, entregaron su vida por amor a Dios y por amor a España».
La resignificación del Valle
Calvo ha comparecido este miércoles en la Comisión Constitucional del Congreso para informar sobre las líneas generales que va a llevar a cabo su cartera: Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Ha hablado de la reforma «importante» que quiere hacer durante los próximos meses de la Ley de Memoria Histórica de 2007, un ámbito que ha asumido con la nueva vicepresidencia.
Uno de los principales objetivos de Calvo es, precisamente, la resignificación del Valle de los Caídos. Además, planea implementar un censo de desaparecidos, que incluirá un banco de ADN de víctimas, para «seguir abriendo fosas, exhumar, reconocer, identificar y entregar» sus restos a sus familiares; y también identificar los lugares de memoria democrática «para que todos los conozcan, particularmente los jóvenes».
Calvo también ha mencionado en su comparecencia la modificación de otras normas, para retirar honores a personas con cargos franquistas, para anular las condenas del franquismo, como la de Companys, y para implementar varios días de Memoria, entre ellos el 8 de mayo por las víctimas antifascistas que fueron asesinadas en los campos de exterminio de Mauthausen. Todo quiere hacerlo «con perspectiva de género» –»las mujeres sufrieron particulares vejaciones y delitos»– y ampliando el concepto de ‘memoria’ no solo hasta el golpe de Estado de 1936 sino «al hilo largo de los 200 años de constitucionalismo de nuestro país».
El IBI, en la mira de la vicepresidenta
La vicepresidenta no se ha referido en particular al futuro de los benedictinos, pero sí ha sacado pecho de las nuevas competencias que ha adquirido: las de libertad religiosa. La Conferencia Episcopal tampoco ha querido pronunciarse sobre la información de eldiario.es: en la rueda de prensa que brindó horas después de conocerse la noticia, el portavoz de los obispos zanjó el tema con un «hoy no toca» hablar de ello.
Calvo ha abundado sobre su «interés personal» en el ámbito de la religión –»que me he dedicado muchos años a estudiar»– y ha esbozado sus intenciones. Cultivar las relaciones del Gobierno con el Estado Vaticano está entre las primeras; y ha puesto como muestra la reunión que ya tuvo con el nuevo nuncio apostólico en España, Bernardito Auza, el pasado 22 de enero.
Además de sus encuentros con representantes de la Santa Sede, la vicepresidenta ha hecho hincapié en que hará una revisión fiscal de la Iglesia Católica, «como se hace en Francia e Italia» y ha dado por hecho que la Iglesia comenzará a pagar el IBI de los edificios no destinados al culto.
Asegura que hasta el momento ha encontrado «la mejor disposición» por parte de la Iglesia, algo que corroboran fuentes eclesiales. Tanto con el tema del Valle de los Caídos como con la modificación de ciertas cuestiones fiscales, el diálogo con la cúpula religiosa menos conservadora es fluido. De hecho, Calvo ha anunciado que se reunirá con la Conferencia Episcopal en marzo, después de las elecciones de la Iglesia española. El Gobierno confía que la nueva cúpula esté más en línea con el Papa Francisco y con las intenciones del Ejecutivo. Mientras tanto, la vieja guardia ultraconservadora se prepara para acoger –y dar un propósito– a los desahuciados benedictinos.
