El encubrimiento de la pederastia en la Iglesia es una responsabilidad estructural e institucional
Hasta 2016, con la investigación desde este diario del caso Maristas, un velo de silencio había encubierto los abusos sexuales producidos en el ámbito de la Iglesia católica en España. Desde entonces se han ido sucediendo denuncias en un proceso lento y doloroso, una vez las víctimas fueron conscientes de que podían levantar la voz y ser escuchados, en lugar de acallados, ignorados o incluso estigmatizados. En este ejercicio de memoria, que debe serlo también de justicia, de restitución y de rectificación para evitar que esta lacra se reproduzca, se enmarcan desde la ley de protección de la infancia de 2021 hasta las nuevas instrucciones de la Conferencia Episcopal del pasado verano que tan tardíamente aplican la política de tolerancia cero del actual papado o el informe del Defensor del Pueblo presentado la semana pasada (y el propio del episcopado, que no acaba de llegar). El solo hecho de que este proceso no haya llegado hasta bien entrado el siglo XXI, y enfrentándose a resistencias y excusas, obliga a señalar responsabilidades mucho más allá de las que corresponden a los delincuentes, vivos o muertos, judicialmente impunes o no, que agredieron sexualmente a menores por quienes en teoría debían velar. El encubrimiento de este escándalo es una responsabilidad estructural e institucional.
Del informe del Defensor del Pueblo se ha destacado especialmente, más que los testimonios recogidos en su investigación (487) o los casos ya reconocidos desde la Iglesia (1.385 víctimas), o las reflexiones sobre las causas de lo sucedido y las propuestas de enmienda y atención a los afectados, el resultado de una encuesta telefónica y ‘online’ a 8.000 personas según la cual el 11,7% de los encuestados habían sido víctimas de algún tipo de abuso y, de estos, el 34% en la familia, el 10,5% en escuelas o dependencias religiosas, el 9,6% en el ámbito educativo no religioso, el 7,5% en el entorno laboral… Las cifras que se puedan extrapolar de este sondeo no pueden sustituir al relato documentado de testigos y la investigación de denuncias, que solo ahora empieza. El Defensor del Pueblo quiso evitar especular con extrapolaciones que llevasen a calcular, por ejemplo, en 440.000 las víctimas en el entorno de la Iglesia (o 1,5 millones en el ámbito familiar, o 300.000 en el laboral). Sí se trata de un ejercicio que indica que solo ha emergido parte de una realidad, y que esta va unida al ejercicio de forma autoritaria del poder, en ausencia de una respuesta social como la que finalmente ha llegado y, lo que es más evidente mirando al pasado, que se desarrolló sin trabas en ausencia de democracia, cuando jueces, policías, profesores, pastores o patrones estaban imbuidos de una autoridad incontestada ante quienes no eran considerados ciudadanos en ejercicio de sus derechos.
Pero esas prácticas, y la ocultación, y sus consecuencias traumáticas, han llegado hasta hoy. Los obispos no deberían contentarse con señalar cifras que puedan ser imprecisas o apuntar a los abusos en otros ámbitos. En su respuesta a Gabilondo han rehuido encerrarse en una actitud defensiva y han admitido que sus recomendaciones son «valiosas». Pero han tardado demasiado en asumir que no pueden contentarse con tratar a los abusadores que medraron a su sombra como pecadores merecedores de perdón tras confesar sus faltas y hacer propósito de enmienda y que el foco debe ponerse en la atención a las víctimas, miles de personas, sean cuantas sean, con las que están en deuda.