El Gobierno francés de Nicolas Sarkozy ha declarado la guerra al burka y baraja la posibilidad de desterrarlo del suelo francés. Es una iniciativa que está mereciendo la atención de los analistas. A nadie parece dejar indiferente la cuestión en un continente que acoge ya a 20 millones de musulmanes, de los cuales una minoría quizá creciente mantiene señas exteriores de identidad en las que los occidentales, especialmente desde el 11-S, perciben una amenaza.
El burka es, bajo ese punto de vista, una prenda que produce un doble rechazo porque es un símbolo del sometimiento femenino; un regreso a los métodos más arcaicos del machismo. Para muchos ciudadanos occidentales, si no la mayoría, es un espectáculo intolerable en una sociedad laica que aspira a la igualdad y a la libertad individual, y causa preocupación la ausencia de respuesta, la aparente naturalidad con la que esa misma sociedad lo acepta. Estampa paradigmática es la que se produce cada viernes en el barrio europeo de Bruselas, cuando los funcionarios europeos se mezclan con los musulmanes que acuden a la mezquita situada en el epicentro de Europa. De entre ellos, no son escasas las siluetas de mujeres ataviadas con burka o con niqab (que oculta todo el cuerpo salvo los ojos) que esperan, silenciosas, el momento de atravesar un paso de peatones. Fernando Iturribarría ha descrito recientemente el burka como una "mortaja de la libertad femenina" (El Correo, 4/02/2010) y, en efecto, hay algo mortuorio, contrario a la vida, en esa prenda que convierte a la mujer en un fantasma.
Contra la prohibición del burka hay obstáculos jurídicos de peso. Para algunos expertos, la prohibición supondría una "importante injerencia en la existencia de al menos tres derechos fundamentales: la libertad religiosa, la libertad de opinión y la libertad de movimientos" (Le Monde, 13/11/2009). El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, se ha mostrado también en contra por el recorte de libertades que supone, además de considerar que "crea la impresión de que el objetivo es una determinada religión". Coincide Hammarberg con el profesor de Democracia, Derechos Humanos y Periodismo en el Bard College de Nueva York Ian Buruma: "Prohibir el burka obligaría a esta pequeña minoría de mujeres
[las que viven en Occidente] a quedarse en casa y ser aún más dependientes de sus hombres" (La Vanguardia, 15/02/2010). Desesperante, pero pragmático argumento.
Bernard-Henry Lévy es de los que ha defendido la prohibición del burka (EL PAÍS, 21/02/2010) con argumentos contundentes. El burka no es una prenda de connotaciones religiosas. No hay ningún texto islámico que obligue a portar prendas como ésa. El burka es una cárcel a medida, viene a decir, para concluir: "Aunque hubiera una única mujer en Francia que se presentase enjaulada en el hospital o en el Ayuntamiento, habría que liberarla".
Nuestras sociedades no pueden permitir en su suelo una sola mujer que sea obligada a vestir el burka o el niqab y que, en definitiva, tenga recortados sus derechos ciudadanos. Sospechamos que el uso de tales hábitos responde a imperativos que no aceptamos, pero actuar indiscriminadamente contra ello podría ser contrario a nuestros principios de legalidad. ¿Cómo prohibir el burka a una mujer que lo portara por voluntad propia?
Legislar contra el burka es una opción compleja por la que parecen decantarse la mayoría de los europeos. El 50% de los alemanes están a favor de la prohibición tal como la está planteando Francia, país donde tal porcentaje sube hasta el 70%. En España, el apoyo popular se sitúa en el 63%, según un sondeo FT/Harris Poll recién publicado (Financial Times, 02/03/2010).
La mera prohibición respondería a una estrategia puramente cosmética capaz de devolver a nuestras calles una estética que consideramos más propia de nuestra cultura. Nos evitaríamos tan inquietantes compañías en los pasos de cebra, pero quizá obtendríamos el gran logro de confinar a esas mujeres al arresto domiciliario del que previene Buruma. ¿Qué hacer?
Dos casos recientes acaecidos en Tarragona marcan una buena hoja de ruta: la persecución de los delitos ya tipificados en nuestro Código Penal. En Cunit, la justicia persigue a los que han acosado y amenazado a una trabajadora del Ayuntamiento de origen marroquí por no portar pañuelo y conducir. En Valls están procesados los miembros de la comunidad magrebí que pretendieron erigirse en tribunal islámico contra otra mujer del mismo origen que quiso tener un hijo sin el acuerdo de su marido. No se juzga el uso del pañuelo o la libre decisión de una mujer, sino los presuntos delitos de detención ilegal, tentativa de homicidio, asociación ilícita, amenazas, coacción o calumnias.
Disponemos de leyes para obligar a un ciudadano a descubrirse la cara en ciertos lugares públicos por razones de seguridad y tenemos herramientas legales para perseguir lo que creemos que se esconde detrás de un burka o un niqab. Lo importante no es desterrar una prenda en una sociedad de acendrada permisividad en el atuendo, sino aplicar nuestras leyes con todas las garantías y, sobre todo, con el convencimiento y la determinación de que cualquier mujer maltratada, sea cual sea su origen y religión, tiene derecho a nuestra defensa.
