Son algunos de los casos para los que se han presentado recursos tras la sentencia desfavorable del Supremo
Dijeron desde el principio que iban a llegar hasta donde hiciera falta ante lo que consideran la vulneración de un derecho fundamental y, de momento, así lo han hecho. Las familias contrarias a la impartición de la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) siguen adelante con su particular lucha y varios casos de Jerez han llegado ya al Tribunal Constitucional. Son, al menos, tres las objeciones jerezanas que se han incluido en el grupo de recursos presentados a la sentencia desfavorable que dictó el Supremo en el mes de febrero de 2009.
Los casos que han llegado en primer lugar a manos de los jueces del alto tribunal han sido admitidos a trámite y se encuentran ahora mismo en fase probatoria por lo que los jerezanos confían en que sus reclamaciones sigan el mismo camino. Según el portavoz del Foro de Laicos Asidonia, Ignacio Martínez –que también ejerce el mismo cargo en la Federación España Educa en Libertad–, «tenemos la certeza de que va a ser así por lo que la posible solución puede estar en un horizonte cercano», dijo. El colectivo espera a que en un máximo de tres meses empiecen a llegar las primeras resoluciones desde el Tribunal Constitucional.
De momento, los casos admitidos a trámite proceden de la provincia de Salamanca aunque poco a poco irán sumándose objeciones de otras localidades del país, entre ellas, las de Jerez. En Andalucía había más de 200 recursos para presentar pero solo se ha materializado un grupo representativo de ellas por el alto coste económico que supone.
Esta lucha en los tribunales viene de lejos. La Junta de Andalucía rechazó las solicitudes presentadas por las familias en las delegaciones provinciales en contra de la asignatura que se empezó a impartir en 2007 y los afectados, ya organizados, elevaron su queja conjunta al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Este organismo les dio las razón a los padres en su derecho a objetar pero la administración, como recordaron ayer desde el Foro de Laicos Asidonia, no se quedó conforme y recurrió la sentencia al Tribunal Supremo. La resolución de 2009 anuló la del TSJA y ahora son las familias las que han acudido al último escalón judicial presentando nuevos recursos. Argumentan para ello que «hay jurisprudencia al respecto en objeciones de conciencia de los farmacéuticos, por ejemplo, y en eso basan sus reclamaciones.
Estos recursos se suman a los ya presentados también en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo hace unos meses. En este caso, son 15 las objeciones de conciencia de estudiantes jerezanas las que esperan la resolución por presunta vulneración de derechos fundamentales. «Extrañamente, todavía no tenemos sentencia de Estrasburgo», lamentó Martínez, que recordó que la resolución del tribunal europeo suele tardar unos seis meses, un plazo que hace tiempo que se ha superado. En total, fueron 105 casos los que se pusieron en conocimiento del tribunal europeo a través de más de 300 denuncias.
En estas demandas las familias reclaman que «se adopten medidas provisionales que obliguen al Estado español a no forzar la entrada de los niños en las clases de EpC (medidas cautelares que los eximan de asistir a las clases y de ser evaluados), que se reconozca que se han vulnerado derechos fundamentales de los padres y de los hijos (como la libertad ideológica, la educativa o el derecho a la intimidad personal y familiar), la compensación por los daños morales causados y, por último, que el tribunal europeo requiera a España para que respete la neutralidad ideológica del sistema educativo e impida futuras vulneraciones de los derechos actualmente invocados en el conflicto», según explicaron en su momento los implicados.
Conversaciones políticas
Además de su lucha en los tribunales, las familias objetoras también han emprendido otros caminos contra la asignatura. «Estamos intentando hacer una ronda de conversaciones con los políticos pero en las administraciones gobernadas por el PSOE no se quieren sentar con nosotros», dijo Martínez. Si han tenido encuentros a nivel nacional con el Partido Popular, ante un posible cambio de siglas en el gobierno tras las próximas elecciones generales. «Retirarán la asignatura del currículum o la modificarán de forma que solo incluya formación constitucional», contó el portavoz. Si no se produjera ese cambio de gobierno, «tenemos a la vuelta de la esquina las sentencias del Tribunal Constitucional» por lo que la solución, a juicio del colectivo, está más cerca.
Con la vuelta de los estudiantes a las clases, también han retomado las charlas en los centros escolares con las familias contrarias a la asignatura, a las que les informan del proceso a seguir para presentar las objeciones de conciencia contra la materia y les asesoran en todas las dudas que puedan surgir.
Educación afectivo-sexual
El Foro de Laicos Asidonia emprendió el año pasado otro frente más relacionado con la enseñanza: la aplicación de un apartado referido a la educación en la Ley del aborto por el que personal externo a los centros impartirían a los alumnos educación afectivo-sexual. El colectivo ha esperado desde la aprobación de la nueva normativa a que se desarrollara el decreto pero no ha llegado, al menos, en la actual legislatura.
«Los padres queremos que se nos informe previamente de los contenidos que van a impartir a los niños y por eso pedimos que los centros educativos soliciten la autorización paterna, para que se respete este derecho», dijo Martínez.
