Una reciente campaña de un autobús por la ciudad de Madrid ha vuelto a poner “en circulación” una sencilla tesis muy querida por la jerarquía católica y por los colectivos católicos más fundamentalistas: pene=chico; vulva=chica. Resulta inútil utilizar el razonamiento contra la fe así entendida (much@s católic@s lo entienden de otra manera). De nada sirve intentar explicar que una cosa es el sexo biológico y otra el género como construcción social.
Para estas personas un pene implica vestirse de azul, jugar con camiones, ser agresivo, gustarle las chicas y no llorar, mientras que tener vagina supone vestirse de rosa, llevar pendientes desde el nacimiento, jugar con muñecas, gustarle los chicos y necesidad de protección. Esta forzosa socialización temprana, propia de la sociedad patriarcal, ha sido objeto de la sociología, la antropología y la psicología.
Millones de personas en nuestro país han luchado (y lo siguen haciendo) para romper ese binomio sexo-género, como una atribución impuesta, y el resultado de esa lucha se ha traducido en leyes por la igualdad y reconocedoras de los derechos de las lesbianas, los homosexuales, transexuales y bisexuales (LGTB). Leyes contra las que combatió, y aún lo hace, la jerarquía católica, la derecha confesional y los colectivos fundamentalistas anti-derechos, en un vano intento de imponer su moral religiosa a toda la sociedad, bajo la idea de que todo lo que es “pecado”, debe ser ilegal.
Por eso, la citada campaña nos “haría reír” si no fuera para llorar, pues al considerar la homosexualidad una “desviación” a “corregir”, ofrece un aparato ideológico susceptible de utilizarse contra las personas LGTB de forma agresiva y violenta, alimentando la homofobia y la discriminación por motivos de preferencia sexual. Los hechos demuestran que las agresiones al colectivo LGTB se han incrementado últimamente.
No cabe ignorar que a pesar de que la jerarquía católica no respalda esta campaña “en las formas”, comparte plenamente los argumentos homófobos de la misma. Pero no es éste el aspecto en que deseo centrarme en este artículo.
Lo verdaderamente llamativo es que la campaña la han lanzado un@s supuest@s padres y madres (en realidad una asociación ultra católica con un presupuesto superior a 2 M€) en aras de la libertad y denunciando un supuesto adoctrinamiento en “ideología de género”.
En primer lugar, mostrar a l@s menores de edad, paulatinamente y en función de su grado de desarrollo, la existencia de personas LGTB, así como las leyes que reconocen sus derechos, no tiene nada que ver con adoctrinar.
Pero lo que resulta el colmo de la hipocresía es que denuncien supuesto adoctrinamiento, personas que no dudan en adscribir obligatoriamente, nada más nacer, a sus hij@s a una religión; que los inscriban en centros católicos (normalmente financiados por todos los contribuyentes) donde los adoctrinan mucho antes de que tengan uso de razón, en los que son socializados en una creencia específica, sin contacto con otras creencias o cosmovisiones (ni posibilidad de conocerlas).¿Esta es la libertad que propugnan?
¿Pueden imaginarse a un recién nacido al que sus padres, por afinidad ideológica, afiliaran al PSOE, le hicieran el carné del PC, lo apuntaran al PP o lo hicieran socio de una organización atea? Sin duda sería un acto brutal, pero sobre todo, estúpido. Pues estos actos son de la misma naturaleza (atentados a la libertad de conciencia individual) que el “bautizo en la fe católica”. Y esta situación se produce ante la aquiescencia de los tres poderes básicos del Estado: el Parlamento, el Gobierno y la Judicatura.
El recién nacido, como todo menor de edad, es sujeto del derecho humano de libertad de conciencia (libertad ideológica y de religión) reconocido en el artículo 16 de la Constitución Española (CE, en adelante). Y la titularidad plena de los derechos fundamentales del menor está reconocida, desde 1996, por el artículo 3.1 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Pero es un sujeto particular, por cuanto no puede ejercer dicho derecho. De ahí la necesidad de que se establezca una tutela por parte de los padres, mientras ese proceso de formación de la conciencia tiene lugar y se va construyendo su madurez física e intelectual.
Ahora bien, como señala el art. 39 de la CE, la finalidad de la patria potestad es procurar el desarrollo de la personalidad del menor de cara a favorecer su autonomía. De manera que si, como declara el propio Tribunal Constitucional (en su Sentencia 141/2000), los poderes públicos, y especialmente los órganos judiciales, deben velar porque el ejercicio de la potestad de los padres se haga en interés del menor, y no al servicio de otros intereses que, por muy lícitos y respetables que puedan ser, deben postergarse ante el interés superior del niño, ¿dónde reside el interés del recién nacido por formar parte de, o adscribirse a, una religión concreta?¿Cómo puede ser tan brutalmente constreñida la personalidad de un recién nacido, marcándole de manera indeleble, como reconoce, tan cínicamente en ocasiones, la propia Iglesia católica? ¿A quién beneficia esta práctica abusiva y ventajista y autoritaria, sino a la propia Ic, que perpetúa su semillero de creyentes, atrapándolos mucho antes de que tengan uso de razón y puedan elegir por sí mismos? ¿Cómo poner coto a esta práctica deleznable que vacía de contenido el potencial ejercicio del derecho fundamental de libertad de conciencia por su verdadero titular, el recién nacido? Todas estas preguntas reclaman una respuesta urgente de los poderes públicos.
El Estado democrático debería asegurar, al menos, que l@s niñ@s reciben una educación que les ofrece pluralismo, contacto con, y conocimiento de diferentes alternativas, así como aptitudes para un razonamiento crítico respecto a ellas. Nada de esto está presente en el mensaje del autobús que se quiere “hacer oír”. Por eso no nos debe confundir el mensaje: no se trata de libertad sino de liberticidio.
Enrique Ruiz del Rosal
Miembro de la Junta Directiva de Europa Laica
