Confieso que, antes de escribir estas líneas, he preferido dejar que pasen unos días y que se pase un poco también el enojo que me causó la manifestación que recorrió las calles de Zaragoza (dicen que asistieron a ella 30.000 personas) para exigir al Gobierno de Aragón que no cierre ningún aula de Enseñanza Concertada. Los manifestantes, bien aleccionados desde la dirección de esos colegios privados, subvencionados con dinero público y, en su inmensa mayoría pertenecientes a órdenes religiosas (católicas, quiero decir), cuidaron escrupulosamente de no hacer la menor alusión al obvio conflicto de intereses que hay detrás de una exigencia tan imperiosa y se escudaron en la supuesta defensa de la LIBERTAD –genéricamente-, o de la Libertad de Enseñanza -concretando un poco más-, o incluso del orden democrático que emana de la Constitución, amenazado según ellos por el ejecutivo aragonés. Si se les apuraba un poco más sacaban a relucir su preocupación por los puestos de trabajo que pudieran perderse y por la suerte de las familias que dependen de esos sueldos… De verdad que me cuesta trabajo recordar un ejercicio tan acabado de manipulación y cinismo jesuítico, lo mismo que seguramente costaría encontrar entre los manifestantes a alguno de los que suelen asisten a las movilizaciones contra las políticas de austeridad del Gobierno que, esas sí, han destruido millones de puestos de trabajo.
Manipulación porque, para empezar por el principio, el Gobierno de Aragón ni cierra, ni puede cerrar (y en rigor tampoco abre, ni puede abrir) ningún aula de la Concertada por la sencilla razón de que no son de su propiedad. Lo que pueden hacer los poderes públicos es seguir pagando o no por un servicio que la Enseñanza Pública es capaz de prestar a los padres que necesitan escolarizar a sus hijos. O, dicho de otra manera, si el Gobierno cubre determinadas necesidades con cargo a su presupuesto, sería de necios (o algo peor) gastar de ese mismo presupuesto lo necesario para que otros las cubran, es decir, pagar dos veces por lo mismo. Y no hay que ocultar que el Gobierno anterior detrajo recursos de la Enseñanza Pública para volcarlos en la Concertada, mientras el actual ha invertido la tendencia. Esas son las dos opciones políticas, ambas legítimas. No es que una sea garante de la libertad y la otra, liberticida.
En segundo lugar, manipulación porque nadie atenta con eso contra la libertad de elección de los padres a la hora de decidir a qué colegio envían a sus retoños. Pueden enviarlos al que mejor les parezca: tienen la opción de las aulas públicas, que está obligado a garantizar el Estado, en este caso la DGA, o la de las aulas privadas. La primera es gratuita y se paga con los impuestos de todos, la segunda cuesta dinero y rinde beneficios a bolsillos privados. ¿En nombre de qué libertad cabe exigir que esa decisión libérrima de unos padres, y esos beneficios, corran a cargo de todos? La Constitución dice, sí, que los padres tienen derecho a escolarizar a sus hijos en el centro que consideren más apropiado, pero no dice en ninguna parte que esa decisión tengamos que pagarla los demás. Hasta ahí podría llegar la broma.
Ni la Constitución (lo aseguro y estuve como diputado en la legislatura constituyente) ni ley alguna dice tal cosa. Por eso los jueces que deciden mantener a la fuerza esas aulas no invocan ninguna ley y se limitan a suspender la decisión del Gobierno de Aragón de manera cautelar para que no se vean perjudicados algunos intereses… lo que a mi juicio dice bastante sobre los intereses por los que velan de manera más exigente y de la ideología que les inspira. Porque los jueces también tienen ideología, como cada hijo de vecino.
Y, por último, manipulación porque se oculta cuidadosamente que la propia existencia de la Enseñanza Concertada es una anomalía en los países de nuestro entorno europeo. ¿Están todos aquejados de una repentina amnesia y ya nadie recuerda cómo, por qué, en qué condiciones y con qué objetivos nació en España el sistema de conciertos con escuelas de propiedad privada? Es posible que no todos lo recuerden, pero estoy seguro de que a quienes dirigen estas movilizaciones no hace falta refrescarles la memoria. Aun así se la refrescaré:
Cuando, en los años ochenta del siglo pasado, los primeros gobiernos socialistas se aplicaron a la conquista de la Educación gratuita y universal, que llevaba muchas décadas garantizada en la Europa democrática, hacía poco más de un lustro desde el final de la dictadura franquista. Lo raquítico, en medios y en calidad, de la Enseñanza Pública que heredamos del franquismo hacía imposible cubrir las necesidades de escolarización en Primaria y Secundaria y, por el contrario, el nacionalcatolicismo imperante durante cuarenta años había puesto en manos de la Iglesia Católica una imponente red de centros de enseñanza confesional (en muchos casos de élite) que, en buena parte de España, se convertía prácticamente en un monopolio.
La decisión política de garantizar una enseñanza pública, universal y gratuita, y de hacerlo desde el primer minuto, chocaba con una imposibilidad material: no había suficientes centros, ni personal educativo, ni en todos los barrios de las ciudades, ni en todos los pueblos… No había dinero para cubrir todas esas carencias, aunque se gastaron cantidades enormes porque era una prioridad política de aquellos gobiernos, pero sobre todo no había tiempo para dotar a todo el país de lo necesario para alcanzar el objetivo. Es así como se alcanzaron los acuerdos que dieron lugar a la Enseñanza Concertada: el Estado pagaba y la Iglesia ponía su enorme red educativa para solucionar esas carencias (también algunos colegios privados no religiosos, pero el grueso sí lo era). Se trataba, pues, de una solución transitoria al problema, en tanto el Estado ponía en pie una red de Enseñanza Pública capaz de cubrir todas las necesidades y, paulatinamente, se iría reduciendo el volumen de esa concertación hasta llegar a una situación como la que existe en todos esos países europeos –sean sus gobiernos de derechas o de izquierdas-, cuya comparación con nosotros nos hace enrojecer cada vez que se publica el informe PISA.
Al principio hubo una fuerte inversión en ese sentido y creció muy aprisa el número de plazas públicas mientras se reducía el de las concertadas… pero, ay, la influencia de la escuela privada y, digámoslo con claridad, la de la Iglesia Católica, fueron rebajando ese ímpetu inversor y acomodando las cosas de tal modo que hoy, más de treinta años después, muchos parecen pensar que la solución transitoria era la definitiva y que este es el estado natural de las cosas. Un Estado que sigue sin garantizar plenamente el derecho a la enseñanza en centros públicos de calidad y un floreciente negocio que tiene su clientela asegurada. Y el cobro también.
Eso es lo que hay. Ninguna libertad está amenazada (ya me hubiera gustado ver a la Iglesia Católica defendiendo con tanto ardor la libertad en otros tiempos), ni se viola ningún derecho constitucional por el hecho de dar pasos en la dirección que se marcó hace tres décadas. Eso es lo que hay… y algo más, aunque me temo que hablar de ello puede molestar a más de uno.
Porque aquí hay también un monumental ejercicio de hipocresía. Póngase cada uno la mano en el corazón y responda a la pregunta de si conoce o no a unos cuantos padres que llevan a sus vástagos a colegios religiosos (y se escandalizan si alguien pone en duda su “derecho” a llevarlos a ellos) al tiempo que dejan claro que su fe católica es, por decirlo suavemente, muy débil. Por no decir inexistente.
¿Por qué, pues, se empeñan en depositar la formación de sus hijos en manos de unos clérigos en los que no creen? Todos lo sabemos. Porque piensan, con ese egoísmo y con esa insolidaridad que tan a menudo caracterizan a las clases medias, que a la Pública van chicos y chicas que proceden de sectores marginados, (gitanos, inmigrantes, hijos de familias conflictivas, etc.). Y saben que, llevándolos a esos colegios privados, sus retoños no se mezclarán con ellos. Si alguien tiene dudas sobre ello, un dato: solo el 20 por ciento de los alumnos con “necesidades especiales” van a la concertada, el otro 80 va a la pública. Es un secreto a voces que, a través de mil y una triquiñuelas, los colegios privados incumplen su obligación legal de escolarizar a estos niños. Se consiente, se hace la vista gorda… y este es el resultado. Repártanse a esos niños como marca la ley, y veremos cómo se reduce drásticamente el número de padres que eligen la privada. Y exigen que se pague con fondos públicos. Y salen a la calle para protestar si alguien amenaza, siquiera sea levemente, ese status quo injusto, hipócrita e inmoral. Llamemos a las cosas por su nombre.
Así pues, después de unos cuantos días ,retomo mis argumentos de muchos debates en Las Cortes ,deseo y aspiro a que no “se concierte nada” Y antes se conseguirá si empezamos en invertir en la publica mucho mas …..¡¡muy harto ¡¡
