“El derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir un centro educativo no son una emanación estricta de la libertad de enseñanza reconocidas en el artículo 27 de la Constitución”. Estas han sido las declaraciones de la polémica, pronunciadas por la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá.
Estas declaraciones han provocado una rabiosa reacción de las organizaciones pro concertada, numerosos medios de comunicación y los partidos de la derecha política del estado español, que vuelven a dar una muestra más de cuáles son sus pretensiones. Pues bien, se hace preciso recordar que, efectivamente, la libertad de enseñanza reconocida por la Constitución Española en su artículo 27 se concreta en la posibilidad de creación de centros privados, con arreglo a la normativa estatal. Pero en ningún caso se contempla en nuestra Constitución, ni en el derecho comparado, que el Estado esté obligado a garantizar la gratuidad en colegios privados por el simple hecho de que las familias elijan un centro distinto del creado y gestionado por los poderes públicos.
En este sentido basta citar la sentencia 86/1985, de la sala segunda del Tribunal Constitucional: “… siendo del todo claro que el derecho a la educación -a la educación gratuita en la enseñanza básica- no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera Centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionalmente, allá donde vayan las preferencias individuales”. De esta argumentación se puede concluir, claramente, que no se puede considerar como un derecho universal o derecho fundamental a la educación lo que no es más que una “preferencia individual”, tal y como asegura la sentencia.
Pero, ¿de qué se preocupan aquellos agentes interesados en favorecer la educación privada subvencionada con fondos públicos? Estos días hemos podido leer en la prensa declaraciones como las realizadas por el presidente de Concapa Granada, en la que se afirmaba que, referente a las palabras de la ministra, “es un ataque a cualquier otra opción que no sea el puro adoctrinamiento, que ellos llaman educación pública”. De la misma manera, un miembro de FSIE (sindicato de la concertada) se aseguraba que “estos de Podemos quieren quitar la escuela de la concertada por el tema de la religión”, ya que consideran que las declaraciones de la ministra anticipan su relación de gobierno con UP, añadiendo que “estos comunistas tienen que pensar que somos trabajadores y que tienen que respetarnos”.
Todas estas declaraciones no son más que una muestra del carácter reaccionario y xenófobo de este tipo de organizaciones, siguiendo una estrategia discursiva que pretende identificar la educación pública con adoctrinamiento y sembrar una oscura sospecha sobre cualquier argumento que ponga en cuestión el falaz argumento de la libertad de centro, atribuyéndolo a un supuesto ataque a la libertad religiosa o a sus derechos fundamentales, cuando, como hemos visto, no se trata más que de preferencias individuales de marcado carácter clasista. Es muy importante señalar que tan solo una educación pública, con un profesorado amparado bajo la figura del funcionariado, puede garantizar la independencia del mismo y así prevenir el adoctrinamiento. No se puede decir lo mismo de los modelos de contratación de la educación privada, que deja la puerta abierta a presiones a la labor docente, ya que el puesto de trabajo está en juego. Además, como sindicalistas, desde Ustea queremos denunciar que la extensión de los conciertos ha supuesto una precarización del trabajo docente.
Las reacciones políticas tampoco se han hecho esperar. En Andalucía el consejero de Educación mandaba un mensaje tranquilizador para los defensores de la “libre elección de centro”: “estamos preparando una legislación sobre escolarización que profundiza en la libertad de elección de centro”. El señor Imbroda se refiere al proyecto de decreto de admisión, al que Ustea presentó más de 30 enmiendas en el Consejo Escolar de Andalucía y con el que, efectivamente, la consejería pone sobre el papel los compromisos reflejados en sendos acuerdos de gobierno entre PP – Ciudadanos y PP -Vox. Aprovechamos para dejar claro que, desde Ustea, estaremos en contra de estas medidas. Los estudios internacionales concluyen que las políticas de libre elección de centro incrementan la segregación del alumnado en función de su origen y clase social y acelera la estratificación social de las escuelas y las diferencias de calidad entre ellas. La propia OCDE advierte, en su informe sobre Equidad y Calidad en la educación, de los peligros que conlleva la libertad de elección de centro, ya que “contribuye a la segregación de estudiantes según capacidades y antecedentes socioeconómicos, y genera mayores desigualdades educativas”.
De la misma manera, la propia ministra Celaá ha querido atenuar la polémica, asegurando que “con el pacto de izquierdas no habrá cambios en la concertada”. Desde luego, ya es conocido el trabajo que desde el PSOE se ha hecho en favor de los conciertos educativos, desde la LODE de 1985 hasta nuestros días, habiendo contribuido enormemente a que España presente unos porcentajes de privatización de la educación muy por encima de la media europea.
Estas declaraciones de los máximos responsables sobre educación tanto de Andalucía como del conjunto del Estado son una muestra más de lo necesario de seguir luchando contra los ataques a la educación pública. Desde Ustea seguiremos defendiendo una escuela 100% pública, de calidad, laica, gratuita, universal y no sexista, apostando claramente por la anulación de conciertos educativos. Por ello creemos que es fundamental abrir el debate sobre la libre elección de centro de una manera clara, sin clichés ni falacias vertidas por intereses particulares.
