El resultado de las elecciones del 28 de abril dejó como claro ganador al PSOE. La victoria de los socialistas ha sido interpretada como una victoria de las izquierdas frente a las derechas, pero es importante destacar un asunto, por más evidente que resulte: la ausencia de partidos de derechas en el futuro Gobierno no convierte a un Ejecutivo en izquierda. Es, simplemente, ausencia de derechas. La tendencia política del próximo Gobierno tendrá que demostrarse enla agenda de reformas que decida llevar a cabo. Y la lista de temas pendientes es larga… y complicada.
Un ejemplo paradigmático es la posición del PSOE respecto a los privilegios fiscales y económicos que sigue manteniendo la Iglesia católica en el país. Las ventajas, las exenciones fiscales o el lucro con la educación de la Iglesia ha sido detallada recientemente por el periodista Ángel Munárriz en la obra Iglesia S.A.. «Si la tomamos como una empresa —una forma parcial pero interesante de verla—, la Iglesia es una empresa en rescate permanente. Sus ingresos están privatizados; sus gastos, socializados», escribe el periodista.
Este punto de vista era compartido, al menos en parte, por el equipo del presidente Pedro Sánchez durante su tiempo en la oposición. Los socialistas participaron en febrero de 2018 en la aprobación de una Proposición No de Ley que instaba al Ejecutivo de Rajoy a derogar los acuerdos con la Santa Sede, a sacar la asignatura de Religión del currículo y del ámbito escolar. Apenas unos meses después y semanas antes de la moción de censura, en el mes de mayo, el socialista José Manuel Rodríguez Uribes aseguró que, en caso de gobernar, el Ejecutivo denunciaría“las dimensiones de los Acuerdos con la Santa Sede que no sean compatibles con la Constitución”.
El mismo programa del PSOE de las elecciones generales de 2016 mostraba que la apuesta por la laicidad del Estado era un asunto muy destacado para los socialistas ocupando un capítulo entero de su programa electoral e incluyendo numerosas medidas para convertir a España en un Estado laico, que era el objetivo que proponían los socialistas. Sin embargo, tal y como señaló el periodista de Público Manuel Sánchez, en el programa para estas elecciones del 28-A, este asunto pasaba a despacharse en seis párrafos (dos de una sola línea), desapareciendo así del proyecto político de Sánchez.
Si el futuro Ejecutivo, el que surgirá de las elecciones ya celebradas del 28 de abril, retoma el asunto de la laicidad del Estado y la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede dependerá en gran medida de la presión que las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE puedan ejercer sobre el futuro Ejecutivo. Pero no es el único caso.
Los siete años de gobiernos ininterrumpidos de derechas, con Mariano Rajoy como presidente, dejaron una legislación escorada hacia la derecha en multitud de temas. El Gobierno de Sánchez de los últimos 10 meses no derogó gran parte de esta legislación. Ahora, con una mayoría más holgada y con cuatro años por delante, no parece que exista un argumento que justifique el mantenimiento de esta legislación.
Algunos ejemplos son la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como ley mordaza, que el PSOE quería derogar; la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE); la reforma laboral de Mariano Rajoy, que ahondaba en el camino iniciado por Rodríguez Zapatero; la reforma del Código Penal que permitió una avalancha de juicios y condenas a tuiteros por presunto enaltecimiento del terrorismo en redes y la persecución de grupos anarquistas; la derogación del delito o, en su defecto, la eliminación de la pena de prisión por injurias a la Corona; o la erradicación total de lo que se ha dado a conocer como «las cloacas del Estado».
Estos ejemplos son solo una pequeña fotografía de lo que podría ser una agenda reformista de izquierdas asumible por un presidente del Gobierno, en este caso Pedro Sánchez, que durante su estancia en la oposición prometió que su primera medida el Gobierno sería la derogación de la reforma laboral de Rajoy «para recuperar los derechos de los trabajadores». Pero no solo. También se solidarizó con el rapero Josep Miquel Arenas Beltrán, Valtonyc, condenado por la Justicia a tres años y medio de prisión por el contenido de sus letras. «La libertad en la expresión artística es un derecho que también nos ampara colectivamente», escribió el presidente en la red social Twitter.
