La Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat, ha aprobado hoy con los votos a favor de Compromís, PSPV y Unides Podem, y los votos en contra de PP, Cs y VOX, una iniciativa de Compromís con la que se insta al gobierno central a que reforme en profundidad y de manera urgente la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Según la diputada Torres, “el objetivo es que la Iglesia pague el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los edificios que dedica a actividades que no son para el culto. Hablamos de edificios destinados a actividades económicas como hospitales privados, universidades privadas, hoteles, oficinas, aparcamientos públicos, residencias, entre otros, con una evidente finalidad lucrativa, que disfrutan de exenciones fiscales como si se tratara de lugares de culto, y entran en clara competencia desleal con otras unidades de negocio que pagan sus impuestos”.
“Además, si atendemos a los acuerdos suscritos entre el Estado español y la Santa Sede, el artículo IV reconoce que aquellas actividades que se destinan a explotaciones económicas no estarán exentas de pagar los impuestos correspondientes, y se tendrán que equiparar con las otras sin partir de una posición de ventaja. Esto quiere decir que la fiscalidad de la Iglesia no puede aprovecharse de las sensibilidades religiosas reconocidas por el Estado para desarrollar actividades económicas. Y lo que es más grave todavía es que, mientras se mantiene la exención del IBI a estos edificios, se está incumpliendo una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, ha explicado.
“Así, hoy, con la aprobación de esta propuesta de Compromís damos un paso adelante para garantizar la equidad fiscal distributiva por encima de cualquier privilegio, tal como exigen el artículo 14 de la Constitución Española y el artículo 107 del Tratado Fundacional de la UE”, ha concluido la diputada Nathalie Torres.
