Apuntan que no cambiarán sus prácticas por la sentencia que anuló dos de los preceptos de la moción socialista por la que aprobaron pasar al laicismo en Valladolid
Tres años después de esas decisiones municipales el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 1 de Valladolid ha anulado dos vertientes de esa moción, la retirada de símbolos religiosos de los espacios públicos del Ayuntamiento de esa ciudad por un lado y también rechaza que se deje de promover y promocionar actos religiosos.
Considera el juzgado que estos dos puntos son contrarios «a derecho y se declaran nulos, por vulneración de los derechos fundamentales previstos en la Constitución». Ese fue el dictamen tras el recurso presentado por la Asociación Española de Abogados Cristianos, pero en la comarca no ha sentado bien.
Entre los municipios ‘laicos’, el más relevante en su momento fue Cacabelos, cuyo ejemplo ha sido puesto con esta sentencia por parte de los recurrentes. Y es que Cacabelos pasó de un gobierno popular a un tripartito de izquierdas que aplaudió esa decisión por considerar que estaba enmarcada en una política de igualdad que ha encabezado este mandato en la villa del Cúa.
El alcalde de la localidad, el socialista Sergio Álvarez que presidió el pleno que estableció esa decisión, lamenta ahora esa sentencia, aunque reconoce que no tiene que ver con el municipio «eso tiene que ver con Valladolid, pero aquí nadie recurrió», dice, aunque no descarta que ahora se haga al calor de esa sentencia por algún concejal que reprochó ese laicismo, como fue el caso de Adolfo Canedo del PP, anterior alcalde además. De todos modos lamenta que sea una decisión «en contra de la Constitución», considera, que ya marca la laicidad de España como estado aconfesional. «Nosotros vamos a seguir siendo un municipio laico como decidimos en pleno, haya sentencia o no», recalcó.
Ponferrada, por otra parte, es otro de los municipios que también aprobó esa laicidad, aunque con el rechazo del partido gobernante en minoría, el PP, liderado por Gloria Fernández. Reconoce la regidora que no recuerda aquella aprobación, ya que no ha supuesto ningún cambio, pero además dijo desconocer este dictamen y sus repercusiones.
La alcaldesa de Fabero, la socialista Mari Paz Martínez, por su parte, municipio en el que se aprobó esa corriente laicista también entre abril y mayo de 2016, fue más dura en sus críticas porque considera que este tipo de dictámenes «van en contra de la tolerancia contra las creencias, porque el laicismo permite todas».
Aunque apunta además que los dos puntos anulados no repercutirían en su municipio, ya que no cuenta con elementos religiosos en el Ayuntamiento y no promocionan las procesiones «ni el Ayuntamiento costea las flores como se hacía antes», explica. Martínez asegura que la Constitución marca la pauta y que en el municipio, ser laico es algo relajado, sin buscar enfrentamientos «simplemente somos respetuosos y tolerantes», algo que asegura que se pierde con esta sentencia «creo que es equivocada, pero además los jueces creo que deben estar para cosas más importantes que esta».
Advierte que se puede tratar de «una pataleta por la pérdida de poder» de un estamento «que siempre lo ha tenido», dijo, refiriéndose a la Iglesia. «Esto es un país de castañuelas», dice, significando, al igual que su homólogo en Cacabelos que la decisión judicial es incomprensible.
