Pero ¿qué pasa si el profesor se divorcia y vuelve a casarse, se declara agnóstico o no vive su vida privada conforme a los cánones de la Iglesia? ¿Compete a la Iglesia decidir no solo sobre los conocimientos del profesor sino también sobre la congruencia de su vida privada?
El Tribunal Constitucional acaba de decir que la Iglesia puede meterse en la vida privada de estos profesores y decidir si son aptos o ineptos para la enseñanza de la religión. Aunque no les pague ni les contrate, puede nombrarles y despedirles si no se portan "como buenos cristianos", según comentaba el obispo de Málaga, Antonio Dorado. Los profesores de Religión, que se consideran sobre todo unos profesionales, han puesto el grito en el cielo porque se les exige lo que no está escrito en el Estatuto de los Trabajadores, mientras que la bancada de la izquierda protesta por este "atentado a la laicidad del Estado".
¿LO ES realmente? Hay que tener en cuenta que la enseñanza, toda enseñanza, es instrucción, es decir, transmisión de conocimientos, y educación, esto es, formación de la personalidad. El profesor está comprometido en ambas tareas y eso significa que importa su comportamiento. Un profesor de Matemáticas que se presente borracho, aunque no se le hayan nublado los números, está incumpliendo su papel. El problema es si lo que se le pide al profesor de Religión Cristiana (no de Iglesia católica) son las virtudes cívicas propias de la buena educación o las virtudes religiosas propias del "buen cristiano". En este segundo caso, el conflicto es inevitable e insuperable pues la Iglesia es a los valores cristianos como un Gobierno a los valores constitucionales: sólo activa una parte de ellos, de ahí que la Iglesia del cardenal Rouco esté tan feliz con Jiménez Losantos, por más que se proclame agnóstico, y no le gusten los cristianos críticos. Recuerda a la Francia antirrevolucionaria, "atea, pero católica", como decía Charles Maurrras.
LA SENTENCIA deja en manos de la Iglesia decidir las virtudes del buen cristiano, pero no dice cómo. A poco que se reflexione sobre la distancia entre el buen cristiano y los intereses de la Iglesia se verá que el Tribunal Constitucional, lejos de resolver un problema, abre la vía para muchos otros. Que alguien explique por qué está más cerca del buen cristiano la oratoria estridente del periodista de la COPE que el amor sincero de una divorciada, uno y otro empleados de la misma Iglesia y al servicio del mismo ideal cristiano.
El nudo gordiano de todo este embrollo hay que situarlo, como hace la sentencia, en "el acuerdo en virtud del cual el Estado asume la impartición de la enseñanza religiosa". El alto tribunal está evocando los acuerdos entre el Estado español y el Vaticano, firmados en 1979, después de la Constitución, pero antes del primer Gobierno acorde con esta, con unas prisas que fueron más que sospechosas.
Conforme pasa el tiempo crecen las dudas sobre la constitucionalidad de esos acuerdos. Adaptarlos al espíritu aconfesional de la Constitución ayudaría a clarificar el alcance de las responsabilidades del Estado con la Iglesia católica, con la enseñanza de la religión y con los profesores de Religión. Pero, mientras sigan en vigor, haríamos bien en buscar un compromiso de largo aliento.
Este debería pasar por las siguientes estaciones. En primer lugar, llegar a un entendimiento entre valores democráticos y valores cristianos. La Iglesia desconfía ahora de la Educación para la Ciudadanía como antes lo hizo respecto a la clase de Ética Cívica. Ya en tiempos de la UCD, el obispo Elías Yanes, responsable de los temas de educación, pidió al ministro Mayor Zaragoza que retirara la ética de las escuelas porque la consideraba "un arma ideológica contra la enseñanza religiosa manejada por partidos políticos de inspiración marxista" (28 de abril de 1981). En esas seguimos.
TAMBIÉN LOS partidos de izquierda tienen que entender que la laicidad no está reñida con la religión, sino que puede ser una buena aliada, como reconocía el propio Voltaire en la Plegaria a Dios con la que concluye su famoso Tratado sobre la tolerancia. En segundo lugar, normalizar al profesorado de Religión. Tiene que tener una formación académica como cualquier otro profesor y si enseña en un centro público, someterse al sistema de selección propio de la función pública. Acabaríamos entonces con todas las discriminaciones que hoy padece. También aquí hay que propiciar un acuerdo entre Estado e Iglesia que verse sobre el currículo a estudiar, de suerte que el candidato salga preparado para la docencia con la garantía del título académico oficial. Esto ha sido posible en otros países y lo que resulta inexplicable es que sean los obispos españoles quienes más se opongan a la carrera académica estatal de los profesores de Religión.
