Cuatro profesores de religión canarios ganan a los obispos 18 pleitos en seis años por “vulneración de derechos fundamentales”
"Alguien tiene que hacer el recuento de la infamia. En todas las provincias, no sólo aquí. No puede soportarse". El desafío surge, unánime, en boca de cuatro profesores de religión católica que, la tarde del jueves pasado, a petición de EL PAÍS, se reunieron en un despacho de la Confederación Canaria de Trabajadores (CCT), en la calle Más de Gaminde, en Las Palmas. Suman 12 pleitos ganados al episcopado y al Estado, y acaparan también una veintena de cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional español y ante el europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo.
Una quinta profesora, Nereida del Pino Díaz Mederos, citada a la misma hora, no se presenta. Pasan las horas -una, dos, tres horas- y sus colegas empiezan a preocuparse. Nereida del Pino ha ganado, la semana pasada, su sexto juicio, con derecho a 30.000 euros de indemnización. Pero está destrozada. Rota. Harta. Por la mañana ha acudido a unas oposiciones para mejorar en su nuevo trabajo y olvidar este calvario episcopal. Vive en Gáldar, cerca de Las Palmas. Le ha dicho a su marido, también profesor de catolicismo despedido, que acudirá a la reunión con sus compañeros de fatigas, por la fotografía. No llegó. No tuvo fuerzas.
El caso de Nereida del Pino es uno más en la larga letanía de despidos episcopales, de pleitos ganados o perdidos -según la provincia, según el juez-, que suman "medio millar o más, y en torno a 100 millones de euros en indemnizaciones", según los sindicatos. "Sólo en los juzgados de Canarias se habrán tramitado dos centenares, de los que 189 casos se han visto en los de Las Palmas", calcula el abogado Francisco Navarro Sanz. Él mismo lleva defendidos -y ganados- decenas, incluidos los de los profesores reunidos en el despacho de la CCT, y subraya la notable sensibilidad de los jueces locales, en sus distintos niveles.
Los pleitos son muchas veces por motivos como casarse por lo civil, ir de copas, pleitear contra el episcopado, "o sencillamente porque sí, por ser feo o para colocar en tu lugar a alguien más simpático para el eclesiástico de turno".
El relato de casos es desolador, según la buena memoria de los reunidos. Paqui Urbano, en Málaga, despedida por ser concejal de IU: padece cáncer. A Francesc Joan Viger Solé, profesor en el instituto Barres i Ones, en Badalona, lo despidió el Arzobispado de Barcelona por pleitear contra una reducción de horarios, en un claro ejemplo de "feudalismo industrial", sentenció el Tribunal Supremo. Viger Solé no superó la persecución, el sufrimiento, la tardanza del pleito pese a ganarlo. Murió de cáncer tres meses antes que su padre, los dos por los disgustos. "Sufrió tanto…", recuerda su madre, de 80 años. Y Elena Rodríguez, aragonesa, despedida por estar enferma y faltar al trabajo, pese a sus bajas justificadas. Era profesora en Híjar y Calanda. Enfermó de cáncer, fue operada, fue madre. Cuando volvió al trabajo ocupaba su lugar un hombre, ni siquiera la mujer que hizo las sustituciones. "Los profesores de religión no nos podemos poner ni enfermos", dice con amargura. O Pedro Álvarez Viera, de Cádiz. Le agredió un alumno, tuvo que coger la baja y, cuando regresó, se encontró con un sustituto episcopal. Y, en fin, la joven Resurrección Galera, de Almería, despedida por casarse con un divorciado.
"Son sólo unos ejemplos, de un recuento interminable que afecta a varias provincias", dicen los reunidos. Ante sus ojos hay un despacho de Efe que les tiene sobresaltados. Alude al portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino. Esa misma mañana del jueves, a
nte medio centenar de periodistas, negó que se trate de un "problema serio". Los casos en los tribunales "son pocos, 15 en 20 años", dijo el eclesiástico.
Pleitos tengas, y los ganes. Araceli Gómez Jaén lo sabe. "Les he ganado cinco veces ante la justicia y no sirve para nada. Una maldición. Pero me he sacudido el miedo. No quiero vivir de rodillas". Vive en Telde, es madre de tres hijos y fue durante años -desde 1994 a 2001- una docente de religión ejemplar, incluso con distinción oficial. Un día tomó parte de una huelga legal. Salió en una foto, que vio el obispo. Fue su perdición. Pese a haber ganado esos cinco pleitos -un sexto está pendiente de sentencia-, con muchos miles de euros de indemnización, no cobrará en años y sigue en la calle. "Si la Iglesia fuese una empresa privada, su director general estaría en la cárcel", sostienen al unísono.
Les duele la Iglesia católica. Y también estar en el candelero, como Menchu Galayo Macías. Perdió su empleo "por vivir en pecado". Llegan hasta de Dinamarca a entrevistarla por la reciente sentencia del Constitucional que ni le quita ni le da la razón en un despido avalado en primera instancia. Viene a la reunión con su compañero, Jaime Rubio. Ironiza: "He aquí el pecado de Menchu". Los reunidos son católicos practicantes, pero se niegan a ser tratados como ciudadanos del Vaticano. Y critican al Gobierno socialista: "No hace nada por evitar estos pleitos absurdos. Predica pero no da trigo".
El empleo del diocesano
Martín Domingo Suárez Quesada, dirigente de la CCT, trabajó en campañas pastorales de su diócesis antes de "tener problemas". Ha ganado tres sentencias a su obispo por despido nulo y otra por vejaciones, es profesor de Historia cuando está despedido como docente de catolicismo, y no piensa "tirar la toalla". "Me sigo sintiendo Iglesia, más que antes, si cabe, pero no de esta Iglesia anacrónica. ¿Quién es más de izquierdas que Jesús de Nazaret?", dice.
Rafael Ramírez, el líder de la CCT y de la Federación Estatal de Profesores de Enseñanza Religiosa (FEPER), también lleva ganadas tres sentencias y cuantiosas indemnizaciones. Cuando empezó su calvario, acudía de noche al despacho del abogado Navarro Sanz, por miedo a más represalias. Su bestia negra, además de la administración educativa, es el delegado diocesano de Enseñanza, Hipólito Cabrera, al que marca con documentación apabullante, que el Ejecutivo sólo entrega previa sentencia judicial, en connivencia con el obispado. Un ejemplo: el cura Cabrera está contratado por Educación -cobra un sueldo público- por sus "labores de delegado episcopal de Enseñanza". El contrato, de 2005, lleva sello y firma del director general de Personal en el Gobierno canario.
