Las inmatriculaciones de la Iglesia han provocado que SE INVIERTA LA CARGA DE LA PRUEBA. Ahora son los ayuntamientos y los ciudadanos quienes deben probar lo que es suyo La carga de la prueba recae sobre quien reclama un derecho. Sin embargo, en España, la Iglesia Católica ha disfrutado de un privilegio sin precedentes que ha permitido invertir esta lógica fundamental. Gracias a las inmatriculaciones basadas en una simple certificación eclesiástica, ahora son los ayuntamientos y los ciudadanos quienes deben probar lo que es suyo.
De la plaza al púlpito: cuando el patrimonio del pueblo fue privatizado sin pasar por el pueblo · por Inés Arango
Las inmatriculaciones de la Iglesia católica vulneran el principio de propiedad común Durante décadas, la Iglesia católica en…
