La Generalidad de Valencia en una operación ejemplar y esperemos pionera está poniendo orden en los centros de menores tutelados. La realidad, como venimos denunciando desde hace varios años, es que la tutela de los menores se ha cedido a organizaciones de origen, la mayoría de las veces, religiosas o sectarias. Organizaciones como Fundación O Belén (hoy ya prácticamente desarticulada), las organizaciones del Padre Ángel, Emaús, o la empresa Dianova , que deriva de la organización sectaria del Patriarca, son algunas de la organizaciones que se ha ido quedando poco a poco con este negocio. Se presentan como organizaciones sin ánimo de lucro pero somos muchos los que sospechamos que el único objetivo es, por el contrario, el lucro. Y aquí está el problema: la custodia de menores tutelados se ha convertido en un negocio sin más. Las organizaciones religiosas o sectarias se han quedado con la mayor parte del pastel y esta intervención de la Generalidad valenciana ha sacado al luz como las Hermanas Capuchinas tenían en el más absoluto abandono uno de estos centros. La Generalidad ha puesto el asunto en manos de la Fiscalía. Lo que no se entiende es que se hace con los fondos públicos que se recibe por este servicio. Es urgente que las administraciones asuman por sí mismas la gestión de los centros tutelados y que exploren vías, como la Generalidad de Valencia está empezando hacer, donde se potencia la guarda en familias más que la reclusión en centros. No obstante es increíble que, en pleno siglo XXI, la tutela pública sea ejercida por organizaciones religiosas y todo ello con dinero público. El defensor del Pueblo, en un informe del 2009, ya sacó a la luz estos problemas de los centros de menores por la cantidad de quejas que esta institución ha ido recibiendo: medicalización excesiva de los menores, centros en malas condiciones, falta de personal especializado etc,etc. La crisis económica ha multiplicado el número de menores tutelados ya que, aunque parezca mentira, una de las causas más comunes del ejercicio de la tutela publica sobre los menores es la pobreza y la falta de oportunidades de mujeres o familias. Esta presión sobre la pobreza es algo que algunas asociaciones como la “Asociación de familias siglo XXI” vienen denunciado; la precarización social y la exclusión socioeconómica está en el origen de estas situaciones; también el sistema educativo existente en nuestro país requeriría una verdadera revolución empezando por potenciar la escuela pública y no ahondando en la segregación social que significa el mantenimiento de la red concertada.
Tras el manto de la caridad, las iglesias y sus fundaciones y órdenes religiosas han penetrado en sectores como los menores tutelados o las residencias de ancianos o la asistencia domiciliaria. Se busca, contrariamente a lo que pueda parecer, no realizar ninguna caridad sino realizar un buen negocio con apariencia no mercantil.
Los hechos son los siguientes: tras una inspección en el centro que las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia tenían en Segorbe la Generalidad decide cerrar de inmediato el centro debido a las condiciones del mismo, y a los maltratos que recibían los 18 menores tutelados que allí residían ; poniendo los hechos en conocimiento del fiscal. Las Hermanas Capuchinas lo han negado todo y dicen que tiene más de un siglo de experiencia en el trato con menores además subrayan que su labor es “institucional” y de confianza de las administraciones públicas no solamente en este centro sino en los otros ocho centros que tienen en diversas puntos de la geografía española. Este caso es la punta del iceberg. Esto, el acogimiento de menores y la asistencia social, sí debería convertirse en una cuestión de Estado y no de las iglesias y las organizaciones sectarias.
