Junts, PDeCAT, PNV, PP, Vox y Ciudadanos votan juntos para tratar de impedir que la nueva ley educativa promueva mejoras en el sistema público
Vetos cruzados salvo para las cosas importantes. Eso plantearon el jueves las derechas nacionalistas vasca, catalana y española durante el debate para la aprobación de la nueva ley educativa, la LOMLOE, que se produjo en el Pleno del Congreso y donde partidos supuestamente antagónicos, que en los últimos meses se han dedicado desde la tribuna gruesas expresiones e incluso amenazas de ilegalización, unieron sus fuerzas para intentar defender a la escuela concertada. Junts, PDeCAT, PNV, PP, Vox y Ciudadanos votaron una enmienda, planteada por los tres primeros, que limitaba la apuesta del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos y sus aliados, especialmente ERC, por mejorar la financiación y extensión de la red pública como garante de la oferta educativa.
El texto de la LOMLOE, bautizada mediáticamente como ley Celaá, ha sido muy criticado desde la derecha política y social por varios aspectos, pero especialmente por dos de ellos. Por un lado, la recuperación de la inmersión lingüística en las comunidades con dos idiomas oficiales, una política que se puso en marcha en los 80 cuando gobernaban algunos de los históricos dirigentes socialistas que hoy reniegan de ella.
Y por otro, por hacer una declaración expresa de que se favorecerá la extensión de plazas de centros de titularidad pública, lo que desde las patronales educativas se ha visto como un ataque a los colegios concertados. Desde la plataforma Más Plurales, que aúna a una decena de asociaciones ultraliberales y ultraconservadoras contrarias a la norma, se ha criticado al Gobierno por «inventarse un derecho a la educación pública» que, dicen, no existe.
Este segundo punto es el que ha propiciado una extraña coalición en favor del actual modelo, impulsado también en los años 80 ante la imposibilidad de atender a todos los escolares en una red pública abandonada durante décadas por el franquismo. Casi toda la derecha parlamentaria, sin importar los odios que se han declarado desde la tribuna, votó a favor de la enmienda promovida por el independentismo catalán de Junts per Catalunya (ahora divididos en Junts y PDeCAT).
PP, Vox y Ciudadanos, así como los minoritarios de UPN, Foro y Coalición Canaria, la apoyaron, aunque unos y otros hicieron poca o ninguna referencia a la enmienda. El primero de los grupos proponentes en hablar, el PNV, mostraba la bandera blanca desde la tribuna. La diputada Josune Gorospe reivindicó el modelo vasco de concertada que, ha dicho, está «alejado» del que se ha planteado en otros lugares. El ejemplo de las ikastolas está siempre en el imaginario del PNV. «Agradezco el apoyo de otros grupos, pero finalmente no ha podido ser», concluyó.
Minutos después, el diputado de JxC Sergi Miquel también subía a la tribuna a defender la posición de su grupo. Miquel lamentó que la LOMLOE no sea una «ley de todos», sino «de un bando». Sobre la concertada, se limitó a señalar la «obsesión de la izquierda a que todo sea tremendamente público» lo que, dijo, ha conducido «a una ley que no garantiza pluralidad en el sistema educativo».
Pese a las críticas, el PNV y JxC (tanto Junts como el PDeCAT) votaron a favor de la aprobación de la LOMLOE. El acuerdo de mínimos fue este jueves acabar con la ley Wert. No lo hicieron así sus aliados ocasionales de este jueves en el Congreso. PP, Vox y Ciudadanos plantearon su rechazo total a la ley e iniciaron la competición por arrogarse la paternidad de los respectivos recursos que, dijeron, van a plantear ante el Tribunal Constitucional.
Esa coalición improvisada para defender la concertada de partidos –donde por un día coincidieron los intereses de Vox y los independentistas de Junts, Ciudadanos y el PNV, así como el Partido Popular– apoyó la enmienda con la boca pequeña. Algunos grupos obviaron la existencia de ese texto en sus respectivas intervenciones. De hecho, el diputado de Vox Joaquín Robles arremetió «contra los independentistas» por querer convertir las escuelas «en un instrumento para la secesión». Robles apenas pronunció una frase expresamente referida a las escuelas concertadas. Similar fue la intervención de la diputada del PP María Sandra Moneo, quien criticó que se va a imponer un «monopolio estatal docente» y que las redes pública y concertada son «complementarias».
Suspense por ERC
La enmienda no sumó finalmente los votos necesarios. Pero durante unas horas, ERC alimentó con su silencio la posibilidad de una abstención que no llegó. Desde el partido republicano señalaban a primera hora del jueves que ERC no se iba a «alinear con las derechas, ni con la catalana ni con la española» y que su voto iba a ser contrario a la enmienda. Punto y final.
Con la enmienda, presentada en el último momento, el PNV y JxCat pretendían devolver algo de aire a la escuela concertada. El cambio propuesto afectaba al artículo 109 de la LOMLOE, el que regula la programación de la red de centros, e introducía principalmente tres modificaciones para mitigar el impulso a la red de titularidad pública que incluye la ley.
La primera era eliminar del punto 1 la referencia a que la programación de la oferta de plazas debe garantizar «mediante una oferta suficiente de plazas públicas» el derecho de todos a la educación pública. Los partidos de la derecha querían omitir esa referencia a que las plazas sean públicas para, por omisión, incluir a la concertada también.
Además, proponían PNV y JxCat eliminar el punto 5 del artículo 109, por el que se establece un aumento generalizado del número de plazas en centros de titularidad pública y que desde la escuela concertada –y los partidos que la apoyan– se entiende como un ataque a sus centros. Dice este punto: «Las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública». Finalmente, se quedará como está.
Por último, la LOMLOE establece que «las Administraciones educativas programarán la oferta educativa de modo que garanticen la existencia de plazas públicas suficientes». La clave está en «públicas». La enmienda rechazada añadía a esa garantía de plazas públicas «aquellas que garanticen la prestación del servicio público de la educación», en alusión a las escuelas concertadas, que aunque son de titularidad privada se consideran de servicio público porque están financiadas por las autonomías.
