Las seis diócesis y la arquidiócesis que integran la provincia eclesiástica de Tlalnepantla lanzaron una fuerte crítica a la administración del presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Lamentaron que hace seis años, en plena campaña electoral, haya prometido ser el presidente del empleo y de la seguridad, y que ahora que su sexenio agoniza haya menos empleo y más inseguridad.
La crítica en cuestión se realizó en el auditorio de la colonia Ampliación Vicente Villada, donde fue divulgado el “Manifiesto ciudadano por la gobernabilidad”, que pretende ser “un instrumento de participación tanto para coadyuvar en las tareas urgentes que en ella se hacen patentes, como para ser un instrumento de exigibilidad pública frente a quienes quieren gobernar en el Estado de México”, señaló Héctor Carabantes Piñón, vocero de la diócesis de Nezahualcoyotl.
En el manifiesto, el clero pide a quien gane las próximas elecciones federales, que vaya más allá de las buenas intenciones, a fin de que en la siguiente administración federal se produzcan cambios significativos, que mejoren la economía de los mexicanos, la seguridad pública, los derechos humanos y los servicios públicos.
La crítica en sí no es lo que sorprende, pues críticas en ese sentido le han llovido a Calderón a lo largo de su sexenio. Lo que llama la atención es que lo haya hecho la Iglesia católica, quien hasta hace poco había adoptado una postura de apoyo a las estrategias del gobierno federal en lo relativo al combate al crimen organizado.
Ante esta crítica, surge la pregunta: ¿por qué ahora que Calderón está próximo a concluir su gestión, el clero católico cuestiona sus acciones gubernamentales en materia de seguridad? Veamos cómo al principio las cosas fueron distintas. En septiembre pasado, el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Carlos Aguiar Retes recomendó perfeccionar la estrategia, pero aclaró que no era conveniente dar marcha atrás. Admitió que “la guerra tiene consecuencias negativas”, pero dijo que “hay que ponerlas en la balanza; es indispensable afrontarla, no hacer una tregua como si nada pasara”.
En junio de 2011, la CEM expuso que sólo con la fuerza es posible enfrentar a la delincuencia armada y, en consecuencia, el costo en sangre de ese enfrentamiento es indispensable. Es innegable que este tipo de declaraciones conllevan cierto grado de aprobación y, en cierto modo, alentaron al presidente Calderón a seguir combatiendo de esa manera al crimen organizado.
Nadie cuestiona ni limita la libertad de expresión de los jerarcas de la Iglesia católica en un asunto de interés público. Sin embargo, cuando el discurso sobre el tema es primero de apoyo, y luego de censura, el caso se torna desconcertante.
Por otra parte, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) criticó enérgicamente a quienes han señalado “que la reforma del artículo 24 constitucional no implica un privilegio o discriminación contra alguna agrupación o asociación religiosa, tampoco la modificación del artículo tercero constitucional”.
Ante esto, la Iglesia La Luz del Mundo fijó su postura, exponiendo públicamente las graves consecuencias jurídicas y los delicados problemas de interpretación de una reforma que protege en exclusiva las convicciones que se consideran éticas, pero no las que se consideren ‘no éticas’. “El problema estriba en que, al ser la sociedad mexicana plural, no existe una concepción ética uniforme, por lo que será el Estado quien tendrá que definir a través de sus órganos competentes qué convicciones son éticas y, en consecuencia, protegidas por el Estado y cuáles no lo son. Al hacerlo, se convertirá en juez de las convicciones personales, proceder propio de los estados totalitarios, que son los únicos que tienen la osadía de calificar las convicciones de la población”.
En lo que respecta a la contradicción de dictámenes, la Iglesia La Luz del Mundo demuestra que “los dictámenes de la Cámara de Diputados y del Senado de la República son contradictorios. Los Diputados afirman que la reforma del artículo 24 constitucional requerirá reformar la educación laica (artículo 3° constitucional) y el Estado laico (artículo 130 constitucional). Por el contrario, los Senadores dicen que no se requiere reformar los artículos 3° y 130”.
Al final, además de reiterar su firme compromiso de seguir trabajando a favor de los derechos humanos y del Estado laico, la Iglesia La Luz del Mundo aclara que los cinco congresos locales que han rechazado la citada modificación legislativa, “han actuado con base en estos argumentos”, nunca “en respuesta a los gritos y manifestaciones que –de manera pacífica, y en el marco de la ley– han realizado diversos grupos frente a las instalaciones de los congresos estatales”.
