Durante la Transición a la democracia las Comunidades Cristianas Populares (CCP) y otros grupos de cristianos participaron de modo efectivo, junto a partidos de izquierdas, sindicatos clandestinos y movimiento ciudadano, por traer la democracia a nuestro país, en contraposición de la mayoría de la jerarquía eclesiástica que apoyaba a la Dictadura de Franco. Hoy nos encontramos en un momento semejante, sobre todo, porque los obispos españoles se han colocado claramente en el bando de la oposición al nuevo Gobierno del PSOE y UNIDAS-PODEMOS y al lado del PP y Ciudadanos. En un principio, tardaron en felicitar al nuevo Presidente de gobierno, legítimamente elegido por las Cortes y, posteriormente, el presidente de la Conferencia episcopal, Ricardo Blázquez, pidió “estar alerta ante esta situación crítica”; Cañizares, de Valencia, manifestó que con el nuevo gobierno ha renacido “el marxismo-comunismo”, por ello pide rezar a los católicos para que no se descontrole (El Diario.es: 13-01-2020). Y el obispo de Castellón por su parte, organiza cursos para hacer frente a las políticas del nuevo gobierno (El Diario.es: 10-01-2020). En definitiva, están desorientados porque prevén que el nuevo gobierno tratará de retocar algunos puntos de los Pactos del 1979, firmados en enero de 1979 entre la UCD y el Estado Vaticano.
Las Comunidades Cristianas Populares, ya desde la Transición y en numerosas ocasiones nos manifestamos a favor de un estado verdaderamente laico y no solo aconfesional y en contra de muchos puntos de las relaciones actuales de la Iglesia y el Estado español. Creemos, sin embargo, que en la presente situación, es el momento de apoyar y exigir a la Vicepresidenta Carmen Calvo, la encargada de las relaciones con las confesiones religiosas la reforma o derogación de diversos aspectos del Acuerdo Iglesia-Eatado. Entre ellos:
La asistencia religiosa en hospitales y en el Ejército desde la administración del estado; la desaparición de la asignatura de Religión en la Enseñanza, sustituyéndola por una asignatura que estudie el hecho religioso y la Historia de las Religiones; la apuesta decidida por la enseñanza pública e ir paulatinamente disminuyendo las subvenciones a la enseñanza concertada. Y, en el aspecto económico, el pago del IBI por parte de la Iglesia, la eliminación de la casilla del IRPF para financiar a la Iglesia católica, ya que, en virtud de los mismos Acuerdos, esta debe ya financiarse con las aportaciones de sus fieles. En cuanto a los bienes e inmuebles que posee la Iglesia, exigimos se publique definitivamente el listado de los bienes inmatriculados por la misma jerarquía eclesiástica, y se establezca que el patrimonio cultural inmobiliario que posee la Iglesia, pase a la propiedad del Estado, aunque siga siendo utilizado por la institución eclesiástica para el ejercicio del culto católico.
En definitiva, las Comunidades Cristianas de Andalucía pedimos al nuevo gobierno la aprobación de una nueva Ley de Conciencia y de Libertad Religiosa, en donde se especifiquen estas materias e invitamos a otros grupos católicos y cristianos a que se sumen a nuestras peticiones.
La Iglesia no tiene poder para tomar decisiones opuestas al Evangelio. Jesús no pidió jamás ni dinero, ni privilegios, a Pilato o a Herodes. Ni negoció con el Imperio su presencia en la sociedad. A Jesús lo mataron los representantes oficiales de la religión. Nuestra Iglesia tendrá credibilidad cuando los ciudadanos vean en ella la reproducción del Evangelio.
Las Comunidades Cristianas Populares de Andalucía.
