El tercer sector de Acción Social (TSAS) goza de ingentes recursos públicos y privados, un montante que alcanza, según datos de 2013, los 16.250 millones de euros, el 1,7% del PIB español.
La enorme cantidad de fondos públicos o privados con fuertes desgravaciones fiscales, de los que goza el TSAS, deberían estar controlados por las administraciones públicas, o ser auditados por el Tribunal de cuentas
Quizás fuera más eficaz repartir los 16.250 millones de euros del TSAS entre los 1,57 M de hogares españoles con todos sus miembros en paro
El tercer sector de Acción Social (TSAS) está formado por entidades privadas que captan recursos, mayoritariamente públicos, y prestan servicios públicos. Según datos publicados en el “Estudio del Tercer Sector de Acción Social. Impacto de la crisis” publicado en 2015, el TSAS recibió 8.000 M de euros públicos en 2013, 2.800 M de euros de financiación privada, que en buena parte se reconvierte en pública a base de desgravaciones fiscales, y 3.700 M de euros de financiación propia, ya que algunas ONGs cobran a los usuarios por los servicios prestados, como la Cruz Roja, por la teleasistencia, los centros de día o la donación de sangre madrileña, que supuso 21 M de euros de facturación en 2014. Destaca La Once, que dispone de 50 líneas de negocio y 290 M de euros de facturación al año. En total, el TSAS recaudó 3.700 M de euros en copagos, cuotas y servicios en 2013.
Muchas entidades han decidido asociarse para hacer lobbing político y económico, cambiar las leyes e influir sobre los gobiernos, según ellas mismas reconocen, con el fin de captar más fondos públicos para el Sector. Ya han conseguido un fuerte incremento de las desgravaciones fiscales, tanto para las empresas, con hasta el 40% de deducción en la próxima Renta, como para los donantes particulares, que han triplicado sus desgravaciones. Además, tratan de incrementar el número de personas que marcan las casillas de fines sociales y de la iglesia católica en la Declaración, mediante fuertes campañas de alto coste económico, como la actual“Xsolidaria”.
El TSAS gestionó unos ingresos de 14.470 millones de euros en 2013, a los que habría que añadir la financiación de las entidades llamadas singulares: Cáritas (250M, de los que solo 5M son aportados por la Iglesia Católica) Cruz Roja (536M) y la Once (540 M),un montante de 16.250 M de euros, el 1,7% del PIB Español.
Esta enorme cantidad de fondos públicos, o privados con fuertes desgravaciones fiscales, deberían estar controlados por las administraciones públicas, o ser auditados por el Tribunal de cuentas. Sin embargo, muchas de estas organizaciones, o no rinden cuentas o están auditadas por entidades vinculadas, como la Fundación Lealtad y las grandes consultoras Deloitte y PWC, colaboradoras necesarias en la crisis económica española y mundial.
El TSAS dispone de 645.000 empleados remunerados, tantos como el total de profesionales sanitarios del SNS, que son contratados de forma discrecional, casi la mitad a tiempo parcial y con alta tasa de temporalidad, y de 1,3 M de voluntarios que colaboran de forma desinteresada, aunque sin las exigencias formativas requeridas a los profesionales de los Centros Públicos, lo que puede mermar la calidad de la atención. Una atención desintegrada y asistencialista, que solo beneficia a una parte de las personas afectadas, y que provoca sumisión y dependencia económica. Para empeorar las cosas, las ONGs suelen captar a los activistas sociales para el trabajo voluntario, perpetuando el problema.
INGENTES RECURSOS Y RESULTADOS ESCASOS
A pesar de los ingentes recursos económicos y humanos empleados, la Acción Social realizada obtiene unos resultados escasos, hecho reconocido públicamente por muchas de estas organizaciones, debido a que el Tercer Sector está fragmentado en miles de entidades cuyas actividades se solapan, y porque dedica una parte significativa de sus recursos al trabajo burocrático y a la captación de fondos y de socios.
En bastantes casos los órganos de dirección de las entidades del tercer sector están en manos de las empresas constructoras, las empresas gestoras de servicios públicos, directamente implicadas en la pobreza energética, la industria farmacéutica, las cajas de ahorros y las grandes consultoras (IBM, PWC y Accenture), además de la omnipresente Iglesia católica y sus escuelas de negocios, ESADE de los jesuitas e IESE del Opus Dei, principal gestor de los bancos de alimentos.
Es decir, las mismas empresas que se han beneficiado con la privatización de los servicios públicos o de los rescates pagados con fondos públicos, pretenden ahora quedarse con el amplio espacio social y económico que supone la lucha contra la pobreza. Como ejemplo, el presidente de “Acción contra el hambre” es el mismo banquero que presidió la Asociación española de la banca cuando se gestó la crisis económica (1990-2006) y “Save de Children” está patrocinada por las cajas de ahorros, la industria farmacéutica y los grandes despachos de abogados.
Por otra parte, existen alianzas entre las empresas privadas y la grandes ONGs para actuar como empresas de trabajo temporal. De esta forma, diseñan los contenidos formativos según las necesidades empresariales y seleccionan y contratan temporalmente a personas desempleadas, expresos o mujeres maltratadas, como ocurre con Danone, que contrata a mujeres que han sufrido violencia de género para sus campañas promocionales por su “perfil idóneo”.
Mientras tanto, únicamente el 6,4% de las actividades del tercer sector se centran en la atención económica, ayuda a domicilio o alternativa habitacional para las personas deshauciadas, un 27% menor que en 2011. Por el contrario, la actividad dedicada a sensibilización y captación de voluntariado representa un 16,3%, y se ha mantenido estable estos años.
Los nuevos gobiernos de izquierda deben ser sensibles a este grave problema, no hacer dejación de sus funciones y elaborar una política social que permita transformar la caridad y el asistencialismo en justicia social, cambiando voluntarios por profesionales públicos, con salarios dignos.
Mientras tanto, quizás fuera más eficaz repartir los 16.250 millones de euros del TSAS entre los 1,57 M de hogares españoles con todos sus miembros en paro, lo que supondría un ingreso mensual de 860 euros por familia, que les permitiría comenzar a recuperar sus vidas robadas, además de crear tejido económico y social.
Luisa Lores | Miembro de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
