Las entidades aragonesas Apudepa y MHUEL, integrantes de la Coordinadora estatal Recuperando, se han concentrado en Zaragoza este miércoles, 16 de febrero, a las 11.45 horas “para presentar un escrito dirigido al presidente del gobierno del Estado español, en el que se le solicita una reunión para informarle de las propuestas sobre las inmatriculaciones de la Iglesia”.
La asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés -Apudepa- y el Movimiento Hacia Un Estado Laico -MHUEL- se han concentrado en Zaragoza, junto a la Delegación del gobierno estatal en Aragón, este miércoles, 16 de febrero, a las 11.45 horas “para presentar un escrito dirigido al presidente del gobierno del Estado español, en el que se le solicita una reunión para informarle de las propuestas sobre las inmatriculaciones de la Iglesia”.
No son 1.000, son 100.000
Con este lema, desde las entidades que coordinan la campaña se enfatiza que el listado proporcionado por la Iglesia Católica española al Estado se queda muy corto, al tratarse de “un problema de Estado que afecta a la legalidad constitucional y a un inmenso patrimonio inmobiliario de más de 100.000 bienes”.
En Aragón, la Iglesia Católica ya admite haberse apropiado “indebidamente” de 1.954 propiedades en Aragón. Templos, fincas agrícolas, ermitas, casas, garajes, conventos, o pisos, entre las propiedades que, en solo 17 años, la Iglesia Católica inmatriculó -autoregistró indebidamente a su nombre-, pero se estima que sean muchas más.
Desde Mhuel y Apudepa recuerdan que “el 16 de febrero del año pasado, la entonces vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, presentó el listado de 34.976 inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica entre 1998 y 2015”. Fue un éxito sin paliativos de las organizaciones ciudadanas, que llevan denunciando desde hace casi 15 años la privatización masiva de fincas e inmuebles. De hecho, Recuperando había solicitado esa información en un escrito presentado en el Congreso el 7 de febrero de 2017.
Así, señalan que “esa publicación es también importante porque pone de manifiesto sus límites”:
- Nada se dice de las inmatriculaciones realizadas antes de 1998.
- Los listados no permiten identificar los bienes inmatriculados.
- Ocultan los bienes inmatriculados como edificios anexos: la Giralda de Sevilla, el Micalet de Valencia, etc.
- Y, sobre todo, contradice los compromisos asumidos por el gobierno.
“Tanto en los programas electorales del PSOE y de Unidas Podemos, como en el programa del gobierno de coalición, y Pedro Sánchez en su discurso de investidura se comprometieron a efectuar las modificaciones legislativas oportunas para revertir las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica. ¿Dónde están esas modificaciones legislativas?”, se preguntan.
Y, por ello, reivindican “la nulidad de las inmatriculaciones, especialmente de las realizadas después de 1978 por inconstitucionalidad sobrevenida. Reivindicamos una ley que fije los criterios para calificar nuestro patrimonio cultural religioso de dominio público y establezca los procedimientos para su catalogación y registro”.
“El Gobierno abandona a su suerte a particulares y entidades locales para que litiguen en largos y costosos procesos judiciales por la recuperación de sus bienes arrebatados pro la jerarquía católica”, enfatizan, y añaden que “tras meses de negociaciones secretas, el Gobierno recibe en una exhibición de parafernalia episcopal, el listado del millar de bienes incluidos incorrectamente en el listado, pretendiendo legalizar el resto. No son mil, son cien mil”.
Continúan relatando como se han dirigido “a siete ministros de Pedro Sánchez -Carmen Calvo, José Manuel Rodríguez Uribes, Teresa Delgado, Juan Carlos Campo, Miquel Iceta, Félix Bolaños y Pilar Llop- solicitando un contacto para hacerles llegar nuestras propuestas. Ninguno de ellos y ellas ha tenido interés en conocerlas. Debido a este evidente agravio en el tratamiento privilegiado a la Iglesia Católica y desdeñoso con las organizaciones ciudadanas, Recuperando solicita una reunión con Pedro Sánchez para que, al menos, conozca personalmente nuestras consideraciones y propuestas”.
“Si el Gobierno de coalición no ha estado a la altura de su compromiso histórico y los tribunales siguen dando cobertura a este expolio, la coordinadora estatal Recuperando y las organizaciones que la integran seguirán batallando hasta conseguir que los bienes inmatriculados reviertan a la situación anterior a su apropiación por la Iglesia Católica. Seguiremos batallando hasta conseguir una regulación que defienda nuestro patrimonio de dominio público y establezca los procedimientos para su catalogación y registro”, avanzan desde Mhuel y Apudepa.
Concluyen recordando que “por ello, hemos vuelto a convocar concentraciones en distintas localidades para exigir información suficiente de todas las inmatriculaciones, la recuperación de los bienes inmatriculados y la defensa del patrimonio público”.
