Tal como se recogía en el Manifiesto difundido en el acto del XX aniversario de Europa Laica celebrado en Toledo, las reivindicaciones por las que nuestra asociación lleva luchando desde su fundación, constituyen demandas de profunda raíz democrática, como es el obligado carácter laico del Estado y sus instituciones, pero que en lo fundamental siguen pendientes de solución en nuestro país. Los privilegios de la Iglesia, heredados de la dictadura franquista y del nacionalcatolicismo que le prestó aval ideológico, no solo han permanecido intocables, sino que en algunos casos (financiación pública a través del IRPF, inmatriculaciones, aumento de las subvenciones a los colegios privado y confesionales…) se han visto incrementados.
Más de una vez, nos hemos preguntado a qué se debe, pese a encontrarnos con una sociedad cada vez más secularizada y dentro de un Estado que se proclama democrático y de derecho, la persistencia de ese estatus blindado de que goza la Iglesia española (en los Acuerdos Vaticanos, en la Constitución, en leyes de educación, en otras leyes y decretos subsiguientes …). Su explícita complicidad con el régimen criminal de la dictadura y el reiterado comportamiento contra todo progreso en derechos y libertades, no han sido óbice para seguir actuando como auténtico poder fáctico, con permanente injerencia en el ámbito de lo público, social y político, que afecta al conjunto de la ciudadanía. Un poder, por cierto, nada “espiritual”, sino afincado en numerosos bienes materiales y personalizado en una opaca y rocosa estructura jerárquica bajo la batuta de una sedicente Conferencia Episcopal y el amparo de un Estado anómalo y extranjero como es el Vaticano.
Los sucesivos gobiernos “democráticos” de cualquier color, incluido el actual titulado de “progresista”, no han dejado de manifestar su sagrado respeto por dicha institución, sin perder la ocasión de rendir pública pleitesía al papa de Roma. A nadie se le escapa que la última visita de la vicepresidenta Yolanda Díaz, junto con el nombramiento de la ex ministra Celáa como embajadora, tienen entre otros objetivos el de preparar el terreno de los nuevos consensos con la jerarquía eclesiástica y el Vaticano. Más allá de los gestos, que dicen meramente diplomáticos, lo cierto y verdad es que ningún gobierno ni mayoría parlamentaria se han atrevido a proceder a la denuncia y derogación de los Acuerdos con el Vaticano -tantas veces prometidas por las “izquierdas”- que son el punto de apoyo fundamental -aunque no el único- sobre el que se mantiene en los hechos un Estado similar a los abiertamente confesionales.
Además de las gravosas consecuencias económicas y políticas derivadas de la vigencia de tales Acuerdos (extendidos progresivamente a otras confesiones religiosas), la connivencia, cuando no complicidad, con actuaciones intolerables de la Conferencia Episcopal ponen de manifiesto los límites que se autoimponen las fuerzas que proclaman una y otra vez la prioridad de su compromiso con la constitución y régimen monárquico, por encima de cualquier demanda social y democrática. Consenso “constitucionalista”, con todas sus hipotecas previas y posteriores, que esas mismas fuerzas consideran incuestionable y, por su propio blindaje, irreformable.
A ese propósito, cabe tomar en consideración una apreciación del catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo, que el anterior presidente de Europa Laica, Antonio Gómez Movellán, sacó a colación en su intervención en el acto del XX aniversario y que otros también compartimos. En un acto anterior celebrado en Valencia, a la pregunta de nuestro actual presidente acerca de cuándo sería el momento -que ahora tampoco parece llegado- de la derogación de los Acuerdos con el Vaticano y los privilegios anexos, el reconocido jurista afirmó, de forma contundente, que dicha derogación estaba vinculada directamente con la permanencia o desaparición de la propia monarquía. Sus razones fueron claras: hubo unas condiciones, impuestas por los herederos del franquismo y asumidas por las demás fuerzas políticas del momento, previas a la propia elaboración de la Constitución de 1978, que privaban a las nuevas Cortes del supuesto carácter constituyente. Entre los “trágalas” incuestionables, figuraron la aceptación de la monarquía sucesora de Franco, el estatus y privilegios otorgados a la Iglesia por su inestimable apoyo a la “Cruzada”, el sistema electoral y blindaje constitucional que les permitiera mantener el control “democrático” … A los que no hay por menos que añadir el grave atentado contra el derecho internacional y el de las víctimas de delitos de lesa humanidad (a la Verdad, la Justicia y la Reparación), como fue la Ley de Amnistía de 1977 para garantizar total impunidad a los responsables de los crímenes y torturas del franquismo. Impunidad que hoy se extiende, con toda desfachatez, a todos los delitos del Rey -ahora Emérito- y, por extensión, a la Casa Real.
Son esas hipotecas previas y el cúmulo de intereses vinculados al mantenimiento de la institución monárquica y del régimen perpetuado a su alrededor, lo que nos debe llevar a buscar, con otros sectores igualmente concernidos, soluciones democráticas que no caben en su interior. La batalla por los principios democráticos del laicismo tiene una historia y dimensión internacional, pero también es ineludible abordarla teniendo en cuenta las particularidades propias de cada país.
En nuestro discurso y argumentario hace tiempo que hemos subrayado el origen y carácter republicano de las demandas laicistas. No es un apelativo gratuito y vacío de significado histórico y vigencia actual. La conquista del derecho universal a la libertad de conciencia, de pensamiento y expresión, la igualdad de derechos y deberes con independencia de las creencias personales, … exigió la confrontación con los regímenes basados en la unión sacrosanta del “altar y la corona”, la lucha denodada por la separación efectiva del Estado y las Iglesias, la defensa del ámbito político y común de la ciudadanía frente a la injerencia y apropiación por intereses particulares y sectarios… Aspiraciones democráticas que también crecieron en nuestro país, pero que se vieron truncadas por un aplastamiento sangriento, una cruel y represora dictadura de cuarenta años y que, después de otros más de cuarenta, continúan sin encontrar amparo democrático.
Europa Laica, en su ya larga trayectoria, ha llevado a cabo una constante labor de denuncia de los obstáculos que cierran el camino a un Estado laico, una infatigable batalla ideológica y pedagógica por la extensión del movimiento laicista, actividades e iniciativas parciales -en solitario o compartidas- por diferentes reivindicaciones que figuran en su Carta Programática y le dan razón de ser. Pero somos conscientes de que, incluso con algunos resultados exitosos en tal o cual aspecto, no han logrado remover el muro levantado en torno a los intereses fundamentales consagrados con la monarquía franquista, las líneas rojas que señalaba Pérez Royo y que no dejan de reafirmarse como tales en los foros políticos institucionales.
Si no queremos quedar limitados a la simple lucha ideológica (imprescindible, de otro lado) o a pedir reformas que el propio régimen declara incompatibles con la herencia asumida, estamos obligados a unir nuestros esfuerzos con los de tantos otros sectores sociales que buscan solución a sus demandas en una salida democrática republicana. Esa voluntad republicana ampliamente reflejada en las encuestas recientes, empieza a tomar forma y organización en los movimientos republicanos por el derecho a decidir la forma de Estado, monarquía o república, mediante referéndum. La lucha por todas y cada una de las reivindicaciones democráticas, de las que la laicidad del Estado forma parte esencial, no puede sino insertarse en ese movimiento republicano, a cuyo desarrollo podemos contribuir, a la vez y como palanca, con la defensa incondicional de las exigencias laicistas.
Es momento de unir fuerzas por objetivos y soluciones democráticas comunes, superando la dispersión actual de tantos y tantos movimientos hoy existentes por reivindicaciones -por parciales no menos justas-, pero carentes de una perspectiva política compartida que nos permita a todos, y de forma conjunta, superar los obstáculos antidemocráticos levantados para la perpetuación del régimen corrupto de la monarquía y sus componentes consustanciales.
