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Laicismo, garantía democrática

El 9 de diciembre se celebra el día internacional del Laicismo y de la Libertad de Conciencia. Un 9 de diciembre de 1905 se aprobó la Ley de Separación de las Iglesias y el Estado en Francia, primera ley en el mundo que garantiza el Laicismo del Estado. También un 9 de diciembre, pero de 1931 y en España, se aprobó la Constitución de la II República, una de las más avanzadas en su época en el establecimiento de un Estado Laico. Y en una fecha inmediatamente posterior, el 10 de diciembre de 1948, la ONU proclamaba la Declaración de los Derechos Humanos. Tenemos varios e importantes motivos para en estos días de primeros de diciembre, celebrar y reivindicar el Laicismo.

El Laicismo es una regla fundamental del Estado de Derecho, un ideal de concordia y unión de todos los  seres humanos cuyos principios básicos son la Libertad de Conciencia, la igualdad de trato de todas las personas y la búsqueda del bien común como única razón de ser del Estado.

Solo un Estado que se reconoce como Laico puede defender estos principios y para ello es imprescindible la separación del Estado y las Iglesias.

Tan imprescindible es el Laicismo para una Democracia plena, como lo es el Sufragio Universal. Sin embargo, así como cualquier persona que se tenga por demócrata no pondrá nunca en cuestión la necesidad de establecer el sufragio universal, parece que con el Laicismo no ocurre lo mismo. Existe una auténtica campaña de manipulación de lo que el Laicismo significa. Favoreciéndola se encuentran las organizaciones religiosas, como la Iglesia Católica, que tienen mucho que perder en un Estado que defienda el Laicismo de sus instituciones y la Libertad de Conciencia de su ciudadanía. Tienen que  perder todos los privilegios de los que disfrutan en los Estados teocráticos, confesionales, nacional-
católicos, como lo fue el nuestro, o criptoconfesionales, como es actualmente.

Y es que en nuestra vigente Constitución, en su artículo 16.3, tras decir que “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”, que es lo mismo que decir que el Estado español es aconfesional o laico; añade que: los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones” Mención expresa a la Iglesia Católica que se redactó dictada por las autoridades eclesiásticas de la época y que matiza hasta la contradicción lo que acababa de afirmar.

Es por este butrón, por el que entran en nuestra Constitución, los privilegios de los que goza la Iglesia Católica en nuestro país, completamente impropios de un Estado laico o aconfesional y da un aparente baño de legalidad democrática a unos Acuerdos con la Santa Sede que se firmaron tres días después de que entrara en vigor la Constitución pero que se estaban negociando cuando ésta se redactaba. En enero de 1979 el Gobierno de España se comprometía concordatariamente a continuar garantizando la financiación pública de la Iglesia en España, la enseñanza de la religión en las escuelas, la presencia de la Iglesia en las Fuerzas Armadas y las múltiples exenciones fiscales, en unas condiciones similares a las del Concordato firmado con la dictadura franquista.

Y por ese mismo boquete constitucional cualquier otra religión con seguidores en nuestro Estado, Islam,
Judaísmo, Protestantismo,… puede solicitar gozar de esos privilegios, desde impartir su doctrina en horario escolar, hasta disponer de su propia casilla en la declaración de la renta para su mantenimiento económico. Muchas personas demócratas pueden pensar que el multiconfesionalismo es la solución.

Grave error. Lo único que conseguiríamos es multiplicar los perjucios del confesionalismo: la guetificación, la separación de la sociedad en grupos cerrados, el que existan leyes diferentes según la adscripción religiosa y que las personas no creyentes se conviertan en ciudadanos de segunda.

En el momento actual en el que las propuestas políticas empeñadas en devolvernos al blanco y negro de los documentales del NODO han irrumpido con estruendo en nuestras instituciones, se hace más necesario que nunca reivindicar que avancemos hacia el Laicismo del Estado. Porque avanzar en Laicismo es avanzar en Democracia y solo un Estado Laico puede defendernos de la cerrazón de la intransigencia, arbitrariedad, desigualdad y discriminación.

Y defender el Laicismo en España, es reivindicar, entre otras cuestiones, la modificación de la Constitución del 78 y la anulación los acuerdos concordatarios con el Vaticano.

Alicia Alcalde Villares  ( Vicepresidenta de MHUEL y vocal de la Junta Directiva de Europa Laica )

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