El territorio del reino de España dispone de una larga tradición en defensa del laicismo. Esto es así por varias razones, pero una de ellas es por la existencia de una iglesia católica especialmente potente, reaccionaria y nefasta en nuestra historia y en nuestro presente.
Lo que significa laicismo no debería suponer ninguna ambigüedad.
«Un sistema político caracterizado por la exclusión de la influencia y control eclesiástico» (Diccionario Merriam Webster).
«La doctrina según la cual la moralidad debe basarse únicamente en el bienestar de la humanidad en la vida presente, con exclusión de todas las consideraciones derivadas de la creencia en Dios o en un estado futuro» (Diccionario Oxford).
«La creencia de que la religión no debería estar implicada en las actividades políticas y sociales habituales de un país» (Diccionario Cambridge).
«La laicidad implica la separación de las organizaciones religiosas y estatales. El orden político se basa en la única soberanía del pueblo de los ciudadanos y el Estado -que no reconoce ni paga ninguna religión- no regula el funcionamiento interno de las organizaciones religiosas. De esta separación se deduce la neutralidad del Estado, las autoridades locales y los servicios públicos, no de sus usuarios. La República laica impone así la igualdad de los ciudadanos en la administración y el servicio público, sean cuales sean sus convicciones o creencias” (De una página de la república francesa).
Son definiciones y aclaraciones suficientemente nítidas para cualquier persona que intelectualmente pretenda luz y no oscuridad. Ahora bien, algunas polémicas están mezcladas de enredos como «laicismo positivo o laicismo negativo” o “laicismo agresivo y laicismo sano o tranquilo». Creo que todo esto es pura palabrería. Como distinguir entre religiones fundamentalistas y no fundamentalistas. O entre religiones dogmáticas y no dogmáticas: entendiendo dogmatismo por su acepción de mantenimiento de las ideas como verdades indudables sin la menor evidencia empírica. ¿Hay alguna religión que no sea dogmática en un sentido preciso: que esté dispuesta a discutir sus ideas fundamentales a la luz de la razón y de la evidencia empírica? No conozco a ninguna.
Pero me gustaría centrarme en esta breve intervención en un punto que forma parte de la definición de laicismo: «Ninguna religión debe tener un tratamiento superior a otras por parte del Estado. Y que, como instituciones privadas que son, las iglesias no deben recibir en ningún caso y para nada recursos del Estado».
Vivimos en un Estado donde este principio laico está pisado de forma continuada, en realidad se trata de una violación permanente.
Pondré la cuestión de una manera que puede mostrarlo de forma hasta divertida. Se debe a un artículo de hace más de 15 años que he leído estos días para preparar esta intervención.
Se trataba de un supuesto grupo de docentes que estaba preocupado por el nivel de la enseñanza en el reino de España. Y proponían:
«Queremos llegar a un acuerdo con las autoridades eclesiásticas para que nos cedan un diez por ciento del tiempo de las misas con el fin de que profesores especialistas en las distintas disciplinas puedan llegar más fácilmente a los creyentes mediante breves intervenciones didácticas.
Estamos estudiando cuál sería el momento idóneo para insertar en las misas contenidos científicos y culturales, tal vez inmediatamente después de la consagración o justo antes del padre nuestro.
Está claro que algunos feligreses podrían, con razón, objetar que ellos no tienen porqué aumentar sus conocimientos ni su cultura, ya que acuden a misa con el sólo fin de orar y escuchar la palabra de Dios.
Para solucionar este problema, y aunque pudiera parecer inconstitucional, a la entrada a la iglesia les haríamos rellenar un formulario para que manifestaran su preferencia por la religión o la cultura.
(…)
Los obispos nos han adelantado que no habría problema en computar el tiempo de cualquiera de estas actividades como tiempo equiparable al dedicado a escuchar la palabra de Dios, a la oración, a la contemplación, la penitencia o a la caridad y en ningún caso podrá discriminarse el acceso a la salvación eterna a los fieles en razón de sus preferencias religiosas o educativas.
Tampoco han puesto la más mínima objeción a la aparente contradicción derivada de que el contenido de las misas esté basado en la fe y las creencias, en contraste con la naturaleza científica y académica de los contenidos que habitualmente impartimos en las aulas.
En un primer momento, las clases se impartirían sólo durante las misas obligatorias de los domingos y fiestas de guardar, para más adelante extenderse a otros actos religiosos de asistencia no obligatoria como bautizos, bodas, comuniones, funerales, ejercicios espirituales, ordenaciones sacerdotales e incluso ceremonias de canonización o beatificación.
Pero, ¿de dónde saldría el dinero para pagar al profesorado que trabaje los domingos? Sin duda alguna de los donativos que los fieles depositan en los cepillos, del porcentaje de impuestos destinados al sostenimiento de la Iglesia Católica o, en general, de los presupuestos de la Iglesia.
Para garantizar la calidad de las enseñanzas impartidas, nuestra asociación gestionaría directamente el dinero aportado por la Iglesia y con él contrataría a profesores de sólida formación pedagógica y científica que se encargarían de impartir las clases durante las misas.
Naturalmente, dado el carácter eminentemente laico de las clases, no dudaríamos en despedir fulminantemente a aquellos profesores que no mantuvieran una coherencia laica entre su vida profesional y personal haciendo cosas como casarse por la iglesia, acudir a misa semanalmente o participar en cualquier tipo de actos religiosos.»
¿Da risa? Esta es exactamente la situación que, permutando adecuadamente los términos, hace desde muchos años la Iglesia católica en las escuelas públicas. Los profesores y profesoras de religión los pagan todos los contribuyentes, pero son elegidos y autorizados por los obispos católicos; la vida que deben llevar es acorde con los principios de esta iglesia y no con los derechos democráticos reconocidos (homosexuales, divorciados y divorciadas… son apartados de sus puestos de trabajo). Hoy en el reino de España casi el 28% de la enseñanza es concertada. La pública representa el 67,5%, lo que representa más de 13 puntos por debajo de la media europea. La Iglesia controla más del 60% de los centros concertados. Una vergüenza de la realidad de un estado supuestamente aconfesional.
La escuela concertada es sólo una parte, importante sin duda, de esta vergüenza. No sé si el más importante de la injerencia de la iglesia en la vida pública y de su mantenimiento por parte del Estado. No hay manera de que la iglesia explique sus cuentas, no hay manera de que explique en qué se gasta el dinero público, no hay manera de conocer la menor transparencia en sus actividades comerciales y económicas. Y se le permite. Como al rey Borbón y a la casa real. Es la primera interesada que cuanta más opacidad haya mejor. Números tenemos, porque hay organizaciones que intentan hacer evidente la barbaridad que significa la cantidad de caudales públicos para uso privado. La iglesia es una asociación privada, que debería incumbir a sus fieles y solamente a ellos, no a los que pagamos siendo ateos o de cualquier otra religión para su mantenimiento. Que crean lo que quieran, en Dios o en la tetera orbitante de Russell. Pero que paguemos sus creencias todas las personas que debemos declarar el IRPF no es en absoluto racional ni, por supuesto, propio de un Estado que fuera laico.
En 1972, un almirante franquista católico fanático y que ETA hizo volar por los aires un año después, Carrero Blanco, declaró al diario Pueblo: «Desde 1939 el Estado ha gastado unos 300.000 millones de pesetas en construcción de templos , seminarios, centros de caridad y de enseñanza, sostenimiento del culto, etc.» ¡300.000 millones de pesetas! Era una cantidad impresionante, si nos situamos en el poder adquisitivo de la época referida. Pero son cálculos lejanos. Mucho más recientemente, una asociación (Europa laica) que lleva años denunciando los privilegios de la iglesia, hizo público un estudio del 2016 según el cual el estado aporta 11.000 millones de euros en la iglesia. El estudio estaba basado a partir de datos de organismos oficiales: «A lo largo del año 2015 el Estado (central, autonómico y local) cedió a la iglesia católica oficial, de manera directa o por la vía de dejar de ingresar impuestos, una cifra superior a los 11.000 millones de euros, lo que supone más del 1% del PIB». Ese cálculo incluye las exenciones fiscales como en el caso del IBI valoradas en 3.000 millones al año; 4.600 millones para pagar a los 35.000 profesores de religión y los conciertos con los centros religiosos; 3.200 millones para dispensarios, hospitales y centros de salud, y otros 500 millones para la conservación del patrimonio artístico propiedad de la Iglesia, entre otros.
¿Cómo es posible? IRPF (que lo pagamos todos, no sólo los que ponen la casilla), propiedades inmobiliarias inmensas que no pagan IBI (que incluye pisos, parkings, incluso alquilados a terceros), propiedad del 70% del suelo habitable de Toledo, Ávila, Burgos y Santiago y de porcentajes muy considerables en más de 8.000 municipios del reino, obras de arte, medios de comunicación… Todos lo pagamos porque la iglesia no paga. Recordemos la política de la iglesia: cuando menor sea el Estado, más justificada está en su intervención. Cuando menos política social, más Cáritas; cuando más pobreza, más negocio de la caridad.
Los jueces siempre fallan a favor de la iglesia católica. Siempre. Sólo hay que ver las sentencias del Tribunal Constitucional a las denuncias de ayuntamientos que se atreven a plantar cara al expolio por un poco de dignidad y de decencia. Siempre al lado de la iglesia. Y la parcialidad es vergonzosa. Como la filiación de muchos de sus miembros hace difícil que sea de otra forma. Un ejemplo, sólo uno de los cientos que se podrían poner. Es sobre la educación separada por sexos. Nos situamos en abril de 2018, hace poco más de dos años. No sólo el Tribunal manifestó que la segregación es respetuosa y no causa discriminación, sino que los centros deben recibir fondos «del sistema de financiación pública en condiciones de igualdad». Habitual, ellos ponen el adoctrinamiento y la ciudadanía paga los impuestos. Uno de los firmantes de la sentencia judicial era Andrés Ollero miembro del Opus y diputado del PP durante 5 legislaturas. No hubo objeciones a su imparcialidad (sic). ¿Se acuerdan cuando el magistrado Pablo Pérez Tremps fue apartado del Tribunal en las deliberaciones sobre el Estatuto de Cataluña por haber participado en un informe encargado por la Generalitat para la redacción del texto? Un ejemplo solamente. Parece ser que el señor Ollero era imparcial o que su pertenencia al Opus era un dato insignificante.
He mencionado las casillas del IRPF. Corresponde a un partido que a veces dice ser laico (sic) una de las mayores concesiones a la depredadora iglesia católica realizadas después del franquismo. Efectivamente, fue un Gobierno del PSOE, el de Zapatero, en 2006 que subió al 0,7% la aportación del IRPF a la iglesia. Un supuesto laico, el señor Zapatero, que subió el 33% la aportación vía IRPF de dinero público a la iglesia católica. Como explica Ángel Munárriz en Iglesia, SA el PSOE es más laico cuando está en la oposición. Más laico y más tantas cosas cuando está en la oposición… Como también se dice en este mismo libro, tanto con PP como con PSOE “el Estado no confesional ha acabado siendo al Estado laico lo que el Estado de las autonomías al federal: una aproximación, un remedo, una imitación sin sustancia».
Se trata de no marcar ninguna casilla. Pero marquemos la que marquemos, pagamos todos a la iglesia. Supongo que no hace falta explicarlo mucho, ni hace falta ser hacendista. Del total de los impuestos de IRPF recibidos, una parte va a la iglesia en función del número de crucecitas. En vez de dedicarse a otras cosas van a la iglesia. Yo pago a pesar de ser un ateo militante a la iglesia. Y usted y el otro, cualquier declarante del IRPF. Una posibilidad diferente: la alemana. Otra mejor es la laica: ni un euro público a la iglesia. Que se la paguen los fieles, como toda asociación privada. Están en su derecho pagar por sus creencias, pero no tienen ninguno a un solo euro de los 11.000 millones que chupan anualmente. Cuanta menos clientela tienen, más dependen del Estado. Y este Estado se lo da.
Termino con un recordatorio a Antoni Domènech, un laico sin concesiones. Al fin y al cabo, esta mesa se organizó en homenaje a este gigante del pensamiento republicano-socialista. Y lo haré recordando un fragmento de discurso de uno de los políticos españoles que más en consideración tenía, Manuel Azaña. Parte de esta consideración era por su castellano maravilloso. Este discurso de Manuel Azaña es del año 1930 y gustaba especialmente a Toni y por eso lo quiso publicar en Sin Permiso:
«No temáis que os llamen sectarios. Yo lo soy. Tengo la soberbia de ser, a mi modo, ardientemente sectario, y en un país como éste, enseñado a huir de la verdad, a transigir con la injusticia, a refrenar el libro examen y a soportar la opresión, ¡qué mejor sectarismo que el de seguir la secta de la verdad, de la justicia y del progreso social!»
Y más adelante:
«No nos bastará barrer de un escobazo el infecto clericalismo del Estado, ni acabar con la demagogia frailuna que a los liberales moderados de hace un siglo ya les parecía repugnante.»
Joaquín Maurín, otro de los políticos muy queridos por Toni, escribió casi en los mismos momentos:
“España necesita llevar a cabo todavía su revolución democrática, es decir, la abolición definitiva de la monarquía, el exterminio del poder de la Iglesia, el reparto de la tierra, la liberación de las nacionalidades, la emancipación política y moral de la mujer, la destrucción del armatoste secular del Estado semifeudal”.1
90 años después de haber sido dichas estas palabras de Azaña y Maurín, podemos decir con mucha evidencia que estamos todavía en un estado de facto confesional, que la alianza monarquía-iglesia-ejército sigue imperando con mucho vigor. Y que los gobiernos UCD-PSOE-PP habidos hasta ahora a lo largo de más de 40 años, siguen dando todo tipo de privilegios a la iglesia católica. El “infecto clericalismo” campa por las suyas con toda la complicidad de la monarquía, del ejército y de los tribunales de justicia. Y de los gobiernos.2 El laicismo y la razón tienen un largo y duro camino que recorrer.
Muchas gracias.
Daniel Raventós
(Este texto es una versión traducida y adaptada de la intervención en la mesa sobre “postmodernidad y razón” de la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya -UPEC- en homenaje a Antoni Domènech, el 5 de noviembre de 2020.
Notas:
1 Víctor Alba: Dos Revolucionarios: A. Nin y J. Maurín, Seminarios y Ediciones, Madrid, 1975
2 Incluido el actual gobierno de coalición. Como escribía recientemente Antonio Gómez Movellán con motivo del reciente viaje de Pedro Sánchez al Vaticano: “El gobierno de coalición en vez de avanzar en la hoja de ruta del laicismo, consolida los privilegios del catolicismo en la educación y en la financiación pública de la institución católica y no sabemos si ello influirá, además, en los proyectos de ley ya en discusión como el de la eutanasia o en el sinuoso asunto de las inmatriculaciones por la cual la iglesia ha pretendido quedarse con el 100% del patrimonio histórico cultural de raíz religiosa, además de otros desaguisados. Es increíble que en la poca ambiciosa ley de reforma educativa que se está tramitando en el parlamento, la conocida como ley Celáa, ni siquiera se hayan rozado los fortísimos intereses del catolicismo en la educación ya que ni siquiera se contempla acabar con el adoctrinamiento confesional fuera de la escuela por el cual más de 18.000 catequistas católicos adoctrinan a los menores con un coste de uno 900 millones de euros y ni siquiera se plantea sacar la asignatura fuera del horario escolar.”
El vídeo completo de la mesa con las preguntas del público:
