La vicepresidenta De la Vega ha insistido en los últimos tiempos en la voluntad firme del Gobierno de avanzar en la laicidad del Estado y de proteger las creencias de quienes no creen. Una buena propuesta, en teoría. Pero me resulta curioso como se nos llena la boca con eso que nos ha dado por llamar laicidad.
Lejos de cualquier triunfalismo, España continúa teniendo brotes esquizofrénicos, que no verdes, al cohabitar, dentro de nuestro país, dos fuerzas notoriamente antagónicas: una inquebrantable confesionalidad sociológica, que empapa cada tentáculo de nuestra sociedad, junto a una clara pretensión de implantar un laicismo de Estado, como pretende el Gobierno, acorde a la mayoría de países de nuestro entorno. Pero España, por mucho que lo neguemos, continúa siendo un país rabiosamente católico.
Y es que no podemos olvidar, aunque algunos lo pretendan, que en este país la Iglesia no titubeó a la hora de proclamar al General Franco Caudillo de España por la gracia de Dios, convirtiendo al régimen franquista en la última teocracia de Occidente. Una Iglesia que del mismo modo que participó en la persucución y encarcelación de hombres homosexuales, concedió el honor al Generalísimo de entrar bajo palio en las iglesias. Pero es más. Esa cúpula eclesiastica, que pretende imponer la moral y arremete contra el aborto, no duda en apoyar la tortura pública de un animal, la mal llamada “Fiesta Nacional” omitiendo una bula papal del Papa Pío V, publicada bajo el nombre De Salutis Gregis Dominici, que prohibía terminante y perpetuamente las corridas de Toros, decretando pena de excomunión inmediata contra cualquier católico que las permitiera o participase en ellas. Igualmente ordenaba que no se diera sepultura eclesiástica a los católicos que pudieran morir como consecuencia de participar en cualquier espectáculo taurino. ¿Esa Iglesia puede dar lecciones de ética?
Y esa España, por mucho que lo neguemos continúa existiendo. El arraigo de la Iglesia católica en España hace que se confundan, en no pocas ocasiones, las celebraciones de carácter festivo o histórico con las religiosas. El himno nacional saluda en Semana Santa la salida de cada procesión, véase el caso de Sevilla, y el viernes santo las banderas de muchos cuarteles ondean a media asta en señal de duelo. Pero eso no es todo. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado escoltan iconos religiosos en celebraciones públicas, y las autoridades civiles y políticas acompañan a los representantes católicos en manifestaciones puramente religiosas. ¿Esta es la España que camina hacia la laicidad de la que presume el Gobierno?
¿Y qué me dicen de aquellos que libremente hemos decidido abandonar la casa que un día nos impusieron? Sí, me refiero a la apostasía. Ese procedimiento mediante el cual se abandona la Iglesia católica después de entrar a formar parte de ella mediante el bautismo. Apostatar es un derecho, sin embargo, la Iglesia envuelve con trabas las peticiones de apostasía. Algunos obispados piden al solicitante las explicaciones que no reclamaron al bautizarle. Y es más, las parroquias no suelen borrar al apóstata de su libro de bautismos, sólo hacen constar, junto a su nombre, su declaración de ser dado de baja.
Una Iglesia que, se ponga como se ponga, tiene mucho que callar y que desde sus púlpitos arremete contra la homosexualidad exigiendo el mantenimiento de la familia tradicional y de un sistema educativo que expulse de las aulas el darwinismo, la educación sexual, tan importante para prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, y cualquier interpretación del mundo ajena o contraria a los textos sagrados.
Pero para más inri, nunca mejor dicho, un país donde el representante de la derecha más moderna hace regalos más propios de una teocracia que de una democracia (me refiero al minivaticano que pretende construir Rouco con la ayuda inestimable del Ayuntamiento de Madrid) es un país que tiene un problema. Y todo esto denota que por mucho que lo neguemos vivimos en un país encorsetado en una laicidad de salón. ¡Qué triste!
Javier Montilla es escritor
