La yihadista de Vitoria reconoce los hechos y la Fiscalía solicita dos años de cárcel por difundir propaganda del Estado Islámico

El fiscal del caso quería pedir sólo un año de cárcel, pero ha acatado la orden del fiscal jefe de elevar la pena a dos

El juicio contra Verónica R.Y., acusada de haberse autoadoctrinado en los postulados del Estado Islámico y de difundir propaganda de la organización terrorista, ha quedado visto para sentencia este martes en la sede de Génova (Madrid) de la Audiencia Nacional. La mujer, originaria de Perú, de nacionalidad española y residente en Vitoria desde 2006, ha reconocido los hechos que se le atribuyen, salvo la acusación de adoctrinamiento militar a sus hijos menores de edad. La Fiscalía ha pedido dos años de cárcel.

Fue detenida en septiembre de 2023 por la Guardia Civil en su domicilio del barrio vitoriano de Zabalgana. Tras su arresto, ingresó en prisión provisional, aunque la Audiencia Nacional acordó poco después su puesta en libertad mientras se tramitaba la causa. Inicialmente, el Ministerio Público solicitaba una condena de cinco años. Sin embargo, en el juicio, el fiscal del caso ha rebajado la petición a dos años, acatando una instrucción directa del fiscal jefe, como ha señalado en el turno de informes.

Ha indicado que, por primera vez en su «dilatada trayectoria», se acogía al artículo 25 del Estatuto del Ministerio Fiscal, que regula el deber de obediencia jerárquica. En sus conclusiones, ha asegurado que no considera que la acusada represente un riesgo actual ni cree necesarias medidas de libertad vigilada. A su juicio, lo procedente hubiera sido pedir solo un año de prisión y tres de inhabilitación para ejercer un cargo público. La abogada de la acusada, tras la exposición final del fiscal, ha hecho suyas las alegaciones y ha declinado su turno de exponer conclusiones.

En su escrito de acusación, la Fiscalía sostenía que Verónica R.Y. no solo consumía contenido extremista, sino que también lo difundía desde diversas plataformas digitales. En el registro de su vivienda, los agentes de la Guardia Civil intervinieron casi 80 gigas de material audiovisual y documentos en español, árabe y ruso, muchos de ellos con un marcado contenido propagandístico. Incluso llegó a planear un viaje a zona de conflicto con sus cuatro hijos, a quienes llamaba “leones”, con la intención de integrarse todos en las filas del Estado Islámico.