La resolución del juzgado contencioso número dos de esta Ciudad de Cádiz por la cual mantiene la concesión, por parte del Ayuntamiento, de la medalla de oro de la ciudad la Virgen del Rosario es una mala noticia para la laicidad y la democracia. Nuevamente el simbolismo oficial católico se quiere imponer a toda la ciudadanía; el juez, al resolver de esta forma, pisotea el principio de aconfesionalidad del Estado. Ni que decir tiene que interpondremos recurso a este galimatías de resolución aunque ya sospechábamos que difícilmente un juzgado de Cádiz iba a resolver favorablemente este asunto ya que se dicta justicia en una ambiente de fuerte presión del status quo, animada por fanáticos católicos, como bien se pudo constatar en la vista oral de este procedimiento. Pero además de ser una resolución que, desde un punto de vista jurídico, da vergüenza ajena, las costas impuestas a nuestra asociación tienen carácter punitivo ya que son algo desproporcionado y desconocido que un contencioso sin cuantía tenga estas costas: otro despropósito más que recurriremos.
Los católicos integristas pueden estar contentos porque parecen saludar esta resolución como un éxito para toda Andalucía; intentan hacer creer que la identidad andaluza son las cofradías, los toros, las Vírgenes y la semana santa, justamente igual que piensan los ultraderechistas de VOX. Lo que es triste es que fuerzas del cambio y progresista amparen y alimenten este populismo ultracatólico desde las instituciones.
Europa Laica ha recibido y recibe muchas muestras de solidaridad que nos animan a seguir adelante en la lucha por la democracia y la más que necesaria separación de la Iglesia y del Estado. Si la corporación del Ayuntamiento de Cádiz, con su populista alcalde a la cabeza, quiere imponer la simbología católica como la oficial de la ciudad allá ella porque en contraposición a estas actitudes, hay un número significativo de nuevos alcaldes y alcaldesas que intentan impulsar el laicismo en las instituciones públicas. Es el caso del alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, del grupo político de En Marea, que nunca ha asistido a la fiesta patronal del apóstol patrón de España, manteniéndose en su postura pese a las presiones que le llegan desde todos lados. O en otros muchos Ayuntamientos como los de Valencia, Gijón, Rivas-Vaciamadrid, etc. que han suscrito acuerdos y protocolos de laicidad institucional. O muchísimos otros cargos públicos que, en coherencia con los idearios de sus partidos políticos, promueven el laicismo institucional y la libertad de conciencia. Es una pena que en una ciudad como Cádiz, tan castigada por la crisis y el desempleo, todavía se siga fomentando el populismo católico que, históricamente, ha sido uno de las causas principales del atraso finisecular de España. Y si la cofradía fuera de verdad devota y viviera la religión sentida no intentarían invadir el espacio público y común de todos con sus ídolos. Cádiz es una ciudad con numerosísimos templos y conventos católicos; ¿por qué quieren también invadir el templo de los ciudadanos?
Algunos pensaran que todo esto es solo algo simbólico, que no tiene tanta importancia, pero la adopción institucional de una simbología religiosa, principalmente católica, suele ir también unido a la defensa y no cuestionamiento del statu-quo dominante en la ciudad en ámbitos como la economía, el urbanismo o los servicios públicos; por eso, en este país, las fuerzas políticas que erosionan las conquistas sociales y los servicios universales se identifican tanto con el catolicismo y por eso ahora, que parece que soplan vientos reaccionarios, algunos quieren identificar la nación con lo católico, contribuyendo a ello todos los símbolos, desde un belén, pasando por la asistencia a la procesión de un alcalde y finalizando con la imposición de la medalla de oro de la ciudad a una Virgen católica.
Esta resolución judicial es un milagro navideño intercedido por la Virgen del Rosario y supone un triunfo de la presión del fanatismo católico contra la ciudadanía y es una constatación más que vivimos en un estado confesional católico donde las corporaciones públicas y los representantes del pueblo pisotean diariamente la laicidad de las instituciones.
