La vicepresidenta Carmen Calvo pleitea en los tribunales para no entregar las cartas con la Santa Sede

El Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad ha recurrido en los tribunales la resolución por la que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno le daba diez días hábiles para entregarle “toda la correspondencia” que Carmen Calvo cruzó a principios de año con la Santa Sede en relación con el traslado de los restos de Franco al ciudadano que la había solicitado formalmente.

La negativa de Calvo a facilitar las cartas con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, se produce a pesar de que las misivas dejaron de ser inéditas hace ya cinco meses. El 22 de febrero, El Independiente reprodujo el contenido íntegro tanto de la carta que la vicepresidenta le había enviado al cardenal Parolin el 18 de enero -en la que le instaba a evitar un “conflicto jurídico y político” indeseado- como el de la misiva con la que el secretario de Su Santidad le había respondido 27 días después.

El pasado 19 de marzo, el departamento que dirige Calvo comunicó al abogado extremeño Isaac Ibáñez que le denegaba el acceso a la información solicitada al concurrir -en su opinión- uno de los 12 límites establecidos en el artículo 14.1 de la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y transparencia. En concreto, la causa alegada es la detallada en la letra ‘c’: “Las relaciones exteriores”.

“La publicación de dichas comunicaciones sería susceptible de comprometer las relaciones con el país en cuestión y, en todo caso, afectaría a la confianza mutua en la que deben desarrollarse las relaciones diplomáticas entre países”, justificó Presidencia.

Tres meses después, el Consejo de Transparencia avaló la petición del ciudadano y defendió el derecho de éste a conocer el contenido de las cartas. El organismo que promueve la transparencia en las administraciones públicas afeó al Ejecutivo que hubiera denegado el acceso a dichas misivas cuando integrantes del gabinete de Pedro Sánchez -incluida la propia Calvo- habían hecho referencia al “contenido de la correspondencia” con el Vaticano en manifestaciones públicas.

“Si bien pudiera tenerse en cuenta que la naturaleza del objeto de las comunicaciones debiera verse en el marco de las relaciones exteriores de nuestro país y, por tanto, analizarse su acceso desde la perspectiva de un eventual perjuicio a las mismas, podemos concluir que la pretendida confidencialidad que la Administración (…) quiere conferir a la documentación solicitada no ha sido por ella misma preservada. Y ello debido a las declaraciones públicas hechas por miembros del Gobierno en las que se apuntaba el contenido de dicha correspondencia. No parecería lógico, por lo tanto, afirmar la confidencialidad de las conversaciones mantenidas -y reflejadas en los textos de unas cartas- cuando se realizan declaraciones públicas que desgranan el contenido de las mismas o, al menos, la postura en ellas recogidas”, razona el Consejo de Transparencia en la resolución por la que ha estimado la reclamación presentada por Isaac Ibáñez.

Lejos de aquietarse, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad ha interpuesto  un recurso contra la resolución del Consejo de Transparencia. El procedimiento ha recaído en el Juzgado Central Contencioso-Administrativo 10 de Madrid, que el pasado 8 de julio dio un plazo “improrrogable” de veinte días al departamento que dirige Carmen Calvo para que le remita una copia completa del expediente administrativo y emplazó al solicitante de la información por si desea alegar.

Proyecto ‘estrella’ de Sánchez

La exhumación de los restos de Franco, el proyecto ‘estrella’ de Pedro Sánchez y que éste pretendía ejecutar el pasado verano, está suspendida cautelarmente a la espera de que el Supremo entre en el fondo y dicte sentencia, lo que se espera para otoño salvo que se eleve cuestión de inconstitucionalidad por el mecanismo legislativo -decreto ley- utilizado por el Gobierno para modificar la Ley de Memoria Histórica y dar cobertura al proyecto de traslado de los restos del dictador.

El Alto Tribunal estimó el pasado 4 de junio la medida provisional solicitada por los nietos de Franco, la abadía benedictina, la Fundación Nacional Francisco Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. A ello se suma la suspensión cautelar de la licencia urbanística concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial (Madrid), preceptivo para la retirada de la losa que cubre la sepultura del dictador.

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