Entrevista a Enrique J. Vila Torres, abogado. Lleva más de quince años como letrado dedicado exclusivamente a facilitar que hijos bastardos, y posteriormente abandonados, adoptados, acogidos, o inscritos como falsos hijos, encuentren a sus madres y padres. Es presidente de la Fundación Raíces y Derechos; Director en Europa de SIHRC (ONG Internacional en defensa de derechos humanos inscrita en la ONU); Presidente de SOS bebés robados España y Secretario de SOS Raíces España, y técnico asesor de Club UNESCO Heritage, en defensa del «Derecho a los Orígenes y al Vínculo Familiar». Entre sus libros destacan «Mientras duró tu ausencia», «Hijos de otros dioses», «Cartas de un bastardo al papa» o «El Expediente Samael»
¿Qué le llevó a investigar la trama de los niños robados en España?
Soy adoptado. Me enteré cuando ya había acabado la carrera de Derecho. Entonces la convicción de abogado y enterarme de que soy adoptado a los 23 años me hizo empezar a buscar a mi madre biológica y ahí encontré, en 1988, los tremendos problemas que había para buscar. En 1999 tuvimos el derecho a poder encontrar a nuestras madres, fui resolviendo casos, he ayudado a mucha gente a encontrarse. Hay una eclosión a partir del momento en que se publicita el derecho de los adoptados a conocer sus orígenes biológicos. Cada vez más adoptados quieren conocer a sus madres. Y entonces empiezo a ver a mucha gente que me dice: Enrique, quiero conocer a mi familia biológica porque soy adoptado. Y descubro que me traen sus partidas literales de nacimiento y constan como hijos biológicos de padres que no lo son. Me empieza a extrañar. Y dije: ¡Caramba!, cuántos casos hay en los que había falsas adopciones. Esto lo voy descubriendo poco a poco en mi despacho. Un 10% o un 15% de los adoptados son hijos biológicos falsos. Y junto con dos clientes, aproximadamente en 2008 o 2009, Antonio Barroso y Juan Luis Moreno, decidimos denunciar. La primera experiencia es la que se podía esperar. Archivo del acaso por prescripción en primera instancia, la Audiencia Provincial lo archiva, el Tribunal Constitucional lo archiva también. Entonces, como había muchos casos, nos planteamos denunciar todos los casos conjuntamente, porque yo estoy convencido de que denuncias individuales, que ya se habían producido, de hecho yo conozco una denuncia de 1968, nunca tienen éxito. Sobre todo por prescripción, los jueces no quieren entrar. A raíz de esos dos primeros casos empezamos a recopilar datos de personas que querían denunciar y el 27 enero de 2011 redacto una denuncia conjunta en la que incorporo 261 casos de madres y de hijos que creen que han sido víctimas de un robo o de una inscripción falsa de la filiación, y lo presentamos a la Fiscalía General del Estado. Se admite la denuncia y a partir de ahí obliga a todas las fiscalías provinciales de toda España a admitir e investigar todas las denuncias que le hemos presentado. Con lo cual, fue un descubrimiento poco a poco, de ver que en España existía esta mafia de promover adopciones falsas.
Suena mal decirlo, pero se ocultaban para dar a luz. Era un régimen absolutamente carcelario. No les dajaban salir, les cambiaban el nombre para que entre ellas no hicieran amistad, les hacían trabajar de forma forzada o lavar, coser…las sacaban a veces, acompañadas por monjas, para pedir limosna por las casas. Y una vez que daban a luz, se iban a sus casas, y el bebé se quedaba allí y se entregaba en adopción
¿Con qué edad le adoptaron?
La adopción se tramitó cuando yo tenía seis meses, pero me acogieron en una casa cuna con un día. Era lo habitual entonces.
¿Cómo eran esas casas cuna?
Las casas cuna eran centros en un alto porcentaje privados y religiosos, estaban regidas por monjas, en mi caso por las Religiosas Siervas de la Pasión. Casas Cuna Santa Isabel hay en Barcelona, Valencia y Vigo, pero hay muchas más. Sos casas cuna que están pensadas para que las chicas, sobre todo las mujeres jóvenes, menores de edad y solteras, ingresasen allí y pasaran los meses en que se nota el embarazo, pues a partir del tercer mes que es cuando empieza a notarse la barriguita. Estaban allí para ocultar esa vergüenza -suena mal decirlo-, pero se ocultaban para dar a luz allí. Era un régimen absolutamente carcelario. No les dajaban salir, les cambiaban el nombre para que entre ellas no hicieran amistad, les hacían trabajar de forma forzada o lavar, coser…las sacaban a veces, acompañadas por monjas, para pedir limosna por las casas. Y una vez que daban a luz, se iban a sus casas, y el bebé se quedaba allí y se entregaba en adopción. Es algo parecido a lo que pasaba en Irlanda, y que se ve en la película de Stephen Frears, Philomena. Eran regímenes de internamiento de mujeres embarazadas para quitarles a sus hijos.
Por mi se pagó 1 millón de pesetas de 1965, que era muchísimo dinero. Y he escuchado cifras de hasta 3 millones de pesetas por un bebé
Entre sus obras literarias sobresale «Cartas de un bastardo al papa» (Algaida, 2019), misivas que no recibieron respuesta. ¿Qué ocultan las instituciones religiosas en sus archivos para impedir, tantos años después, el encuentro entre madres e hijos robados al nacer?
Es la gran pregunta. En principio, llámeme ingenuo, pero yo pensaba que podía ser una promesa que habían hecho a las madres, porque algunas a lo mejor preferían ocultarse. Pero luego he conocido a tantas madres, que casi todas quieren conocer a sus hijos y casi todas fueron forzadas o engañadas para que entregaran a sus bebés. Por tanto, esa promesa es falsa. ¿Qué quieren ocultar? Precisamente esas coacciones. Sería muy duro que empecemos a encontrar a nuestras madres biológicas y el 80% o el 90% dijesen que nos entregaron en contra de su voluntad. Esto para el adoptado es muy duro. Yo, como adoptado, y otros adoptados también, hemos crecido en la creencia de que nuestra madre nos abandonó. Esto crea un pequeño o gran trauma. Pero, claro, luego hemos ido cambiando nuestra concepción y quizás pensamos que nuestra madre fue obligada a entregarnos o directamente se le engañó y se nos robó, ¿no?. Es muy diferente y para nosotros es muy importante saber eso. Creo que quieren ocultar esto porque sería un escándalo. Es decir, cómo es posible que la Iglesia Católica haya participado durante tantos años en esta presión brutal hacia las madres, castigándoles, quitándoles a sus hijos, simplemente porque eran menores de edad o porque no estaban casadas. Pero es que, además, detrás de esta moral tremendamente mala y nefasta hay también un negocio, porque por nosotros pagaban. Primero les quitaban a los niños en base a esa hipócrita moral reaccionaria, pero es que además cobraban. Por mi se pagó 1 millón de pesetas de 1965, que era muchísimo dinero. Y he escuchado cifras de hasta 3 millones de pesetas por un bebé. Entonces, ese dinero dónde está. Se ha movido una cantidad económica desmesurada por la venta de niños.
A estas alturas, ¿no resulta arcaica esa inviolabilidad de los archivos eclesiásticos cuando se trata de investigar una causa como la que le ocupa?
Es totalmente arcaico. Lo que sucede es que en su día hubo un secretario de la Conferencia Episcopal que alego los concordatos del Estado español con la Iglesia Católica que garantizan esa inviolabilidad de los archivos eclesiales. En cualquier caso, jurídicamente hablando, y como abogado, estoy convencido de que si se planteasen esos tratados internacionales frente a la Consitución Española, cualquier juez aplicaría la Constitución y el derecho de toda persona a conocer a sus familiares, Pero bueno, siguen acogiéndose a eso. Y cuando se ven acorralados, dicen que los han quemado, que los han perdido o que no los tienen directamente. Porque son archivos privados cuya custodia sólo está en sus manos. Y de ahí, la idea de acudir al papa. El Santo Padre es el jefe de la Iglesia Católica y pienso que lo que él decida podrá obligar a todos sus empleados, por llamarles de alguna manera, a que lo cumplan. Las cartas le llegaron, no contestó, se publicaron en Italia, en un libro, se lo entregué personalmente. Pero ese silencio no es un tema cerrado. No es un no final, sino un no de momento.
Esto duró desde el franquismo hasta bien entrada la democracia, y se hizo porque hasta el año 1987 la adopción era privada. El Estado no controlaba el origen del niño ni la voluntad de la madre, por lo que era muy fácil convertir al bebé en una mercancía
¿Logró encontrar a su madre biológica?
No, no. Hasta que no abramos los archivos eclesiales, como dice el refranero español: en casa del herrero, cuchillo de palo. Parece mentira. Yo he ayudado directamente con mi trabajo a más de 300 familias a reencontrase, indirectamente a muchísimas más. Pero yo, personalmente, no puedo, porque sé lo que hay que hacer, lo he hecho, pero si unas monjas tienen unos archivos y dicen que no los tienen, o los tienen escondidos o realmente los han destruido…pues no puedo saber quién es mi madre.
¿Hablamos de un periodo concreto del franquismo durante el que operó la trama o cree que ha habido una continuidad a lo largo del tiempo?
Yo hablaría de varias fases. Hay una fase muy clara, nada más acabar la Guerra Civil en la que el propio franquismo retira a los bebés recién nacidos de las mujeres comunistas y republicanas encarceladas. Esto es clarísimo. Ya Baltasar Garzón hablaba de unos 30.000 niños retirados de sus madres, pero bajo cobertura legal. Osea, aquí no se engañaba. Se decía: ¿quieres un bebé de una mujer que está encarcelada? Por el mero hecho de ser así, se le quita. Ya está. Esto acabó en 1952, porque España empezó una especie de apertura hacia el exterior e ingresó en las Naciones Unidas. Y en fin, estas prácticas de limpieza genocida o étnica pues no estaban bien vistas, evidentemente, y en el Estado español políticamente se acabó la retirada de niños.
Y luego empezó una fase bajo la cobertura moral reaccionaria católica de compra-venta, de negocio. Se le decía a la mujer: yo te quito el bebé porque eres una pecadora, has tenido sexo, te has quedado embarazada fuera del matrimonio o siendo menor de edad y tu hijo no va a tener futuro porque es el fruto del pecado…en fin. Esto duró desde el franquismo hasta bien entrada la democracia, y se hizo porque hasta el año 1987 la adopción era privada. El Estado no controlaba el origen del niño ni la voluntad de la madre, por lo que era muy fácil convertir al bebé en una mercancía porque había necesidad de niños para adoptar. Se firmaba un contrato privado entre el adoptante y la persona que facilitaba el niño, y se hacía la adopción. De hecho, en 1987, se modifica la Ley de Adopción y en el propio preambulo de la modificación de la ley se dice que se cambia el sistema de adopción porque el sistema privado de adopción que existía hasta ese momento fomentaba el robo de niños. Es decir, todo lo que dejamos en manos privadas se convierte en un mercadeo.
Hay unos Servicios Sociales que están integrados por funcionarios. Muchos de ellos no son psicólogos, ni abogados, son trabajadores sociales con una preparación inferior, que tienen la tremenda potestad de decidir sobre la vida de una familia
¿Considera que el actual Sistema de Protección a la Infancia en España, hablando de otra problemática como la de los menores tutelados, es una extensión de lo que representó la trama de los niños robados?
Sí, sí. Yo creo que sí, y lo digo indudablemente. Pero que nadie se asuste. Es decir, ahora mismo los encargados de los Servicios Sociales son servicios públicos prestados por las Comunidades Autónomas y hay una intervención judicial. Desde ese punto de vista parece que todo es legal y desde luego no puede hablarse de robo de niños, ¿no?, pero hay una similitud. ¿Por qué? Yo lo diferenciaría en dos aspectos. Primero, hay unos Servicios Sociales que están integrados por funcionarios -muchos de ellos no son psicólogos, ni abogados-, son exclusivamente trabajadores sociales con una preparación inferior, que tienen la tremenda potestad de decidir sobre la vida de una familia. Esto es tremendamente peligroso, porque esta potestad la tienen unos funcionarios de la Administración de las Comunidades Autónomas que no están capacitados para interpretar la Ley. Pero, sin embargo, lo hacen. Ellos deciden con total libertad y poder cuándo un niño menor no está bien con su familia biológica y directamente retiran a ese menor de su familia. Esto es equipar el poder que tenían antes los Servicios Sociales durante el franquismo. Es decir, es un poder total bajo el paraguas o la explicación del «interés superior del menor». Pero esto no puede ser en un sistema democrático. Porque en un sistema democrático quien tiene que decidir si un niño tiene que ser retirado o no, porque está en peligro, es un juez. Solamente el juez puede interpretar la Ley. Lo contrario es un sistema dictatorial, absolutamente antidemocrático.
Prefiero estar en manos de un juez especializado en menores, que conoce la Ley, que está apoyado por el equipo psicosocial de los juzgados, y que decida si se me quita a mi hijo o no, porque por lo menos hay una presunción de objetividad
¡Es terrible que en los Servicios Sociales sin la intervención de un juez puedan retirarte al niño por una decisión absolutamente subjetiva! A veces hay que hacerlo, ¡cuidado!, es evidente, pero esto es un poder sucio, anticonstitucional. De hecho, en otros países, siempre quien retira un niño de los padres es desde el minuto uno, un juez, una autoridad judicial a la que se le presupone una objetividad y una capacidad de proteger al menor. Desde ese punto de vista yo sí podría equipar aquel poder que antaño tenía el Auxilio Social, normalmente formado por monjas, con el que se tiene ahora. Ahora me dirán muchos que en España también interviene un juez. Pero es que el juez interviene en la retirada del menor, de media, ocho meses o un año después de que se ha producido la retirada. Entonces, durante ese tiempo el niño no está en su familia. Y cuando le llega el asunto al juez ya ha pasado igual un año desde esa retirada. Entonces el juez se desayuna con un asunto nuevo. Todos los informes técnicos están hechos por la propia Administración y la intervención de la Justicia es muy tarde y muy influenciada por la presunción de veracidad que tienen esos funcionarios de Servicios Sociales. Este sistema tiene que cambiar.
¿Cuál sería el modelo?
El sistema que a mi me gustaría que se implantara en España es que cuando hay un menor en riesgo, existen unos jueces especializados de menores que cuando reciben la denuncia o la sospecha son ellos los que deciden, incluso ven al menor desde el primer momento. Y es el juez, con el apoyo del fiscal, el médico forense o el psiquiatra forense, quien decide si el menor se queda en su familia con unas medidas de protección o se retira directamente. Entonces, yo prefiero estar en manos de un juez especializado en menores, que conoce la Ley, que está apoyado por el equipo psicosocial de los juzgados, que decida si se me quita a mi hijo o no, porque por menos hay una presunción de objetividad. Y así se funciona en casi todos los países de Europa.
Se están produciendo muchísimos archivos de casos, incluso en situaciones tan sangrantes como haber una exhumación y no encontrarse el cuerpo del bebé que se está buscando
¿Qué posición mantienen los tribunales en relación a los casos de niños robados y de niños tutelados?
En el caso de los niños robados están, en algunos casos, más o menos investigando, pero por desgracia no hay una investigación suficientemente profunda. Se están produciendo muchísimos archivos de casos, incluso en situaciones tan sangrantes como haber una exhumación, no encontrarse el cuerpo del bebé que se está buscando y, sin embargo, por el paso de el tiempo, por prescripción o porque no hay ninguna persona a la que acusar del delito supuestamente, pues se archiva, ¿no?. Me duele decirlo, pero hay poco interés. Es como que quieren pasar página. Por desgracia, hay muchas madres que están falleciendo y está claro que dentro de dos o tres décadas, por la muerte de los culpables y de los buscadores, pues este tema se habrá cerrado y pasará a la Historia. Da pena.
Y en el caso de los menores tutelados, los jueces, por el propio sistema, están atados de pies y manos. Imagínese un juez al que le llega un caso de un expediente, a lo mejor de 500 folios, de la retirada de un menor, y él tiene que decidir si esa retirada se ha hecho bien o no. Y sólo le llegan los informes técnicos, psicosociales, de los propios Servicios Sociales que han retirado al menor. Y encima el juez presume que lo que dice un funcionario es cierto. Y presume que los Servicios Sociales tienen la intención real de proteger al menor. Entonces un juez está atado de pies y manos, como digo, porque no conoce el caso desde el principio. Normalmente, se tienen que creer lo que dicen los Servicios Sociales. Porque también si se pide un informe a los equipos psicosociales de los juzgados, estos informes se hacen por desgracia cuando han pasado meses desde esa retirada y las circunstancias han podido cambiar. Entonces, es complicada la labor de los jueces en España porque no suelen poder profundizar con elementos suficientes para saber si una retirada ha sido justa o no. Yo estoy convencido de que más del 50% o del 60% de las retiradas que se producen, si el juez hubiera intervenido desde el principio, no se harían. Porque no olvidemos que la Ley española e internacional pone como un interés fundamental del niño permanecer en su familia biológica. No podemos hacer que, al mínimo problema que aparezca en la familia, se retire al niño como forma de prevención. No. Si hay un riesgo, ayuden a la familia a superarlo. Esa es la obligación del Estado, no retirar al niño porque sí.
Hay una infraestructura creada muy grande, de funcionarios cobrando sus sueldos, gerentes, directores generales, técnicos y hasta chóferes, y esto hay que mantenerlo. Y para ello se va a seguir acogiendo a menores
¿Se puede hablar de connivencia entre los Servicios Sociales y determinadas empresas que trabajan para la Administración?
Hay connivencia. Es decir, si quien me paga me dice que diga algo -lo digo con todos los respetos- es humano informar como quiere tu jefe o tu patrón. Es una cosa evidente. De hecho, en los propios procedimientos judiciales, aunque se presume la veracidad de cualquier perito, aunque sea privado, pero es indudable que los tribunales siempre tienen en cuenta más los informes de los peritos de los propios juzgados que son objetivos que cualquier otro informe pericial. Entonces, no es porque lo diga yo, ni esté acusando de ningún delito, pero si las fundaciones, los técnicos, los equipos psicosociales que trabajan para los Servicios Sociales sobran y viven de esos Servicios Sociales, yo creo que jamás he visto un informe pericial de los propios técnicos de Servicios Sociales en contra de lo que hecho su patrón, que es la Administración. Es injusto, pero hasta comprensible. ¿Interés económico? Yo creo en la honradez de las personas, pero está claro que en el tema de menores se mueven muchas subvenciones europeas, hay una infraestructura creada muy grande, de funcionarios cobrando sus sueldos, gerentes, directores generales, técnicos y hasta chóferes, y esto hay que mantenerlo. Y para ello se va a seguir acogiendo a menores. Y yo creo que no hay tantos menores desamparados en España para que cada comunidad autónoma y cada dirección territorial de cada provincia tenga esa cantidad de funcionarios trabajando en esta supuesta protección. Para mi se ha creado un monstruo o un lobby que hay que mantener retirando a niños.
Lo que está claro es que los informes que emite Bienestar Social están orientados a justificar la tutela y retirada del menor, sin duda alguna
¿Se falsifican informes en los Servicios Sociales con el fin de justificar la retirada de menores como aseguran muchas familias?
Cuando se informa por parte de Servicios Sociales de que un padre tiene problemas toxicológicos o que es adicto a la heroína o la cocaína, jues a lo mejor es mentira o se exagera, en algunos casos, no digo siempre. Lo que está claro es que los informes que emite Bienestar Social están orientados a justificar la tutela y retirada del menor, sin duda alguna. Falsificar es un delito del que yo, sin pruebas, no voy a acusar a nadie, pero yo, sin citar a nadie, he visto en estos informes notables exageraciones injustificadas y falsas, exageraciones al menos. Si se detecta un problema social, económico, de educación, es indudable que es muy fácil exagerarlo malintencionadamente para justificar esa tutela y esa retirada. Eso sí que estoy cansado de verlo. ¿Directamente decir que un padre es toxicómano sin serlo?, no. Pero que a lo mejor un padre ha consumido esporádicamente hachís, cocaína o cualquier sustancia y decir que es consumidor habitual o que eso conlleva un maltrato al niño, sí, sin ser cierto.
Usted es vocal del Consejo de Adopción del Ministerio. ¿Hay voluntad política para cambiar las cosas?
El cargo de vocal es obligado por Ley. Tiene que haber un representante de las asociaciones de adoptados dentro de la Junta del Ministerio. Lo aclaro porque yo puedo votar, pero generalmente no se me hace caso porque mi voto suele ir en contra de todos los demás. Lo digo porque el resto de vocales precisamente son miembros de los distintos departamentos de Servicios Sociales de cada comunidad autónoma y, desde luego, voluntad política…excepto casos muy excepcionales, no la hay. Algún político con el que nos hemos entrevistado desde APRODEME (Asociación para la Defensa del Menor), que es la asociación con la que colaboramos habitualmente, sí que ha comprendido el problema del sistema español, sí que pone interés, pero de momento no hay ninguna iniciativa. Esperamos que pronto la haya. Esto hay que cambiarlo. Creo que teniendo sistemas en el resto de Europa que funcionan mejor sería fácil y muy necesario cambiar el actual sistema que tenemos en España. Pero, desde luego, los que están en el Consejo de Adopción Internacional no quieren cambiarlo. Estaríamos quitando parte de sus funciones. Pero no se quedarían sin trabajo. Lo que hay que hacer es cambiar la forma de trabajar.
En el Parlament se han expuesto estos problemas que están surgiendo y la verdad que la respuesta de todos los partidos políticos presentes fue bastante positiva
¿Cómo mira al futuro? ¿Alguna iniciativa a la vista?
Desde APRODEME presentamos hace años un denuncia al Síndic de Greuges, a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y al Parlamento Europeo denunciando esto: el mal funcionamiento del sistema en España y las injusticias que se están cometiendo. El Parlamento Europeo nos dejó la puerta abierta a que presentásemos más casos concretos para que estudiasen el tema. Y luego estamos en contacto con políticos para intentar cambiar este sistema. Creo que se podría conseguir, sería muy bonito y estaría muy satisfecho de todo el trabajo que venimos haciendo durante tantos años.
A nivel legislativo, ¿qué tendría que ocurrir?
Que algún partido político o todos tomen la iniciativa de presentar una propuesta de ley para el cambio del actual sistema de protección que implicaría también un cambio del Código Civil y la ley de Enjuiciamiento Civil. Es muy sencillo. Ya se hizo con la violencia contra la mujer. Se crearon unos juzgados especializados en violencia contra el menor.
¿Alguno de esos partidos va más avanzado en la idea de un cambio en el Sistema de Protección a la Infancia?
En Cataluña, el presidente de APRODEME, Francisco Cárdenas, hizo una comparecencia la semana pasada ante el Parlament, expuso estos problemas que están surgiendo y la verdad que la respuesta de todos los partidos políticos presentes fue bastante positiva. Creo que a cualquier persona que se le explique la problemática actual quiere resolverla y quiere cambiarla. Pero ya sabemos que los políticos están cada cuatro años y a veces es complicado. De hecho, hay una ley de bebés robados que lleva dos años paralizada en el Parlamento.
