Si es de sabios y de sabias rectificar y no persistir en el error, parece que no podemos situar en esa categoría a Antonio Silván y Margarita Torres, dado su afán de persistir empecinadamente en el yerro, incluso a sabiendas de que mantenerlo causará un daño difícilmente reparable.
El alcalde y su teniente alcalde, ambos del PP de León, se han metido a promotores de un negocio universitario privado ligado a una organización ultracatólica, con el argumento reiterado hasta la saciedad de que se crea empleo.
Este argumento de la creación de empleo, en el que insisten Torres y Silván, es especialmente torticero y sangrante, en un contexto de crisis y paro, ya que es una falacia afirmar que con 2.500 estudiantes se crearían 100 puestos de trabajo, cuando la ratio de las universidades privadas es de menos de un puesto de trabajo por cada 100 estudiantes, por lo que, en todo caso, serían 25 los empleos creados. Nada que ver con el empleo que crea una empresa como FASA-Renault, con la que tan frecuentemente se la compara. Como tampoco se habla de los puestos de trabajo actualmente existentes en la Universidad de León (ULE) que podrían desaparecer como consecuencia de la duplicidad de titulaciones entre ambas instituciones (recordemos que los Grados de Enfermería y en Fisioterapia que, según parece, se quieren impartir desde la UCAM son titulaciones que se imparten en la ULE en la actualidad). Es decir, lo que traería es destrucción de empleo público y estable en la Universidad de León, creando unos pocos empleos precarios.
Si el señor Silván y la señora Torres tienen tanto interés en crear empleo en León, que reclamen al gobierno central, que es de su partido, la eliminación de la tasa de reposición que ha provocado la pérdida de más de 200 puestos de trabajo en la Universidad de León. Y que reclamen igualmente a la Junta de Castilla y León, que también gobierna su partido, una financiación digna para la ULE, sin la tacañería que históricamente viene aplicando a nuestra universidad a pesar de que estamos en la Comunidad Autónoma en la que nuestros estudiantes pagan las terceras tasas más caras del país.
En cuanto a traer riqueza a León, que no se equivoque la concejala, solo iría para el promotor de este negocio universitario privado, a costa de los estudiantes leoneses, a quienes sangrarían con las elevadísimas matrículas de este tipo de «universidades» privadas.
Como representantes públicos elegidos en el Ayuntamiento de León, el alcalde y su teniente alcalde, Margarita Torres, que, además, es profesora titular de la universidad leonesa, deberían velar por la gestión pública para la que fueron elegidos y el bien común de la ciudadanía. Es más, debería ser cesada de inmediato esta concejala una vez que se convierte en promotora de negocios privados que compiten deslealmente con instituciones públicas y pretende convertir en fuente de beneficios para sus accionistas un derecho como es la Educación Superior. Pero no parece que, a tenor de los hechos, los principios del bien común y la defensa de los derechos básicos sean los que estén guiando su actuación en este tema.
Es necesario recordar que la implantación de una nueva universidad privada debe responder a uno de los tres motivos que la legislación actual establece: demanda por razón de mayor población estudiantil, desarrollo de nuevas ramas por avances científicos o cobertura de nuevas necesidades profesionales. Respecto del primer punto, las proyecciones demográficas para los próximos años hacen previsible que continúe la reducción de la población potencialmente universitaria en la provincia de León y en las provincias limítrofes, fenómeno que ya se ha venido reflejando en los últimos años en un declive del número de alumnado de la ULE. En cuanto al segundo y tercer punto, la supuesta oferta de titulaciones a implantar no responde a ningún avance científico o nueva necesidad profesional puesto que se duplican unos estudios que ya existen y están totalmente consolidados en número de alumnado, formación y alto nivel de cualificación del profesorado, todo ello en un contexto en el que actualmente hay más de 400 profesionales de este sector en el paro y en una comunidad en la que en la práctica totalidad de las provincias hay facultades de Enfermería.
Por lo tanto, el motivo fundamental del negocio privado, como suele suceder en estos casos, es el ánimo de lucro y el aumento del beneficio de sus accionistas de la mano de esta profesora y teniente alcalde, que pretende traer a León más empleo precario y explotación laboral y riqueza para el negocio de este señor a costa de los estudiantes leoneses que se pudieran pagar los precios prohibitivos que tienen este tipo de titulaciones privadas, con el riesgo agravado de que en el futuro la Junta de Castilla y León reduzca la financiación de las facultades públicas con el pretexto de que existen las privadas. Es necesario más empleo, pero en la Universidad de León y en condiciones dignas y estables. Desde el año 1997, la voluntad política del bipartidismo ha sido autorizar cada año la creación de una nueva universidad privada, mientras no se creaba ningún campus público en todo el territorio del Estado.
Es impresentable, como ha denunciado buena parte de la sociedad, que teniendo León una universidad de titularidad pública, desde el gobierno municipal se facilite y se promocione el desembarco de un negocio universitario de titularidad privada y de dudoso lustre académico. No hay más que ver las denuncias de su propio profesorado por la precariedad y explotación laboral que sufren desde hace tiempo y su empeoramiento progresivo, pese a las ganancias de que se presume y el alarde de donaciones multimillonarias al Estado vaticano. Declarando que la precariedad laboral docente es una de las señas de identidad que definen a este «centro docente privado no eclesial con afán de lucro».
El profesorado afectado de esta entidad llega a afirmar que «el ultraliberalismo de esta institución, unido a la homofobia y el machismo que rezuman sus paredes, la convierten en un referente en lo relativo a prácticas opresoras» y en «una institución de enseñanza superior que cada vez ofrece un peor nivel de formación», «abocando a la institución a confirmar su ya de por sí mala fama: una universidad donde comprar el título».
¿Es esto lo que promocionan Antonio Silván y Margarita Torres? ¿Un puro negocio privado y personal que parece estar siendo investigado por la Fiscalía anticorrupción por presuntas irregularidades urbanísticas y por delito contra el Patrimonio en Murcia, y cuyas donaciones al Vaticano en las últimas dos décadas (más de treinta millones de euros) ahora también se investigan por orden del Papa Francisco? ¿Una extensión de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), que ya fue vetada en Andorra el curso pasado, a donde llegó ofreciendo una Facultad de Medicina, con estudios también en Fisioterapia y Odontología, y con la titulación de Ciencias del Deporte? ¿Una entidad acusada de venta de títulos universitarios por el Ministerio de Educación italiano ante la Comisión Europea? Denuncias recogidas por medios de comunicación nacionales e internacionales.
Ciertamente queremos que León sea un polo de desarrollo social, económico y cultural, pero no así. La Educación Superior es un derecho que debe ser garantizado a los estudiantes y no convertirla en un espacio para la obtención de beneficios privados.
* Firmado por profesores y personal de la Universidad de León: Enrique Javier Díez Gutiérrez (Educación), Julio Abad González (Económicas), Mari Paz Castro González (Enfermería), Héctor Alaiz Moretón (Ingeniería), Carmen Acedo Casado (Biológicas), José Manuel Díez Modino (Económicas), Ana Pardo Fanjul (Económicas), Luis Buendía García (Económicas), Luzdivina Vila Fidalgo (Veterinaria), Alfonso Frontaura Galán (Filosofía) y María Jesús Pisabarro Manteca (Matemáticas).
