Ha pasado un año y la sepultura sigue allí, sin que el Ayuntamiento haya hecho nada, denuncia la asociación de víctimas y Escorial Laico.
Ha pasado un año. Su certificado de defunción asegura que Luz Amparo Cuevas Arteseros, más conocida como la vidente de El Escorial, murió el 17 de agosto de 2012 a los 81 años. Dos días después era enterrada en un sarcófago al aire libre en la capilla que su familia construyó en una finca del municipio madrileño, Prado Nuevo. Un año después, el Ayuntamiento de El Escorial (PP) sigue permitiendo la sepultura ilegal de la vidente, la mujer que creó todo una legión de fieles tras asegurar que la Virgen de los Dolores se la apareció en junio de 1981 junto a un árbol de la finca donde ahora descansan sus restos.
Ilegal porque el propio Ayuntamiento envió el 6 de septiembre de 2012 un escrito a la familia informándoles de que la finca y la capilla "no es un lugar de enterramiento autorizado" y les pedía que, "de forma inmediata, procedan a regularizar esta situación". El Consistorio abría así un expediente administrativo, del que de momento sigue sin haber novedades, denuncia la Asociación de Víctimas por las Supuestas Apariciones de El Escorial y Escorial Laico, que aglutina a IU, PSOE, Acción Plural, Entorno Escorial, 15-M, Plataforma Ciudadana y Equo. 20minutos ha intentado, sin éxito, preguntar al Consistorio en qué punto está la tramitación de ese expediente.
Este diario ya informó en octubre de 2012 que la sepultura de la vidente era ilegal y que su sarcófago descansaba en uno de los lados de la capilla, lugar de peregrinación para centenares de 'virginianos' (el nombre de sus seguidores), que visitan el lugar. Los primeros sábados de cada mes, con el beneplácito de la Conferencia Episcopal, sus seguidores oyen misa, rezan y entregan ofrendas a la supuesta santa. Y cómo no, entregan donativos a la fundación creada en torno a su figura, que mueve un patrimonio de 21 millones de euros.
Denuncias contra la capilla
La capilla que se construyó para honrar a la vidente es también motivo de litigio. La asociación de víctimas denunció ante el juzgado número 3 de El Escorial la capilla por un delito contra la ordenación del territorio. La licencia de obras fue autorizada por el Ayuntamiento el 19 de junio de 2012, a pesar de que el Consistorio admitió entonces que se ha levantado sobre "suelo no urbanizable de especial protección". Por eso dio una licencia "provisional" por un año, que acaba de ser prorrogada por otro año.
"Las diligencias judiciales van muy lentas. La juez ha ordenado que un perito-arquitecto elabore un informe sobre la capilla", señala el portavoz de la asociación, Juan Carlos Bueno, que critica con dureza al Consistorio. "La licencia de primera utilización y ocupación de la capilla se concedió el 4 de enero de 2013, cinco meses después de que la vidente ya estuviera enterrada y sus fieles empezaran a visitar el lugar".
No es la única denuncia. Escorial Laico presentó el 2 de octubre de 2012 un contencioso administrativo en un juzgado de Madrid para que el Ayuntamiento de El Escorial revoque la licencia que permitió "la construcción provisional" de la capilla. El juez lo admitió a trámite. "Si revoca la licencia por ilegal, denunciaremos a la Junta de Gobierno que la autorizó por prevaricación", explica Santiago Herranz, portavoz de Escorial Laico.
El Ayuntamiento usa una ley que no existe
¿Por qué? Los abogados de Escorial Laico han detectado varias irregularidades. Una de ellas, por ejemplo, que los técnicos municipales emitieron informes a favor de la obra con leyes que no existen, al parecer porque se equivocaron de ley, al nombrar una de 1996 que es de 1992. Concretamente un artículo que fue declarado inconstitucional y nulo por sentencia del 20 de marzo de 1997.
Además, "no hay norma alguna que ampare esta licencia provisional por la naturaleza urbanística del suelo, de especial protección, grado 1", dice la demanda. Otra ilegalidad formal es que este tipo de construcciones provisionales en suelo rústico requieren la previa autorización de la Comunidad de Madrid. "El informe jurídico municipal que pretende justificar su ausencia es una supuesta comunicación verbal".
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