¿Cómo es posible que a estas alturas en un estado aconfesional se siga recurriendo a la Iglesia Católica como intermediaria en un conflicto político?
La cuestión catalana está poniendo de relieve cuán lejos seguimos estando del Estado laico. A pesar de la comedida Declaración de la Conferencia Episcopal (CEE) sobre el tema de 27 de Septbre., no son pocos los obispos que en estos días ponen el grito en el cielo, proclamando que “La patria está en peligro” y encomendando “la unidad de España a los santos Ángeles Custodios”.
Y lo que es peor lo hacen con un análisis propio del más rancio nacionalcatolicismo. Así, según el obispo de Córdoba, “la raíz de esta situación está en un deterioro de la vida moral y en un querer echar a Dios de nuestras vidas”. Y el remedio, cumplir los mandamientos. Pues “El amor a la patria brota del cuarto mandamiento de la Ley de Dios, que nos manda el respeto a los padres e incluye obligaciones con la patria y sus legítimas autoridades”.
El obispo aclara que sus deseos no pasan por pedir un estado confesional, pero sí recomienda “volver a Dios” para reconducir la situación generada en Cataluña. Porque “Dios es el único que garantiza la fraternidad, el derecho de todos, y también las peculiaridades de cada uno de los pueblos de España.”
Por su parte, el obispo de Ávila ha aprovechado la fiesta de los Ángeles Custodios para explicar, al día siguiente de las cargas policiales del 1-O en Cataluña, que los policías “están llamados a ser como ángeles que enseñan el camino del orden y la paz, de la obediencia a la autoridad y el respeto a los valores fundamentales”.
El intento de colocar a Dios en medio del conflicto catalán aparece otra vez como un retorno a la edad de Nacionalcatolicismo. ¿Cómo se puede, en pleno siglo XXI, seguir invocando a Dios para explicar y resolver asuntos estrictamente políticos? Además, el Obispo de Córdoba entra en contradicción cuando recurre a la fe religiosa (invocar a Dios) para superar un problema exclusivo de la vida política y, a continuación, dice que no reclama un estado confesional. Expresión ésta que induce a pensar en aquello de “excusatio non petita, acusatio manifesta”. Pues, de hecho está reivindicando un Estado confesional, a pesar de que la Constitución, que dice respetar, establezca que ninguna religión tendrá carácter estatal.
Bajo ese guión nacional-católico no es de extrañar que los Gobiernos, tanto el español como el catalán, hayan buscado el apoyo de la Iglesia en el conflicto con Cataluña. Mariano Rajoy mantuvo un encuentro discreto con el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro (no con el presidente de la CEE, porque la Declaración de la CEE arriba citada escoció mucho en la Moncloa), y el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, se reunió con el cardenal de Barcelona, Juan José Omella, y con el abad de Montserrat, Josep Maria Solé, con la misma intención.
Lo que nos lleva a preguntarnos de nuevo: ¿Cómo es posible que a estas alturas en un estado aconfesional se siga recurriendo a la Iglesia Católica como intermediaria en un conflicto político? ¿Asistimos a nuevas ofensivas por revestir de sagrado a la política o por politizar interesadamente la religión? En ambos casos casos, sendas contrarias a la laicidad.
Por esa vía, la Iglesia, en lugar de ser instancia crítica que cuestiona desde el evangelio a toda sociedad y defiende al más débil, se alinea con una de las partes en la lucha política y renuncia a tender puentes contra los odios y la violencia.
Comunicado de la Comisión de Laicidad de CCBM (Cristianos y cristianas de base de Madrid)
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