Foto de archivo de cuando se iba a celebrar el juicio por la «procesión del chumino rebelde» en 2013. – EUROPA PRESS – Álex Zea
La mujer que en 2013 lideró la Gran Procesión del Santo Chumino Rebelde en Málaga, cuyos fines eran reivindicar el feminismo mediante un acto indudablemente provocador y protestar contra la contrarreforma retrógrada de la ley del aborto que propuso el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha sido condenada a una multa de 10 euros diarios durante nueve meses. Aunque la Asociación de Abogados Cristianos cosecha su enésimo ridículo, dado que la acusada ha sido absuelta del delito de provocación a la discriminación, al odio y la violencia, es una mala noticia que en este país algunos juzgados antepongan los sentimientos religiosos a los derechos humanos.
Vivimos en una España que no consigue sacudirse la caspa de alguna sotanas, como la del cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, que alerta a sus feligreses del «imperio gay» y de las «ideologías feministas», dicho de otro modo, que parece alentar la desigualdad, el machismo y la homofobia.
Un país en el que en una misa retransmitida por Televisión Española (una absoluta anomalía en un Estado aconfesional) el obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig, asegura en pleno Viernes Santo que las personas gays «encuentran el infierno». Una España rancia que padece personajes como el obispo de Getafe, Joaquín María López de Andújar, que se cree con el deber de «denunciar el mal que representa para la familia y para la sociedad la ideología de género», a la que considera «el ataque más insidioso a la institución familiar».
Vemos, pues, que utilizar de manera provocativa elementos de la Iglesia católica, así como su liturgia, para defender el feminismo no resulta tan descabellado, pues son sus líderes religiosos quienes atacan y amenzan las libertades civiles más esenciales. El Juzgado de lo Penal número 10 de Sevilla así lo debió considerar y, de hecho, absolvió a las compañeras de la manifestación del Coño Insumiso, prácticamente clónica del caso de Málaga, donde se ha creado una grave inseguridad jurídica al condenar a la protagonista de la Gran Procesión del Santo Chumino Rebelde.
Uno se pregunta en qué país vivimos cuando los jueces fallan de manera contradictoria, cuando un líder espiritual puede lanzar a su parroquia pastorales contra la transexualidad, promover terapias contra la homosexualidad o denigrar la igualdad entre hombres y mujeres sin que ello acarre delito alguno y, en cambio, cuando alguien hace uso de su libertad de expresión para protestar contra estos ataques pese más el sentimiento religioso que los derechos humanos. Cuánto le resta por avanzar a esa España temerosa de dios que supera en pecados al más descarriado de los ateos y castiga más la ofensa a una fe que el daño a un ser humano.
David Bollero
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