Ya que oculta la inmensa mayoría de sus enormes ingresos y gastos, mientras recibe del estado más de once mil millones de euros anuales, a través de múltiples subvenciones y jugosas dádivas, de una importante quita del impuesto de la renta, y de suculentas exenciones fiscales, disfrutando, con ello, de un verdadero paraíso fiscal.
La financiación pública a la Iglesia católica en España llega en 2018 a los 11.600 millones de euros
Los datos actualizados sobre financiación pública a la Iglesia católica en España suponen unos ingresos para 2018 de 11.600 millones de euros, tal como se recoge en la imagen.
Se ha producido un incremento según nuevos datos disponibles y estimados en 2018:
- Profesores de religión: incremento en número y su coste medio, resultando 650 millones de euros (en lugar de 600)
- Enseñanza concertada: incremento de la cantidad global y de presencia de la Iglesia en este sector, resultando 4.750 millones de euros (en lugar de 4.400)
En consecuencia, el monto total anual de financiación pública a la Iglesia católica incrementa en 400 millones resultando en 11.600 millones de euros (en lugar de 11.199 de la pag. 5)
Introducción
La Constitución de 1978 señala que “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”, pero casi cuatro décadas después nos encontramos con que las relaciones del Estado con la Iglesia católica no sólo siguen casi con la misma orientación que durante el franquismo, sino que en el terreno económico se ha producido un incremento considerable a su favor.
El poder económico “real” de la Iglesia católica en España es prácticamente imposible de calcular dada su peculiar organización, la opacidad con la que funciona y su dependencia del Vaticano.
Se puede afirmar que esta gran corporación privada, dotada de innumerables privilegios por parte del Estado, ni ha sufrido la crisis, ni tiene restricciones económicas por parte de las instituciones públicas, es más aumenta sus ingresos gracias a la privatización de los Servicios Públicos que se está produciendo y, además, disfruta de un verdadero paraíso fiscal y cuyas cuentas y patrimonio no son transparentes.
Esta situación es ilegítima e injusta, vulnerando muy gravemente el principio de Igualdad ante la Ley que la Constitución proclama.
Todo esto ocurre con la complicidad y asentimiento de los poderes públicos, que podrían estar cometiendo presuntos delitos políticos. En la práctica podríamos decir, como señaló en su día Gonzalo Puente Ojea, en España nos encontramos ante un Estado “cripto-confesional católico”.
El Estado español aporta a la Iglesia católica, a través de subvenciones directas y exención de tributos, una cifra que supera los ONCE MIL MILLONES DE EUROS ANUALES
Declaración de la renta
Los cerca de 250 millones de euros que cada año el Estado ingresa a la Iglesia católica, detrayéndolos del Impuesta de la Renta, con los correspondientes adelantos mensuales a cuenta, van destinados a financiar el culto, el clero y el proselitismo religioso de la Conferencia Episcopal Española y de las diversas Diócesis.
Con la complicidad de los poderes públicos, la Iglesia católica es financiada con recursos de toda la ciudadanía, sea católica o no lo sea. Algo realmente inaudito.
El culto y el clero de cualquier organización religiosa y de las organizaciones a su servicio deberían ser financiadas, exclusivamente y de forma voluntaria, por las personas que son fieles de esa doctrina religiosa
Compromiso de autofinanciación
Es importante resaltar que la jerarquía católica, en la firma de los Acuerdos Económicos en enero de 1979, se comprometió a lograr, por sí misma, los recursos suficientes para la atención de sus necesidades, mediante la autofinanciación progresiva.
Han pasado casi cuatro décadas y la Iglesia Católica NO ha cumplido su compromiso y, por lo tanto, el Estado no debería de estar obligado a cumplir este Acuerdo. Por mucho que haya habido acuerdos verbales con diferentes Gobiernos.
El pacto no sólo no se ha cumplido, sino que se han ido aumentado las partidas destinadas a la financiación de la Conferencia Episcopal Española, habiéndose incluso incrementado en 2006 por el gobierno del PSOE a cambio prácticamente de nada. En ese año, lejos del compromiso de autofinanciación, se consolidaba a futuro un sistema de financiación permanente por la vía de la declaración de la renta.
Esta situación es la causa de que exijamos al Estado, que los “Acuerdos concordatarios con la Santa Sede de 1979”, al margen de otras consideraciones y cuestiones de presunta inconstitucionalidad, sean denunciados y anulados, al igual que la parte todavía vigente del Concordato de 1953.
Como han manifestado numerosos expertos, estos Acuerdos concordatarios, son contrarios a diferentes principios constitucionales, careciendo -en nuestra opinión- del valor de Tratado Internacional, que se le atribuye.
Algunos datos sobre la financiación de la iglesia católica en España
La iglesia católica no sufre la crisis y disfruta de un verdadero paraíso fiscal
El Estado español (central y periférico) aporta a la Iglesia católica, a través de subvenciones directas y exención de tributos una cifra que supera los ONCE MIL millones de euros anuales
Esa cantidad supone más del 1% del Producto Interior Bruto de España
Ello significa que cada persona residente en España, sea católica o no, le corresponde una “cuota o dádiva” indirecta a la Iglesia católica de unos 240 € al año
La Iglesia católica española es inmensamente rica, NO ha sufrido la crisis y además disfruta de un verdadero paraíso fiscal, al estar libre de pagar impuestos, como el IBI, obras, sociedades, etc. Como consecuencia de varias leyes cruzadas: Leyes de Mecenazgo y de Haciendas locales, más los Acuerdos concordatarios de 1979.
La inmensa mayoría de los bienes que están en su poder (una parte de ellos son bienes urbanos y rústicos usurpados al Estado o a vecinos, como consecuencia de la Ley Hipotecaria, desde 1946, afortunadamente ya modificada desde junio de 2015, aunque sin carácter retroactivo, es decir que lo usurpado se lo ha quedado)
*Resumen aproximado de aportaciones directas e indirectas del Estado (central y periférico) y valoración por exenciones de impuestos directos e indirectos a la Iglesia católica y sus organizaciones, asociaciones y fundaciones, contabilizados globalmente en millones de euros:
