Muchos fueron los que pusieron el grito en el cielo, queriendo ver en el asunto un problema de derechos laborales de un grupo de profesores y argumentando la contradicción entre los Acuerdos Santa Sede y Estado Español y la Constitución en lo referente al régimen laboral de esos docentes.
Y, por fin, el Tribunal Constitucional vino a poner orden (en la tierra, claro). La sentencia, dictada el pasado 15 de febrero, vuelve a remover el cinismo de unos y otros cuando establece que “si el Estado (…) acuerda con las comunidades religiosas impartir dicha enseñanza en los centros educativos, deberá hacerlo con los contenidos que las autoridades religiosas determinen y de entre las personas habilitadas por ellas”, que “son únicamente las Iglesias, y no el Estado, las que pueden determinar los requisitos de las personas capacitadas para enseñar religión”.
Paradójicamente, y sin pretenderlo, la sentencia del TC nos da la razón a tod@s las laicistas. Quienes defendemos la sinrazón de la existencia de la asignatura de religión en la escuela podemos sentirnos, aunque sea parcialmente, satisfech@s.
Y es que el TC, sin quererlo, ha venido a desenmascarar los engaños, los eufemismos, los vericuetos tras los cuales el PSOE, siguiendo la estela del PP y plegándose al poder de la iglesia católica, ha consolidado y potenciado la permanencia de la asignatura de religión en el sistema educativo.
Después de tantos años queriendo convencer de la supuesta inocencia de dicha asignatura, apelando a su utilidad por su contenido histórico cultural, reivindicándola como un instrumento de la educación en valores, escondiendo el conflicto entre su existencia en la escuela y la aconfesionalidad del estado… después de tanto sermón pacato, llega el TC y, sin buscarlo, dice una verdad trascendental para quienes reclamamos la religión fuera de la escuela: que la religión no es una asignatura como otra cualquiera, que nada de inocencias ni de ambigüedades. La enseñanza religiosa es de contenido dogmático y lo dice así:
la capacitación para impartirla “implica un conjunto de exigencias” para adquirir la necesaria idoneidad , por lo que puede pedirse que “los profesores que se destinan a la enseñanza de la religión en las escuelas, incluso en las no católicas, destaquen por su recta doctrina y por el testimonio de su vida cristiana” , es más, afirma que “la facultad reconocida a las autoridades eclesiásticas para determinar quienes sean las personas cualificadas para la enseñanza de su credo religioso constituye una garantía de libertad de las iglesias para la impartición de su doctrina sin injerencias del poder público” .
El escándalo por la capacidad que se otorga a la Iglesia para despedir no puede estar desvinculado del escándalo que debería provocar igualmente su capacidad incuestionada de seleccionar al personal (para que luego venga el Estado y pague, claro). Lo demás es puro cinismo.
Pero el cinismo puede y, de hecho, llega a ser inmenso y hasta delirante, cuando analizamos las reacciones más recientes del poder mediático, de los creadores de la opinión pública (sobre todo de los que están sentados en el mismo banquillo del talante progresista y aparentemente laico, o al menos aconfesional) de lo que hemos convenido en llamar falsimedia.
En un país donde ministros, ministras y demás altos (y no tan altos) cargos de las administraciones públicas juran o prometen su fiel desempeño ante un crucifijo.
En un país donde la llamada Semana Santa figura en el calendario oficial como fiesta nacional conmemorativa de la pasión y muerte de un señor llamado Jesús de Nazaret.
En un país donde por esas fechas (y otras que consideren oportunas) las procesiones ocupan y colapsan infinidad de ciudades y pueblos con la obligada (con solemnes excepciones correspondidamente sancionadas) presencia en lugar notorio de los representantes de los poderes públicos (y por supuesto privados y militares).
En un país donde con fondos públicos se sufragan la mayor parte de las instituciones educativas religiosas, con su ideario y su capilla y todo, y con su selección de alumnado (a veces descarada, a veces encubierta, pero siempre constatable) capaz de desechar inmigrantes molestos, disminuidos (de todo tipo) o simplemente maleducados reincidentes.
En un país donde los crucifijos campan a sus anchas por lugares públicos y, desgraciado o desgraciada de quien se atreva a cuestionarlo, (si los quita directamente nadie lo libra de su correspondiente denuncia por intolerante) pues caerá sobre su conciencia y sobre su vida un aluvión de críticas y miradas retorcidas augurando mal camino y peor destino.
En un país donde se da todo esto y muchas cosas más que nos callamos por pudor, falsimedia se escandaliza por el auto del Tribunal Constitucional y dice que tiene aroma a otra época , en la que la separación entre la Iglesia y el Estado no tenía todavía unos contornos definidos.
Lo dicho, delirante.
Si por aroma a otra época se refiere falsimedia al pasado franquista y es capaz de jugar con ambigüedades respecto a si tenían o no contornos claros la separación entre Iglesia Católica y Estado fascista-franquista, el cinismo se pasa de la raya y llega a burda mentira y a ocultación de la realidad de cruzada que tuvo el régimen hasta su final. Hasta su final o mejor dicho, hasta su transmutación en lo que en estos momentos tenemos entre manos, en un régimen que ahora sí que se podría afirmar que no tiene contornos definidos en su separación con la jerarquía católica. A falsimedia, como ocultadora de la verdad, como generadora del discurso de lo políticamente correcto, le hubiera encantado que el TC hubiera dictaminado en el sentido de que los despidos de profesores y profesoras de religión se ajusten a las leyes laborales, como si de cualquier otro profesor o profesora se tratara. Pero no, el TC hace su trabajo con coherencia.
Falsimedia sabe de sobra (como también lo saben los legisladores actuales) que la religión no se enseña sino que se adoctrina (como tiene que ser), que la enseñanza, por definición, es racional y científica y laica.
Los obispos, que también lo saben, y que son los que deciden constitucionalmente (a dedo constitucional) qué profesionales son idóneos para sus objetivos, claman a su coherencia cuando no admiten como profesores (adoctrinadores, como no puede ser menos) o profesoras a personas que no cumplan con todas sus condiciones profesionales y sobre todo morales (todavía no se ha despedido a nadie por ser mal “profesor”).
El TC, que también lo sabe, clama a la coherencia y asume que la religión no es como otra disciplina curricular (igual que los crucifijos no son mobiliario) y si por concordato constitucional los obispos deciden en el tema de la “enseñanza” de la religión, lo hacen con todas las consecuencias, incluidas las de su moral que tanto los identifica respecto a otras religiones.
Ni más ni menos.
Todo lo demás es puro cinismo, es puro humo, es admitir a la Religión Católica como asignatura de obligada oferta y darle, por lo tanto, rango educativo. Es rizar el rizo de la estupidez..
Los que tanto se escandalizan del auto del TC en falsimedia no son capaces de posicionarse (ni siquiera nombrar la posibilidad) frente a un acuerdo entre España y el Vaticano que borra claramente los contornos de la separación entre Iglesia y Estado, que borra de un plumazo la constitución y las leyes laborales, pues sus poderes y sus mandatos son de otro mundo. Los que se escandalizan tanto no son capaces de decir que lo que no es constitucional es que la Religión Católica o cualquier otra religión se esté adoctrinando, con fondos públicos en centros públicos.
Todos los protagonistas de este circo mediático, desde el gobierno a los obispos, desde el Tribunal Constitucional al grupo Prisa, seguirán componiendo y recomponiendo sus incoherencias, seguirán dramatizando sus escándalos y sus autos, para así seguir apuntalando el estado de las cosas donde tan bien les va. La separación real, con contornos bien definidos , entre la iglesia y el estado y la laicidad como modelo de relación y cohesión social, quedará para más adelante, para el futuro que debemos construir (a pesar de ellos).
