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Los grupos municipales de Junts, ERC, PSC y la CUP rechazan el procedimiento para echar de España a Mohamed Said Badaoui, a quien la Policía acusa de “predicar el salafismo” y de “injerencias” en la política española
Mohamed Said Badaoui llegó a España con diez años procedente de Marruecos. Tras 30 años, ha echado raíces en nuestro país, donde vive en Reus (Tarragona) con su mujer y sus tres hijos y se ha convertido en un interlocutor reconocido en defensa de los intereses de la comunidad musulmana y contra el racismo.
Pero Badaoui podría estar viviendo sus últimas semanas en España: a principios de agosto recibió un documento de la Policía Nacional que le comunicaba el inicio del procedimiento de expulsión de nuestro país. Badoui denuncia que su eventual expulsión es “una represalia” contra su activismo.
Entre los motivos aducidos por la brigada de extranjería de Barcelona para echarle de España se incluye un supuesto intento de Badaoui para “injerir en la política para desestabilizar al Estado español y sus instituciones” a través de la entidad que preside, la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Comunidad Musulmana (ADEDCOM).
El documento policial recoge como ejemplos de la citada estrategia de injerencia recortes de la prensa de Tarragona de los que los agentes desprenden que Badaoui “lideró una protesta para reclamar que se impusiera la clase de religión islámica en las escuelas”. El derecho de los alumnos musulmanes a recibir enseñanza de su religión está contemplado en la ley de 1992 promulgada tras el acuerdo entre el Estado y la Comisión Islámica de España. Hace un par de años la Generalitat instauró un plan piloto para desarrollar la norma.
Según expone la Policía, Badaoui “predica el salafismo más ortodoxo” y hace gala de su “radicalismo ideológico”, algo que, a juicio de los agentes, se muestra en el “aumento del radicalismo” en la provincia de Tarragona (del que no se aportan más datos) así como en una entrevista del activista en la que comentó la ampliación de la mezquita de Reus para dar cabida a más fieles. Los agentes señalan que Badaoui explicó que las obras costaron 100.000 euros pero que el activista “no acreditó el origen de los fondos”, si bien el informe tampoco aporta ninguna sentencia judicial para demostrar que dicho origen sea ilícito.
La Policía también acusa a Badaoui de pretender “neutralizar” la iniciativa para prevenir la radicalización de jóvenes musulmanes y de “liderar” una demanda para conseguir un estatuto propio del musulmán “al margen del ordenamiento jurídico español” e “imponer” el uso del hiyab en los colegios, hospitales o en fotografías del DNI.
Otros elementos de “injerencia política” que la Policía menciona son las acusaciones de Badaoui contra promotores de la etiqueta ‘halal’ por “prácticas fraudulentas” y su defensa de las tumbas y nichos para musulmanes, este último un aspecto que la Generalitat ya incluye en sus guías para cementerios públicos sobre diversidad religiosa.
Badaoui denuncia que los motivos que aduce la Policía para iniciar un procedimiento de expulsión son “políticos”, ya que sus acciones como activista no se han movido del marco establecido por el acuerdo entre el Estado y la comunidad musulmana de 1992.
El activista tampoco ve casual que le notificaran el inicio del procedimiento un 7 de agosto, con su abogado de vacaciones para plantear las alegaciones, y tampoco que llegara después de un recurso contra la denegación de la nacionalidad que solicitó al llevar más de 30 años en España y justificar su arraigo.
Rechazo de la nacionalidad por arraigo
A Badaoui le denegaron la nacionalidad por ser supuestamente una persona “radicalizada”, si bien en su recurso ante los juzgados de lo contencioso-administrativo el juez, antes de resolver, ha requerido a la Policía que aporte los fundamentos de esa consideración.
Badaoui remarca que todavía no ha recibido las alegaciones policiales solicitadas por el juez y que en cambio se ha encontrado con el inicio de su expulsión de España. “Me dicen que soy un peligro para el Estado pero todavía no sé por qué, solo dicen que soy activo en redes sociales y que tengo pretensiones de injerencia política”, lamenta el activista.
“La gente que me conoce sabe que yo trabajo para la igualdad y la multiculturalidad y para que todos tengamos los mismos derechos independientemente de nuestras creencias religiosas”, asevera Badaoui, que reclama “un procedimiento justo” y que su expulsión no se decida “desde una oficina” de la Policía.
Badaoui ha recibido el apoyo de varias entidades de Reus así como de la mayoría de partidos políticos del consistorio. En un comunicado, Junts, ERC, PSC, CUP y Ara Reus han valorado que Badaoui es una persona que siempre ha trabajado “codo con codo con las entidades y el Ayuntamiento para garantizar los derechos de los vecinos”.
Los partidos ensalzan la “importante función de cohesión social y de intercambio con la comunidad musulmana de Reus” a la que ha contribuido Badaoui. “Desde la solidaridad con él, su familia y amistades, pedimos al Ministerio del Interior que tenga en cuenta ese arraigo antes de resolver el procedimiento de expulsión”, solicitan los partidos.
Pese al apoyo político y social que ha recibido, Badoui vive la situación “con temor”. “En casa estamos preocupados y nerviosos, no sé si se presentarán para expulsarme ante mi mujer y mis hijos”.
